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Articulo escrito por Carlos Revilla – Coordinador Programa Urbano (UNITAS – Bolivia) para el Foro Internacional de las Plataformas Nacionales de ONGs FIP.

La Paz, 13 de septiembre (UNITAS).- Durante siglos, la acción organizada de la sociedad civil, apoyada en buena medida por procesos educativos y de formación, ha ido transformando los privilegios de unos pocos en derechos para otros muchos. Sin embargo, estas conquistas plasmadas en marcos normativos, herramientas de exigibilidad y órganos de seguimiento, muestran una creciente complejidad y burocratización que en ocasiones los ha convertido en un asunto de profesionales o de expertos y por tanto en conocimientos menos accesibles al público, al ciudadano común e incluso a los servidores públicos.

Así, guardar coherencia con el lema de los objetivos de desarrollo sostenible de “no dejar a nadie atrás” involucra desafíos socio-educativos que pueden resumirse en las siguientes preguntas:

¿Cómo cerrar la brecha entre el amplio marco institucional, conceptual y normativo con respecto a la realidad concreta de aquellos cuyos derechos son vulnerados?

¿Cómo lograr que los procesos educativos no se agoten en las dimensiones cognitivas y actitudinales para orientarse a las necesidades y la acción de los grupos más excluidos?

¿Cómo lograr que las acciones educativas empoderen a los afectados por medio del uso autónomo de las herramientas y garantías necesarias para la exigibilidad de sus derechos frente a los Estados, equilibrando así la relación con profesionales y expertos?

Las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y los activistas de DDHH, en su búsqueda por promover el cambio y la justicia social, son quienes en mayor medida han buscado dar respuesta a estas preguntas desarrollando diferentes enfoques o herramientas socio-educativas. Algunos de estos, aunque útiles para la asimilación de conocimientos teóricos, no siempre consiguen generar cambios de actitudes o disposiciones para la acción. Otros, por su parte, si bien sirven para promover la acción, no siempre han logrado el empoderamiento de los actores y la apropiación de los conocimientos necesarios para actuar de manera más autónoma en procesos de exigibilidad o incidencia.

Frente a estas disparidades, el Programa Urbano de UNITAS, organización boliviana miembro del FIP, ha diseñado, aplicado y sistematizado una propuesta metodológica que combina el enfoque de Educación Popular con el Litigio Estratégico aplicado a los Derechos Humanos.

La Educación Popular (EP), cuyo principal referente es el educador y sociólogo brasileño Paulo Freire, es una corriente educativa y política que busca el cambio social y la recreación de las bases de sociabilidad (equidad, solidaridad y justicia) en una sociedad dada. La EP se basa en la premisa de que el conocimiento emerge de la experiencia de vida de cada una/o y por ello busca fortalecer, mediante el diálogo de saberes, su poder de decidir cuáles son las luchas y formas de organización más capaces de concretar nuevas reglas de vida social.

A su vez, el Litigio Estratégico o de Impacto supone la selección, presentación y acompañamiento de un caso ante los tribunales con el objetivo de alcanzar cambios mayores en la sociedad. Se trata de utilizar la ley como un medio para dejar huella, más que simplemente ganar el caso en particular. Esto implica una preocupación por el efecto del caso en otros segmentos de la población y el gobierno, además del resultado del caso para las/los interesados.

La combinación de estos enfoques en el proceso de formación – acción, se implementa por medio de una secuencia de etapas que busca generar cambios acumulativos que van desde el nivel individual hasta el nivel social.

Identificación y diagnóstico participativo de casos emblemáticos

La propuesta parte de la identificación y análisis participativo de situaciones emblemáticas y urgentes de violación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) que se reproducen con similares características en otros contextos y, por tanto, pudieran derivar en procesos de incidencia de mayor alcance. Los diagnósticos participativos permiten relevar y analizar información, así como determinar los casos a ser seguidos y establecer compromisos de cooperación con los sujetos interesados.

Formación y Fortalecimiento de Capacidades en DDHH

Los espacios de formación, por medio de actividades participativas y lúdicas diseñadas con base en los diagnósticos, permiten a los representantes de los casos, comprender y aplicar el marco normativo y herramientas de DDHH con miras a la resolución de los mismos. Los talleres intensivos y en modalidad de internado, con base en el diálogo y la convivencia, promueven el cambio de actitudes, la superación de prejuicios, la solidaridad con problemáticas distintas y la generación de motivaciones para la acción.

Diseño Solidario de Estrategias

Enseguida, las/los participantes, aplican los conocimientos adquiridos elaborando planes de acción para cada caso con el apoyo de las demás organizaciones. Esto facilita el intercambio e innovación de repertorios de acción desde organizaciones diversas y la cualificación de capacidades de exigibilidad. Los planes de acción, bajo la perspectiva de litigio estratégico, incorporan acciones de carácter jurídico, comunicacional, político y/o socio-educativo de acuerdo a las necesidades de cada caso.

Implementación de estrategias

La implementación es el componente más importante del proceso propuesto ya que condiciona el retorno a la realidad de la que se ha partido. Implica, para las organizaciones participantes, poner en práctica de forma más autónoma herramientas específicas de exigibilidad en DDHH y, de acuerdo a las circunstancias, impulsar una incidencia pública y/o política mayor.

Sistematización y evaluación participativa

Incluye la aplicación de cuestionarios, dinámicas de grupo y otras herramientas participativas que permitan evaluar cada etapa del proceso. A su vez, contribuye a teorizar la práctica y cualificar la metodología de trabajo.

A lo largo de 7 años de aplicación y cualificación, el empoderamiento de las organizaciones participantes en todo el proceso ha reportado interesantes resultados. De acuerdo a la evaluación de los cientos de participantes y otras evaluaciones externas, los espacios de formación han provisto importantes oportunidades de aprendizaje técnico, pero también, por su atención en la dimensión subjetiva y emocional de los derechos, constituyeron experiencias intensas de cambio personal y posicionamiento político. La relación dialéctica entre lo individual y colectivo, entre lo intelectual y lo emocional, entre las problemáticas particulares y la teoría, ha conllevado cambios actitudinales importantes que repercuten en la práctica de los participantes.

Asimismo, el diseño colectivo y solidario de estrategias ha ayudado a las organizaciones a renovar sus tácticas, a comprender otras problemáticas con las que no estaban directamente relacionados y a articularse en propuestas comunes.

Los procesos de exigibilidad emprendidos por las propias organizaciones han logrado resolver varios casos de violación de derechos que sin embargo, no se agotan en sí mismos. Es así como las acciones de politización y articulación también consiguieron cambios de mayor nivel tales como la elaboración participativa de propuestas de marcos normativos y la implementación de políticas públicas que se orientan al cumplimiento de los DDHH y los ODS a nivel local y nacional.

Esta experiencia ha sido sistematizada y difundida en diferentes documentos y guías metodológicas que permiten la réplica y adecuación a diferentes contextos, situaciones y temáticas. Los documentos: Derecho Humano a la Alimentación Adecuada: Guía para la Facilitación (2015) y Herramientas de Implementación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza de la Tierra. Guía para la Formación – Acción Participativa (2017) son un ejemplo de ello. Los mismos están a disposición de los socios del FIP/Forus y de todos aquellos quienes conciben a la educación como una herramienta de transformación para la justicia social.