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* Leonardo Tamburini
Investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)

Los pueblos indígenas en Bolivia reclaman su involucramiento en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda del desarrollo 2016-2030, de las Naciones Unidas, a la cual el Estado boliviano debe ajustar sus planes y programas. Los ODS son la segunda versión de lo que fueron los Objetivos del Milenio (ODM) que abarcaron los años 2000-2015.

Según el Gobierno, los ODS estarían comprendidos dentro de la Agenda Patriótica 2025, un documento que diagnostica la realidad actual de Bolivia y proyecta cómo quiere verse en aquel año a partir de 13 pilares sobre los cuales se orientarán sus acciones. Aborda temas como la erradicación de la pobreza, la socialización de los servicios básicos, promoción de la salud, educación y el deporte; lograr soberanía en temas como la ciencia, tecnología, producción, alimentación, medio ambiente y gestión pública. Esta Agenda habría sido elaborada a través de un proceso ampliamente participativo con la sociedad civil entre 2012 y 2013. Su ejecución se extendería a todos los niveles del Estado, tanto sectorial como territorial.

Sin embargo, dirigentes de pueblos indígenas ven con preocupación que no existen referencias a sus derechos reconocidos, y que los pilares poco tienen que ver con los lineamientos de desarrollo y con los grandes avances en derechos indígenas que tiene la Constitución Política del Estado, así como los instrumentos internacionales vigentes. Se tiene la percepción de que la agenda del Gobierno está dirigida a una sociedad monocultural y monoétnica, sin referencias al carácter plurinacional que tiene la sociedad boliviana.

El Estado ha comprometido la presentación a la sociedad civil de un documento que estaría en preparación, en el cual se concordarían los 13 pilares con los 17 objetivos de los ODS. Se indica que tendrán avances importantes, pero la discusión en ese escenario está cerrada en los ámbitos de los ministerios de Planificación del Desarrollo, Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se presume que este documento arrojaría un desarrollo de metas e indicadores de coincidencia entre Agenda Patriótica y ODS.

La sociedad civil está avanzando por su lado, al margen de ese proceso del cual no se tiene mucha información y en el que el Gobierno no abre por ahora la discusión pública. La Alianza de Mujeres Indígenas de Tierras Bajas y Tierras Altas desarrolló un trabajo participativo de ajuste de indicadores de los ODS. Se trata de un nivel de incidencia todavía incipiente, pero con muchas potencialidades.

La red UNITAS, que agrupa a las principales organizaciones nacionales de trabajo social, es la responsable focal de motorizar la discusión sobre los ODS. Las organizaciones creen que en el actual contexto político de enfrentamiento entre una parte de dirigentes indígenas con el Gobierno, que filtra además la participación de manera excluyente en las discusiones sobre políticas de Estado, es necesario articular alianzas en todos los niveles y sobre todo con la sociedad civil. Por otro lado, el escenario de departamentos y municipios, donde se construyen las políticas públicas, también son espacios interesantes para que los ODS sean recogidos por los planes territoriales desde la problemática indígena.

El otro documento clave a tomar en cuenta es el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. El PDES está construido metodológicamente por metas correspondientes a cada pilar de la Agenda Patriótica; plantea 68 metas y 340 resultados, aunque no cuenta con indicadores de monitoreo. Es tarea de la sociedad civil construir un sistema de seguimiento, aunque sería estratégico conocer el documento que el Gobierno está armando.

Ya sobre el contenido del PDES, las organizaciones indígenas han sido muy críticas por el carácter generalizante y por tanto negador de la realidad plurinacional del país que tiene el documento. Se observa que el plan utiliza frases ambiguas como: “vamos a fomentar la economía comunitaria”, pero a la vez habla de “aumentar la frontera agrícola”, contradiciendo los patrones ambientales y culturales propios de los indígenas. De la misma forma se sigue utilizando retóricamente la expresión “Vivir Bien”, al mismo tiempo que prioriza construir carreteras, explotar recursos naturales sin consulta o consentimiento previo y desarrollar megaobras en los territorios indígenas.

Éstas y otras reflexiones provienen del análisis realizado en el marco de la iniciativa Navegador indígena, una herramienta desarrollada con el apoyo de la Unión Europea, la OIT y aplicada por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas y el CEJIS, la cual monitorea el reconocimiento y cumplimiento de los derechos indígenas establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), y que sirve también para enriquecer las políticas públicas de los Estados para el cumplimiento de los ODS.

La intención, según las organizaciones indígenas, es proponer un cambio de la agenda al Gobierno, para recuperar la vocería en torno a temas como el desarrollo, en el marco del ajuste que debe hacer necesariamente el Gobierno de su Plan a los ODS, puesto que éstos representan un compromiso asumido con la comunidad internacional.

A pesar de lo complejo del escenario político y social para generar un debate abierto y participativo, la reflexión final es que si bien los ODS plantean que “nadie debe quedar atrás”, los pueblos indígenas tampoco, en la construcción de un Estado Plurinacional, incluyente y participativo.

Este artículo fue originalmente publicado en el suplemento Animal Político de La Razón.

Fotografia Cejis.