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*Articulo reproducido de la página web Noticias del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Escrito por el investigador Enrique Ormachea

Hace diez años, y ante el incremento de los precios de los alimentos a nivel mundial y de algunos productos alimenticios en el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales señalaba que el país se preparaba “para incentivar el cultivo del trigo”, rechazando la producción de biocombustibles.

Durante su intervención en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2008, Morales Ayma señalaba que “el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben generar políticas para frenar la producción de biocombustibles y de este modo evitar hambre y miseria para nuestros pueblos”, proponiendo “el impulso a otras alternativas para enfrentar la crisis energética como la geotérmica, la energía solar, la eólica y la hidroeléctrica” (www.aporrea.org/internacionales).

Durante su estadía en Nueva York,  debido a su asistencia al Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas en abril de 2008, fue entrevistado por Democracy Now en español, ocasión en la que señalaba que “No se puede entender en este nuevo milenio, hay presidentes o gobiernos o instituciones que más les interesa es la chatarra que la vida. Más les interesan autos de lujo que el ser humano. Es nuestro cuestionamiento: primero la tierra para la vida, y no la tierra para la chatarra. Y si bien algunos presidentes, algunos organismos internacionales quieren implementar esta clase de medidas, yo creo mucho en los movimientos sociales. Así, por ejemplo, contra el Área de Libre Comercio de las Américas ALCA, ha habido un movimiento internacional, frenamos. Igualmente ya se gestan grandes movimientos contra el biocombustible, contra el agrocombustible, y esperamos que los presidentes y algunos organismos revisen, y no tener este problema —el problema de hambre, hambre de familias y de hectáreas destinadas para carros y no para la vida” (democracynow.org).

Asimismo, en junio de 2008, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAyMA) publicaba una nota de prensa con la “Posición del Gobierno de Bolivia para la Cumbre sobre Seguridad Alimentaria” de la FAO, en la que se hacía conocer que “el gobierno de Bolivia ha definido una política de Estado de prohibir la producción de biocombustibles en el país, en tanto que las superficies demandadas para la producción de biodiesel desplazan a los cultivos destinados a la alimentación de la población nacional, creándose una competencia entre la producción de alimentos y la producción de biocombustibles”  (MDRAyMA Posición del gobierno de Bolivia para la Cumbre sobre seguridad alimentaria mundial. 2008, La Paz).

A diez años de estas declaraciones, y con el argumento  empresarial y gubernamental de que el etanol es un producto “más amigable con la naturaleza” y de que es necesario reducir la importación de combustibles, la Cámara de Diputados acaba de aprobar el proyecto de ley “que establece el marco normativo para la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos para gasolina y diésel oil con base en etanol producido en Bolivia”, que le fuera remitido por el gobierno de Evo Morales  para su tratamiento (La Razón 05/09/2018).

Para el gobierno, la denominada ley del etanol “marcará el ingreso de Bolivia a la era de los combustibles verdes”; es decir, a la era donde —como lo advertía el propio gobierno años atrás— espectaremos la competencia por el uso de la escasa tierra apta para la agricultura entre la producción de alimentos y la producción de biocombustibles.  Mientras tanto, seguramente seguiremos importando trigo en grano y harina de trigo, papa, hortalizas y frutas, tan importantes para la vida.

La Paz, septiembre de 2018.

[1] Enrique Ormachea Saavedra. Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)