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Afirman que jubilación obligada vulnera el derecho al trabajo
 
4 de diciembre de 2017
Fuente:

http://www.paginasiete.bo

 

Para el analista Alberto Bonadona la medida es inconstitucional, el CEDLA advierte que por falta de recursos, la gente trabaja de por vida, si se jubilan habrá miseria.

Afirman que jubilación obligada vulnera el derecho al trabajo Rentistas cobran su pensión en una financiera, en La Paz.

Foto:Archivo / Página Siete

ECONOMIA

sábado, 02 de diciembre de 2017 · 06:06

Lidia Mamani /La Paz

La jubilación obligatoria, como apunta el proyecto de Ley Ejercicio del Derecho a las Prestaciones de Vejez y Solidaria de Vejez para Asegurados Dependientes, vulnera el derecho al trabajo y condena a la “miseria”, coincidieron ayer el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y un experto en pensiones.

“El proyecto de ley vulnera el derecho al trabajo y a un salario adecuado en el país, porque obliga a los empleadores a concluir automáticamente el contrato laboral cuando sus dependientes cumplan 65 años o 58 años, si trabajan en el sector minero”, afirmó la investigadora del CEDLA, Silvia Escóbar.

Este medio informó el viernes que el Gobierno busca la jubilación obligatoria de 152.120 trabajadores mayores de 65 años de edad, porque supuestamente ya no cumplen de manera satisfactoria y eficiente con las tareas asignadas. La disposición está contemplada en el proyecto de ley 410.

En la actual Ley de Pensiones el derecho a la jubilación es un acto voluntario de los trabajadores y que se da cuando cumplen con los requisitos exigidos, que establece como edad mínima 58 años y hasta 55 años cuando las mujeres hubieran tenido tres hijos.

De acuerdo con el CEDLA en el país la mayoría de las personas trabaja de por vida porque no tienen otra fuente de recursos para solventarse.

En el caso de los trabajadores asalariados también extienden su vida laboral hasta edades avanzadas por las bajas rentas de jubilación que se pagan, por eso la legislación de pensiones no fija un límite máximo para jubilarse.

“Obligar a los trabajadores a jubilarse, en muchos casos, va a significar condenarlos a la miseria”, sostuvo Escóbar.

Con base a información de la Autoridad de Pensiones y Seguros, citó que a diciembre de 2015, la mitad de los jubilados del actual sistema de pensiones (48,5%) ganaba 1.800 bolivianos o menos y la situación era más crítica para los jubilados con una pensión solidaria de vejez, ya que el 55% percibía un monto menor a 1.800 bolivianos.

Según la experta, pese a la mejora de los límites solidarios, las pensiones pasaron de ser bajas a “miserables”, debido a ello trabajadores como los maestros, fabriles, entre otros, permanecen activos después de los 65 años.

Para el CEDLA la solución a la falta de empleos no pasa por quitar el trabajo a los mayores para darle a los jóvenes, por el contrario se debería usar mejor los recursos dejando atrás megaproyectos “fallidos” y así reorientar las inversiones a sectores productivos intensivos en mano de obra.

Para el analista Alberto Bonadona este tipo de medidas son “inconstitucionales”, porque al trabajador no se le puede obligar a que se jubile, de lo contrario se vulnera su derecho al trabajo.

“Se puede aducir que la motivación principal (del proyecto) es que hay una necesidad de generar empleos. Lo malo es que son cantidades mínimas frente a la oferta de mano laboral de los jóvenes”, afirmó.

La argumentación

Registro Según el Ministerio de Economía, desde la promulgación de la Ley 065 de Pensiones, la cantidad de asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP), dependientes e independientes, fue evolucionando y hasta agosto de este año se tienen 2.163.602 de trabajadores registrados. De ese total hay 152.120 asegurados mayores a 65 años de edad, de los cuales unos 15.253 trabajadores pertenecen al sector de educación y la administración pública.
Disposición La Ley de Pensiones establece que una persona que cumpla 58 años de edad, independientemente del monto acumulado en su cuenta previsional, podrá jubilarse si aportó durante un periodo mínimo de 10 años al SIP.
Punto de vista
Rodolfo eróstegui Experto laboral

Medida provocará que la gente retirada siga en busca de empleo

La actual Ley de Pensiones no contempla incentivos a la jubilación, es más hace que el trabajador alargue su estadía en su puesto de trabajo lo más que pueda. Esta situación se debe a que el paso de trabajador activo a pasivo provoca una pérdida en los ingresos superior al 50%.

Por el lado de las empresas, mantener a un trabajador de edad sin poder romper la relación laboral, provoca costos mayores debido al bono de antigüedad. Las personas que tienen más de 25 años vinculados a las empresas tienen un bono de antigüedad del 50%.

Estas dos situaciones provocarán efectos contrarios, se tendrá jubilados buscando trabajos para complementar sus rentas y empleadores aliviados en sus costos.

El mercado de trabajo es como una piscina que tiene un ducto de entrada y otro de salida del agua.

Cuando los trabajadores antiguos se quedan como población activa por las dificultades económicas que le provoca la caída de sus ingresos y no pasan a la población inactiva, se convierte en una tranca para el ingreso de un joven a una fuente de trabajo.

Se considera joven a la población comprendida entre los 15 a 24 años de edad. El desempleo en el país es del 4,5%, pero en el segmento de jóvenes el desempleo es mayor, se aproxima al 6,2%.

Los jóvenes tienen muchas dificultades para incorporarse a un puesto de trabajo, generalmente primero tienen que ser pasantes sin remuneración o con una remuneración baja. Esto significa que los jóvenes ingresan al mercado de trabajo por la vía de la precariedad.

Empresarios sugieren crear empleos sostenibles

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó ayer que les preocupa que el Gobierno continúe segmentando el tema laboral y salarial, a través de nuevas leyes, se debe generar empleo sostenible.

“Este tipo de temas complejizan aún más este ámbito, que es tan importante como sensible. Los problemas que deberíamos estar viendo son cómo crear más empleos sostenibles; cómo disminuir la enorme proporción del empleo informal y cómo equilibramos la productividad laboral con la económica, para que la calidad y eficiencia del empleo se correlacione con la remuneración”, sugirió Nostas.

Mencionó que actualmente hay más de 1.000 normas jurídicas que tienen que ver con el ámbito laboral y otras tantas referidas a la seguridad social, y que la nueva ley probablemente contradiga, se superponga o sea paralela a otras existentes.

Sin embargo, observó que los problemas laborales se sigan solucionando en reuniones bilaterales, entre los sindicatos y el Gobierno, mediante las marchas de protesta o las presiones, lo que ocasiona que las leyes resulten inaplicables o se las ignore.

“Los empresarios creemos que es urgente debatir una verdadera política laboral y salarial con participación de todos los sectores involucrados y no seguir en esta lógica de promulgar leyes sin un horizonte integral, que garantice los derechos de los trabajadores, pero también de los empleadores”, demandó.

 
 
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