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Articulo realizado por Alfredo Cahuaya

“Octubre 2003”, marcó un hito histórico trascendental en Bolivia que dio paso al ahora denominado “proceso de cambio”. Este hecho histórico fue gestado por organizaciones sociales de las ciudades de El Alto y La Paz, así como por organizaciones campesinas de las provincias paceñas; fueron ellos los que desarrollaron una serie de acciones de protesta, manifestaciones, bloqueos diarios rechazando las políticas económicas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, entre las que se pretendía la venta de gas a los Estados Unidos por los puertos de Chile.

Frente a la sucesión de acciones de protesta y levantamientos populares, el gobierno nacional sacaba a las Fuerzas Armadas a las calles para reprimir la revuelta social que acabó con 64 muertos y más de 400 heridos lesionados por bala. Después de haber llevado al Estado a una crisis institucional y viéndose presionado por los movimientos sociales, el 17 de octubre del 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada dimitió y huyó a los Estados Unidos.

A casi 15 años de los luctuosos sucesos de octubre 2003, sectores populares, familiares de víctimas y autoridades de gobierno, demandaron la extradición y juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, un proceso que aún no tiene respuesta favorable del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (1).

El año 2007, familiares de víctimas de Octubre 2003, con el apoyo de un grupo de Abogados del Centro de Derechos Constitucionales, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y de un bufete de abogados de los Estados Unidos , presentan la demanda e inician la apertura de un juicio civil, caso denominado: Mamani y otros vs. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ante la Corte de Fort Lauderdale de Florida de los Estados Unidos. El caso, está enmarcada en la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura, una de las únicas leyes de ámbito extraterritorial, que autorizan la celebración de casos en los tribunales federales por delitos cometidos fuera de los Estados Unidos.

Después de un largo proceso legal, el 3 de abril de este año un tribunal ciudadano de la Corte de los Estados Unidos emite su veredicto sindicado tanto a Gonzalo Sánchez de Lozada como a Carlos Sánchez Berzaín de ser los responsables por las ejecuciones extra-judiciales de las víctimas de octubre 2003 por lo que deberán resarcir los daños ocasionados con el pago de 10 millones de dólares americanos a familiares de las víctimas.

El hecho legal acontecido para los juristas es calificado como un caso no concluido, por las posibilidades de apelación que permiten los procedimientos legales norteamericanas sobre este proceso. De todas maneras, el 4 de mayo se instala la sesión complementaria donde el juez deberá dictar sentencia, hecho legal con lo que se cierra este caso. Sin embargo desde el sentir de las víctimas, de ex – dirigentes de la FEJUVE 2003, de autoridades públicas, activistas y la población, el veredicto tuvo distintas voces calificando con conceptos como: “por fin se hizo justicia”, “la verdad ha triunfado”, “es un triunfo contra la impunidad”. Otros consideran como un hecho trascendental, histórico e inédito después de casi 15 años de aquella fatídica fecha. A estas calificaciones, el Centro de Derechos Constitucionales de Florida, considera que el caso es histórico porque por primera vez un jurado ciudadano de la Corte de los Estados Unidos halló culpables a ex mandatarios sobre un hecho de vulneración de Derechos Humanos.

Esta situación legal deja un antecedente en la historia del país para que los gobiernos y/o autoridades públicas en ejercicio de sus funciones no cometan similares delitos que van en contra de la vida y la dignidad de las personas, y, más bien asuman la responsabilidad de defender, garantizar y respetar la vida de todas y todas.

Otras opiniones como las de los ex dirigentes de la FEJUVE 2003: “la vida de cualquier persona es lo más importante y este no tiene precio, el dinero nunca reparará el trauma de muchas familias que perdieron a sus seres queridos, con la plata no se va a solucionar tanto dolor, no se repondrá la vida de las personas que fueron asesinadas… queremos que hagan llegar a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Berzaín hasta aquí para que sean juzgados”, nos comparte doña Máxima Escobar (2).

A pesar de la crisis de la administración de justicia en nuestro país, por las constantes denuncias de corrupción y manipulación de la justicia por grupos de poder económicos y políticos; situación que nos hace pensar que la justicia no es para los pobres; se mantiene la esperanza de que, posterior a este juicio civil, se reencamine la demanda penal y la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzain para que sean juzgados en Bolivia y de esta manera se logre la anhelada ¡Justicia!


Referencias:
(1) Periódico El Deber de fecha 04/03/2018.
(2) Ex Dirigente de la FEJUVE 2003.