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Escrito por Bruno Rojas Callejas, investigador del CEDLA

La Paz, 27 de julio (UNITAS).- El problema del cáncer en el país y el drama que viven miles de bolivianos afectados por esta enfermedad del siglo XXI, tiene que ver con la profunda crisis del sistema de salud, en particular de la salud pública, y con la ausencia de una política nacional de salud integral, equitativa y universal que sea asumida como principal política de Estado. No tiene que ver con la determinación de medidas coyunturales y de emergencia; por construir establecimientos y compras de equipos; por propuestas de ley de atención de la población con cáncer o de mejora de la formación profesional de los médicos u otras similares, porque todas estas acciones son aisladas y paliativas que no son parte de un plan nacional contra el cáncer integrado a una política nacional de salud que los articule a objetivos y metas comunes que tengan como norte combatir el cáncer. Un plan que sea sostenible con el financiamiento del Estado y con la participación activa de la población a través de determinadas instancias.

Seguramente para descargo del gobierno se manifestará que éste cuenta con el Plan Nacional de Prevención y Control del Cáncer anunciado a principios del 2017, empero, hasta ahora, no se tiene noticia alguna en cuanto a su implementación, financiamiento y resultados. Un plan aislado y sólo en el papel.

Casi todos coinciden con que el cáncer es un problema de salud pública que en los últimos 8 años aproximadamente mostró un preocupante incremento de casos. No así el gobierno que, según manifestó el propio presidente Evo Morales, “si hace seis, siete u ocho años, algunos hermanos médicos o expertos en medicina nos hubieran dicho que va a crecer este problema del cáncer ya hubiéramos terminado (los centros oncológicos)” (Página Siete, 20/07/18), revelando no sólo su posible desconocimiento de la magnitud que viene cobrando el cáncer en el país, sino que su gobierno poco o nada hizo para enfrentar este mal.

Para conocimiento del primer mandatario, según el Programa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, se habrían registrado en el período 2011 – 2016 un total de 93.282 casos de cáncer correspondiendo más a la población femenina (65,4%), lo que arrojaría un promedio anual de 18.656. Con base en este promedio, 14 personas con cáncer se habrían reportado cada día. A su vez, un estudio inédito reveló que sólo en el período 1 de julio de 2016 al 31 de junio de 2017, se registraron 21.730 casos en todos los establecimientos de salud del país[1]. Un dato compartido en un foro realizado recientemente por Laboratorios Roche (20/07/18), alerta que uno de cada cinco bolivianos son candidatos potenciales para adquirir el cáncer. En consecuencia, la declaración del presidente y la inacción de su gobierno raya en la irresponsabilidad, y, sobre todo, en la vulneración flagrante del derecho a la salud de las personas con cáncer.

La crisis del sistema de salud pública y el cáncer

Resulta amplio describir el carácter de la crisis de la salud pública al que aportaron varios profesionales y especialistas para revelar un panorama que refiere un problema estructural cuyas causas tienen relación con el modelo económico vigente y con la forma de organización, gestión y financiamiento de los servicios de salud en el país que inciden en el fuerte deterioro de la calidad de estos servicios. También tiene relación con la concepción asistencialista y mercantilista predominante que traslada la responsabilidad de la prevención y del tratamiento médico al paciente, incluyendo por supuesto, el pago de los servicios de salud.

Desde la visión y drama de los pacientes con cáncer, la crisis de la salud pública revela grandes limitaciones materiales, económicas y de recursos humanos que se traducen en una precaria atención, un lento e incierto diagnóstico y en un largo proceso de tratamiento que poco incide en el control del avance del cáncer.

Estas limitaciones provocan que las personas con cáncer o aquellas en fase de diagnóstico no cuenten con la seguridad y confianza necesarias como para iniciar un tratamiento que concluya en un resultado satisfactorio. Revela la odiosa desigualdad económica que diferencia a los enfermos, puesto que mientras unos pocos pueden acudir a establecimientos de salud privados nacionales y extranjeros como los políticos de turno, empresarios, clase media adinerada y la pequeña burguesía empoderada; gran parte de la población afectada de escasos recursos está resignada a acudir a los centros públicos y recibir deficiente atención como ocurre en el Hospital de Clínicas que, además, se vio impuesto con el cierre de la Unidad de Radioterapia, un delito de salud pública que a nadie se le ocurre sancionar.

En el caso del nosocomio mencionado, la crisis golpea más a las mujeres y a sus familias que deben sacrificar gran parte de su patrimonio para el tratamiento y buscar otras alternativas, a las personas del interior que prácticamente se convierten en errantes, poniendo en serio riesgo no sólo sus recursos económicos, sino también sus predios y familias, y a los pacientes desempleados que por efecto de la enfermedad quedaron en esta situación y sufren discriminación laboral. Es impactante saber de testimonios de mujeres con tratamiento de cáncer cérvico uterino o de mama (CEDLA 2018) que se vieron obligadas a trabajar y peregrinar en el mercado informal para tener algunos recursos para solventar los gastos médicos, cuando por prescripción médica deberían estar en reposo.

Seguro de salud para las personas con cáncer

En el documento del CEDLA, todos los pacientes consultados el año pasado coincidieron en demandar la urgencia de un seguro de salud para esta población, gratuito, con carácter integral y financiado por el Estado. Una demanda absolutamente justificada por la crítica situación que viven los enfermos con cáncer, particularmente aquellos que viven en la pobreza, y que va en consonancia con la propuesta por entidades como la mencionada, por profesionales médicos y por sectores de la población de avanzar hacia la implementación de un seguro universal de salud.

Cuando se habla de un seguro de carácter integral se establece aquello que los pacientes con cáncer del Hospital de Clínicas manifiestan con claridad: un seguro de salud no sirve sino incluye el acceso a medicamentos oncológicos y a todos los servicios de exámenes médicos (laboratorio, ecografía, tomografía y otros), elementos que en la situación actual encarecen el tratamiento y provocan que los pacientes abandonen la atención médica.

Por todo lo brevemente expuesto, destaca que, la búsqueda de soluciones al problema del cáncer no va por proponer e implementar medidas aisladas y temporales, sino de encaminar esfuerzos decididos e integrales hacia la superación de la crisis del sistema de salud, y en este marco, al establecimiento de un seguro de salud para los enfermos con cáncer. Para estos grandes desafíos, se requiere de un gobierno decidido a asumir estos retos.

[1] Estos datos y otros que hablan de la dimensión que viene cobrando el cáncer figuran en el documento “Queremos vivir. Cáncer y la ausencia de políticas de salud pública” elaborado este año por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).