Una TCO para los guaraníes, piden el Defensor del Pueblo, Derechos Humanos y comunidades religiosas.

La Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, la Iglesia Metodista y Ekklesía pidieron a los hacendados y ganaderos de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz respetar los derechos humanos de familias indígenas sometidas a un régimen de explotación laboral, y reconocer el derecho que tienen comunidades guaraníes a obtener un pedazo de tierra.

Los guaraníes del Chaco cruceño solicitaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la titulación de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) en la localidad de Alto Parapetí, pero los grandes propietarios de la zona paralizaron las labores de saneamiento recurriendo a la violencia.

Grupos irregulares al mando de hacendados y ganaderos allanaron las oficinas del INRA de Camiri, obligaron a los funcionarios a abandonar la ciudad y secuestraron a una comisión gubernamental encabezada por el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, el director nacional del INRA Juan Carlos Rojas y otras autoridades.

Con el apoyo de la Prefectura y del Comité Cívico de Santa Cruz, algunos hacendados de la provincia Cordillera conformaron “comités de defensa” para defender sus propiedades y anunciaron que no permitirán que las brigadas del INRA ingresen a la zona mientras el departamento no apruebe su estatuto autonómico en el referéndum del 4 de mayo.

A nombre de las cinco instituciones, el defensor del Pueblo Waldo Albarracín convocó a todas las instancias gubernamentales, ONGs y movimientos sociales de la provincia a coadyuvar en el reestablecimiento del diálogo entre las partes involucradas para solucionar la controversia de forma pacífica y consensuada.

“Expresamos nuestra preocupación por la situación de vulneración de derechos de familias guaraníes cautivas, las relaciones servidumbrales a las que son sometidas y la posible expulsión masiva de las haciendas. Por otra parte, solicitamos a las autoridades competentes que intervienen escuchar a los ganaderos de la región, respetar sus derechos y garantías constitucionales de forma transparente, equitativa e imparcial”, declaró Albarracín.

Las instituciones expresaron su preocupación y repudiaron las acciones de hecho protagonizadas por grupos de choque, que atacaron a comunidades de Alto Parapetí, amenazaron de muerte a dirigentes indígenas y cometieron actos vandálicos y racistas.

“No es posible que en pleno Siglo XXI grupos de poder del país defiendan la existencia de relaciones servidumbrales, promuevan la esclavitud, desplieguen el racismo y el odio al indígena y vulneren flagrantemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, indica un pronunciamiento de la APDHB.

La organización exhortó a las autoridades municipales, al Comité Cívico, a Consejeros Provinciales y Departamentales de la Provincia Cordillera, y a diputados y senadores de Podemos que no interfieran en el proceso de saneamiento y que no se parcialicen con los hacendados en desmedro de las “comunidades esclavas guaraníes”.

Autonomía para los latifundistas

No es la primera vez que organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales y extranjeras vinculadas a la defensa de los derechos humanos manifiestan su preocupación por la situación de miles de indígenas guaraníes que no tienen tierra. Según algunos observadores, en el Chaco perdura la servidumbre porque las dirigencias políticas del departamento lo permiten.

El movimiento ciudadano “Santa Cruz somos todos”, integrado por intelectuales y personalidades de la capital oriental, asegura que “apenas 17 familias” que tendrían conflictos legales sobre sus tierras “buscan consolidar el poder hegemónico absoluto sobre el recurso tierra, patrimonio de las presentes y futuras generaciones”, a través de una autonomía “controlada, falsa y centralista”.

Esta agrupación y otros colectivos ciudadanos críticos de Santa Cruz consideran que el estatuto autonómico promovido por la institucionalidad cruceña esconde intereses “fundamentalmente económicos” de los grupos de poder del departamento que se arrogan la representación del pueblo

El proyecto de estatuto otorga al Prefecto, Gobernador o Gobierno Departamental Autónomo, de manera exclusiva, todas las competencias (legislativas, administrativas y ejecutivas) sobre la tierra, desconoce la ley y al INRA. Según esta norma, el Prefecto, a través de un Instituto de Tierra departamental, distribuiría o enajenaría la tierra.

“El capital humano y su bienestar es la razón de todo Estado. El capital privado y la empresa con responsabilidad social, la inversión nacional y extranjera, la producción para exportación y para el mercado interno, la democratización del capital son pilares básicos del desarrollo integral y armónico de cualquier país. Pero de ahí a la pretensión de que Bolivia sea propiedad de un puñado de capitalistas, de empresarios, de productores sin responsabilidad social hay una gran diferencia”, dice un reciente manifiesto de la agrupación “Santa Cruz somos Todos”.

En criterio de estos activistas, el ciudadano ha sido manipulado y convencido de que la patronal cruceña defiende “sus” tierras, y por si fuera poco “proclama ‘soy oligarca y qué’, cuando lo real es que las grandes mayorías cruceñas están fuera del motor económico cruceño y no tienen oportunidades de una vida digna y bienestar”.

Los miembros de “Santa Cruz somos Todos” opinan que el latifundio productivo y legal es necesario para la alimentación soberana de los pueblos, para la exportación a gran escala y generación de divisas, empleo e impuestos; pero el latifundio improductivo no puede ser amparado.

Al tiempo que evitan por todos los medios la titulación de nuevas TCOs en el departamento, los grupos de poder de Santa Cruz se niegan a dialogar con el gobierno, desoyen a la Iglesia Católica, al Defensor del Pueblo y a otras instituciones que buscan espacios de encuentro y levantan muros en torno a sus intereses.