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Servidumbre y pérdida de soberanía afligen a la Chiquitanía

04 de noviembre de 2008
Fuente: ERBOL

Texto: Arturo Villanueva Imaña

En octubre pasado en la Chiquitanía, específicamente en Concepción, se llevó adelante un nuevo Festival de la Orquídea, que convocó innumerable cantidad de turistas nacionales y extranjeros y volcó la atención del país sobre esta reedición de una iniciativa digna de todo reconocimiento, puesto que recupera y promueve prácticas y experiencias de manejo de los recursos naturales en esta región cruceña.

Se trata indudablemente, junto a la música barroca, la arquitectura misional y otras experiencias culturales que se recuperan, de una cara de la medalla que no es posible dejar de resaltar y reconocer en vista de su indudable aporte al desarrollo.

En el mismo contexto, cuya geografía abarca 5 provincias del departamento de Santa Cruz, también se están produciendo hechos y situaciones de extrema gravedad, que no es posible pasar por alto ni dejar de expresarlas.

Sucede que la Gran Chiquitanía continúa siendo sometida a un sistema de sobre explotación y despojo que se expresa de diversas maneras, de acuerdo a lo que se pudo establecer en una investigación de campo realizada durante todo el mes de Julio pasado y que permitió recorrer las 5 provincias chiquitanas del departamento de Santa Cruz.

Aunque por razones de espacio el presente artículo no puede contener todo el conjunto de situaciones encontradas; sin embargo, al menos, se referirá a aquellas mas graves.

Una de las más importantes está referida a la persistencia de relaciones de servidumbre temporal por endeudamiento de la fuerza de trabajo de las comunidades indígenas chiquitanas, que a través del mecanismo del “adelanto” o pago anticipado que se acostumbra recibir de contratistas, “pirateros” y patrones, engancha a los comunarios indígenas que se ven obligados a efectuar tareas de “rumbeo” (búsqueda de árboles en el bosque), marcaje de los árboles, corte y carguío de los mismos, a precios realmente ridículos frente a los que se obtienen los dueños del capital y los contratistas en el mercado, sin ni siquiera haberse dado ninguna molestia o trabajo para percibir los ingresos y la ganancia obtenida.

Esta práctica (originada en gran medida en las enormes necesidades y la pobreza del pueblo indígena chiquitano), al margen de someter y reproducir a relaciones de trabajo servidumbrales que debieron haber sido superadas hace decenas de años, provocan una sobre explotación de los recursos forestales de la Chiquitanía, cuya magnitud solo se puede apreciar cuando se observan innumerable cantidad de camiones tronqueros que cotidianamente circulan por los caminos, así como por la sorprendente cantidad de aserraderos instalados en diversos y varios pueblos de las 5 provincias chiquitanas.

Esta situación, que entraña el sometimiento y explotación laboral y de trabajo de la población indígena chiquitana, así como de su propia dignidad, bajo relaciones servidumbrales inadmisibles; al mismo tiempo provocan una sobre explotación y pirateo de los recursos forestales, afectando de forma alarmante al ecosistema de la región.

Por otra parte y al margen de la importante riqueza forestal y de biodiversidad que todavía se concentra en la Gran Chiquitanía, también son de gran significación los recursos mineros (especialmente el hierro en el Mutún y el oro a lo largo de varias provincias), tal como se puede establecer de los mapas de concesión respectivos. La enorme riqueza aurífera existente en la región, no solo ha convocado al establecimiento y explotación de enormes emprendimientos empresariales que implican el funcionamiento de grandes campamentos, maquinaria y tecnología de última generación y capacidad, e inclusive el establecimiento de pistas y aeropuertos privados que funcionan interrumpidamente sacando el oro por kilogramos; sino también una minería más rústica pero no menos dañina que está provocando muy graves daños socio ambientales que afectan el paisaje, el bosque, las fuentes de agua, etc, dejando enormes huecos e innumerables caminos que destrozan el territorio chiquitano, sin que se haya podido percibir ningún trabajo de supervisión, control y, menos, de mitigación.

Si bien la Organización Indígena Chiquitana (OICH) que aglutina 12 centrales regionales en las 5 provincias del departamento, en el pasado ha efectuado y logrado en algunos casos poner en evidencia los efectos y daños provocados por la actividad minera en sus territorios; sin embargo, debe denunciarse y resaltarse el hecho de que dichas iniciativas no han logrado detener el impacto y la continuidad de estas actividades que al mismo tiempo de provocar enormes impactos socio ambientales, también contribuyen a la distorsión y efecto negativo sobre las actividades y el sistema económico productivo de las comunidades indígenas chiquitanas, que distraen parte de su tiempo para obtener unos pocos gramos de oro, a costa de contribuir al destrozo, deterioro y grave afectación del territorio, el medio ambiente y sus propias comunidades.

Finalmente, está muy breve descripción sobre otras actividades económicas y productivas que actualmente también se realizan en la Chiquitanía, no puede dejar de mencionar lo que sucede con las tierras.

En este campo, al margen del innegable avance en el proceso de saneamiento y la voluntad política expresa por lograr una mas equitativa distribución de tierras que revierta a dominio del Estado los latifundios improductivos; debe señalarse que en el caso de la Gran Chiquitanía parece haber olvidado la imperiosa necesidad de que ese proceso agrario no ignore y también contemple, recupere y garantice la soberanía territorial.

Sucede que al margen de la elevada concentración de tierras en manos de pocos latifundistas, la Gran Chiquitanía es también escenario de una muy febril actividad de tráfico de tierras que está favoreciendo principalmente a Menonitas de diverso origen y brasileños, que se están adueñando de grandes extensiones de tierra, afectando de esta manera la propia soberanía nacional sobre las mismas.

La gravedad del asunto es mayor, cuando al margen de la presencia y actividad de una cantidad sorprendente de personas y familias extranjeras (especialmente menonitas) que recorren y es posible encontrar a lo largo y ancho de la Chiquitanía, sabemos que se trata de conglomerados sociales completamente cerrados y excluyentes, que trabajan desboscando y explotando grandes extensiones de tierras, sin relacionarse con la sociedad circundante y sin contribuir en absoluto a la economía regional, bajo un sistema totalmente discriminatorio del país y la sociedad que los cobija.

Estos hechos que por cierto vulneran a los derechos laborales, ambientales, económicos y culturales del pueblo indígena chiquitano; también inciden de manera preocupante en la soberanía nacional, la economía regional y los recursos naturales de la Chiquitanía.

Sería muy conveniente que en forma urgente y perentoria, los organismos estatales competentes (cuyo vacío y falta de presencia en la región chiquitana provoca indefensión, falta de control y desprotección), puedan priorizar también la gestión pública, la definición de políticas y la atención de los problemas y situaciones descritas.

El proceso de transformación y la preocupante situación descrita, reclaman una urgente acción estatal que no debería relegarse en la agenda nacional.

 

 

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