Toda persona tiene derecho:
1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna.
2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.
(Artículo 46 CPE)
DESCA en la Ciudades
EMPLEO Y DERECHOS LABORALES
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MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (DUDH)
Es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Cuenta con  30 artículos de los Derechos Humanos.
Arts.: 22, 23 y 24
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (PIDCP)
Es un tratado multilateral general que reconoce los derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), del 16 de diciembre de 1966.  Entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
Arts.: 8 y 22
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC)
Es un tratado multilateral general que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), del 16 de diciembre de 1966.  Entró en vigor el 3 de enero de 1976. Se compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado.
Art. 6, 7, 8, 9
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CETFDCM) (o también conocida por CEDAW por sus siglas en inglés)
Realizado por la Comisión de la condición jurídica y social de la mujer que fue creada en 1946 por el Consejo económico y social de las Naciones Unidas. Dicha Comisión, basándose en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas de 1967, comienza a preparar la CETFDCM en 1974. La Asamblea General de las Naciones Unidas finalmente la aprobó el 18 de diciembre de 1979.
Art. 11
DECLARACIÓN SOBRE EL PROGRESO Y EL DESARROLLO EN LO SOCIAL (1969)
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 1969.
Arts.: 6 y 10
CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS
CONVENIO NRO. 29, 1930
Convenio sobre el trabajo forzoso
CONVENIO NRO. 87, 1948
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de Sindicación
CONVENIO NRO. 98, 1949
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación Colectiva
CONVENIO NRO. 100, 1951
Convenio sobre igualdad de remuneración
CONVENIO NRO. 111, 1958
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación)
CONVENIO NRO. 169, OIT 1989
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales
CONVENIO NRO. 182
Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación
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MARCO NORMATIVO NACIONAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
(07 de febrero de 2009)
Arts. 9, Núm. 5;
Arts. 46 al 55
LEY GENERAL DEL TRABAJO
(Elevado a ley el 8 de diciembre de 1942)
Determina con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo, con excepción del agrícola que es objeto de una disposición especial. Se aplica también a las explotaciones del Estado y cualquier asociación pública o privada, aunque no persiga fines de lucro, salvo las excepciones que se determinen.
(Art. 1)
 
LEY NRO. 223 LEY GENERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(02 de marzo de 2012)
Garantiza a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral. (Art. 1)
Artículo 13.
(DERECHO A EMPLEO,
TRABAJO DIGNO Y
PERMANENTE)
LEY Nº 065  “LEY DE PENSIONES”
(10 de diciembre de 2010)
Establece la administración del Sistema Integral de Pensiones, así como las prestaciones y beneficios que otorga a los bolivianos y las bolivianas, en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.
 
LEY NRO. 045 “ LEY CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN”
(08 de octubre de 2010)
 
LEY N° 3352
(21 de febrero de 2006)
Eleva a rango de Ley, el Decreto Ley N° 38 de 7 de febrero de 1944 de Fuero Sindical.
LEY N° 3274 “LEY TRABAJO ASALARIADO  DEL BENEFICIADO DE LA CASTAÑA”
(09 de diciembre de 2005)
Regula el trabajo realizado por las trabajadoras y trabajadores en el proceso de beneficiado de la castaña bajo condiciones de dependencia, en el marco de los derechos que establecen las convenciones, tratados internacionales y la legislación laboral vigente.
LEY N° 2450 “LEY DE REGULACIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO DEL HOGAR”
(09 de abril de 2003)
Regula el trabajo asalariado del hogar: derechos, afiliación y Aportes a la Caja Nacional de Salud, jornada laboral, etc.
LEY N° 975
(2 de marzo de 1988)
Sobre la inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas de la mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo.
DECRETO LEY N° 16998  “LEY GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR”
(02 de agosto de 1979)
Ttiene por objeto, garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo; lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los trabajadores y proteger a las personas y al medio ambiente en general, contra los riesgos que directa o indirectamente afectan a la salud, la seguridad y el equilibrio ecológico.
DECRETO SUPREMO N° 1212
(01 de mayo de 2012)
Por la cual se otorga una Licencia por Paternidad de tres (3) días laborales, a partir del alumbramiento de la cónyuge o conviviente del trabajador del sector privado, con el goce del cien por ciento (100%) de su total ganado. Para ser beneficiado con la Licencia por Paternidad, el trabajador deberá presentar a la empleadora o empleador el Certificado que acredite el alumbramiento, emitido por el Ente Gestor de Salud correspondiente. 
DECRETO SUPREMO N° 522
(26 de mayo de 2010)
Sobre el procedimiento para el pago obligatorio del quinquenio en el sector privado, a requerimiento de la trabajadora o el trabajador.
DECRETO SUPREMO N° 521
(26 de mayo de 2010)
Sobre  la prohibición de toda forma de evasión a la normativa laboral, sea mediante fraude, simulación o cualquier otro medio.
DECRETO SUPREMO N° 0388
(23 de diciembre de 2009)
Reglamenta la verificación, comprobación y determinación de la Existencia de Relaciones servidumbrales, trabajo forzoso y formas análogas.
DECRETO SUPREMO N° 213
(22 de julio de 2009)
Establece los mecanismos y procedimientos que garanticen el derecho de toda persona a no ser afectada por actos de discriminación de ninguna naturaleza, en todo proceso de convocatoria y/o selección de personal, tanto interno como externo.
DECRETO SUPREMO N° 110
(01 de mayo de 2009)
Garantiza el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria.
DECRETO SUPREMO Nº 012
(19 de febrero de 2009)
Sobre la inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores que trabajen en el sector público o privado.
DECRETO SUPREMO N° 29802
(19 de noviembre de 2008)
Sobre la estabilidad laboral, que deroga el artículo 55 del Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto de 1985 y el Artículo 39 del Decreto Supremo N° 22407 de 11 de enero de 1990.
DESCRIPCIÓN DEL CASO
VULNERACIÓN DE DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE ASEO URBANO DE TRINIDAD
La Empresa de aseo urbano de Trinidad EMAUT es creada en 1995. Dicha empresa trabajan 46 recolectores de basuras, 12 administrativos y 9 mecánicos.
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VULNERACIÓN DE DERECHOS LABORALES DE LOS TRABANADORES DE ASEO URBANO DE TRINIDAD

La Empresa de aseo urbano de Trinidad EMAUT es creada en 1995. Dicha empresa  trabajan 46 recolectores de basuras, 12 administrativos y 9 mecánicos.  El objetivo  de la empresa es la recolección  de la basura de la ciudad de Trinidad con el fin de aportar a la no contaminación ambiental, uno de los principios del gobierno municipal de Trinidad es mantener una ciudad limpia  alejado de enfermedades.

Contradictorio a este principio quienes hacen el trabajo fuerte de EMAUT son los 46 recolectores de basura quienes no están asegurados a la caja nacional ni aporte a AFP y no cuentan con condiciones de indumentarias de trabajo que evitan contraer enfermedades ya que tienen contacto directo con la basura.

Los trabajadores de EMAUT temen realizar denuncias a las instancias pertinentes. En muchas acciones se han realizado paro de funciones porque no querían entregar guantes que utilizan para la recolección de basura. Los contratos de estos trabajadores hasta la fecha  no existen es así que la empresa EMAUT encabezada por el acalde municipal viola los derechos laborales, económicos y sociales de quienes recorren las calles de Trinidad colaborando a evitar una ciudad con enfermedades.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
DERECHO AL TRABAJO Y AL FUERO SINDICAL DE LOS EX TRABAJADORES DE SEPCAM
Entre los años 2009 y 2010, como parte de la implementación de nuevas leyes referidas a Autonomías y Control Social en Bolivia, la organización administrativa del país cambió y las prefecturas se volvieron gobernaciones.
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TESTIMONIOS
Víctor Hugo Torres
Ex Trabajador SEPCAM, Beni

El Programa Urbano vino. Al constatar la situación, nos invitaron a su curso de formación. Fui y allí se hizo una estrategia para defender nuestros derechos de trabajadores.
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DERECHO AL TRABAJO Y AL FUERO SINDICAL DE LOS EX TRABAJADORES DE SEPCAM

Entre los años 2009 y 2010, como parte de la implementación de nuevas leyes referidas a Autonomías y Control Social en Bolivia, la organización administrativa del país cambió y las prefecturas se volvieron gobernaciones. En Beni, el Gobierno Departamental aprovechó este cambio administrativo para despedir sin aviso previo a los y las trabajadores/as de la construcción de caminos que habían fortalecido el sindicalismo dentro de la empresa y que no tenían afinidad con la orientación política de la Gobernación. En efecto, la Gobernación usó un simple decreto el 02/10, para echar a la calle a casi 400 trabajadores del entonces llamado Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM).

El argumento que utilizó la Gobernación de Beni, al mando de Ernesto Suárez, fue que dado que  ya no son Prefectura sino Gobernación, el SEPCAM debía pasar a llamarse Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) pero, al hacerlo, se ha dejado de lado la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo que garantizan la estabilidad laboral y el fuero sindical de los y las trabajadores/as  dependientes de esta institución, a quienes se ha despedido sin más argumentos.

El señor Víctor Hugo Torres, dirigente sindical del ex SEPCAM y de la Central Obrera Departamental de Beni participó en el curso FIEDESC y presentó este caso. El mismo fue seleccionado como  vehiculizador del conjunto de los casos de los y las trabajadores/as y el Programa Urbano apoyó la implementación de la estrategia elegida, misma que fue, sobretodo, administrativa y jurídica.

La Gobernación de Beni despidió a 400 trabajadores del ex - Sepcam

Como en los peores tiempos de la flexibilización laboral y la relocalización minera, el Estado continúa violando los derechos laborales de los trabajadores, esta vez se trata de aproximadamente 400 trabajadores del ex Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam) de Beni.

En este marco, organizaciones laborales tienen una propuesta para mejorar la situación actual de los derechos laborales en el país.

La Paz 8 de noviembre de 2011.- A pesar de que, a nivel nacional como internacional existe una serie de normas que resguardan los derechos laborales, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Económicos Sociales y Culturales, pasando por los 47 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptadas por el Estado boliviano, además de la Ley General del Trabajo y la propia Constitución Política del Estado; en Beni bastó un simple decreto departamental (02, del 30 de junio de 2010) para echar a la calle a aproximadamente 400 trabajadores del Servicio Prefectural de Caminos (Sepcam).

El argumento que utilizó en ese entonces la Gobernación de Beni fue que, en el marco de la Ley de Autonomías y Descentralización, el Sepcam debía cambiar de razón social y convertirse en Servicio Departamental de Caminos (Sedcam). “Pero al hacerlo se ha dejado de lado la garantía constitucional de la estabilidad laboral y el fuero sindical de los trabajadores dependientes de esta institución”, argumenta el abogado y secretario de Derechos Humanos de la Central Obrera Departamental de La Paz, José Luis Campero, quien brinda asesoramiento jurídico a este caso.

La demanda
De esos 400 trabajadores que fueron despedidos, 20 iniciaron la demanda contra el ex Sepcam; 18 de ellos recibieron indemnización, concluyendo así su relación laboral con la institución. Mientras que dos de ellos aún no han sido indemnizados ni restituidos a sus fuentes laborales.

“Pedimos la anulación del decreto 02/2010 y que el Ministerio del Trabajo le instruya al gobernador la restitución inmediata a nuestras fuentes de trabajo”, señala Víctor Hugo Torres, secretario de Actas de la Central Obrera Departamental de Beni y uno de los trabajadores despedidos del ex Sepcam, “…se ha procedido conforme a lo que establece el D.S. 0495 que modifica en parte el D.S. 28699 de 1 de mayo de 2006 (…), que señala que cuando el despido es injustificado, el Ministerio de Trabajo conminará a la reincorporación del trabajador y, si el empleador se resiste a reincorporarlo, éste podrá interponer la acción constitucional correspondiente, que en este caso es la acción de amparo constitucional”, argumenta Campero.

Fuero sindical
En el caso de Víctor Hugo Torres, además de que se han violado su derecho a la estabilidad laboral y al pago de beneficios sociales, también se ha violado su derecho al fuero sindical, un precepto constitucional de cumplimiento obligatorio, “el cual no solo garantiza la estabilidad laboral de todo trabajador que ejerce la dirigencia sindical, sino de la inamovilidad laboral y de cualquier proceso en su contra por actos inherentes a la responsabilidad”, puntualiza el abogado.

“En el caso del ex Sepcam, el gobernador ha conculcado este derecho, despidiendo a trabajadores que ejercen la dirigencia sindical, con un simple decreto departamental, que en ningún caso puede estar por encima de la Constitución Política del Estado”, añade.

Pero además de estos derechos se violaron también los derechos a la seguridad social, ya que el ex Sepcam no hizo efectivo el depósito respectivo para que los trabajadores accedan a los seguros de salud, pagos a las AFP, entre otras cosas, según denunció Torres.

La ruptura entre la norma y la práctica
Esta es solamente una muestra del divorcio que existe en nuestro país entre lo establecido en las normas laborales y la realidad, traducida en prácticas empresariales y estatales, contrarias a los derechos laborales, dando como resultado la violación sistemática de los derechos.

En este marco, según el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas existe una gran contradicción al interior del Estado (gobierno central, gobernaciones y municipios) porque:

  • Desconocer la legislación laboral vigente, se rige en el Estatuto del Funcionario Público, la Ley de Municipalidades en su régimen social, la Ley SAFCO, la Lay Marco de Autonomías.
  • Promueve y adopta la figura de servidor público como negación de una relación laboral.
  • Promueve contratos civiles y de consultoría en línea e individuales en el sector de salud y en la administración pública.
  • Desconoce los derechos laborales colectivos: sindicalización, huelga y negociación colectiva
  • Penaliza la huelga en salud y educación.

En el caso del ex Sepcam, el Estado en su nivel departamental desconoce las leyes vigentes y los compromisos asumidos al violar los derechos de aproximadamente 400 trabajadores.

Según datos del CEDLA, en nuestro país, se da una sistemática violación de los derechos laborales, entre los cuales podemos citar:

  • El derecho al trabajo es constantemente vulnerado, ya que el desempleo el 2006 era de 11.5%; el 2007 de 9.5%; el 2008 de 10.2% y para el 2009 alcanzó al 11%. Y a pesar de que esta cifra bajó el 2010 a 8.8%, entre los jóvenes de 20 a 24 años se registró un 15.8% de desempleo.
  • Otro de los derechos más vulnerados es el de la estabilidad laboral, pues solo el 40.7% de los empleos son estables, en tanto que el 59.3% son a contrato o eventuales.
  • Existe una persistencia de despidos injustificados e intempestivos, los mismos que se dan sobre todo en la administración pública: gobiernos municipales, departamentales, además en los sectores de salud e industria.
  • La estabilidad laboral está condicionada a contratos atípicos, recontrataciones, presupuestos arbitrarios y terciarización laboral.
  • Por otro lado existe una desprotección laboral, ya que solo el 36,7% de los trabajadores aporta al sistema de pensiones, mientras que el restante 63.3% no lo hace.

Una propuesta desde las organizaciones
El Programa Urbano de la Unión de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), tiene como finalidad generar acción política organizada en la población urbano-popular de las ciudades del país. Como producto de la línea de incidencia, se ha diseñado colectivamente la estrategia de exigibilidad de este caso con el apoyo de los participantes del Curso FIEDESC, realizado en el mes de junio.

Con el objetivo de elaborar una propuesta, destinada a mejorar el actual contexto de los derechos laborales, UNITAS organizó el Foro Urbano sobre Derechos Laborales en las ciudades. El evento, que se realizó en Trinidad la semana pasada, contó con la participación de representantes de la Central Obrera Bolivia (COB), de la Central Obrera Departamental de Beni, el analista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas y organizaciones laborales y sindicales de todo el país.

En este espacio de análisis y debate se construyó la siguiente propuesta, que será presentarla a las autoridades correspondientes, con la finalidad de que sirva de base para mejorar la política pública en el marco de los derechos laborales:

  1. La lucha por el cumplimiento y ejercicio de los derechos laborales es la lucha de los trabajadores por la transformación de la sociedad capitalista actual que oprime a la clase obrera en general.
  2. El proyecto de nueva ley de Trabajo y otros vinculados con los derechos de los trabajadores sea en consenso con los trabajadores.
  3. La designación de los jefes departamentales de Trabajo sea en base a personas propuestas por las organizaciones laborales.
  4. Exigir el cumplimiento de la Constitución Política del Estado con relación al derecho al trabajo, los derechos laborales y los derechos humanos en general, con control obrero. En el mismo sentido, con relación a la legislación laboral vigente.
  5. Necesidad de reactivar el aparato productivo en las diferentes regiones para posibilitar la generación de empleos y el cumplimiento de derechos.
  6. Industrialización de los recursos naturales del país a fin de generar recursos para fomentar actividades económicas sostenibles y empleos con derechos.
  7. Exigir un mayor número de inspectores de trabajo en los departamentos y regiones del país a partir de criterios que permitan compromiso y servicio al cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
  8. Con relación al derecho al trabajo, el Estado debe promover la protección y fomento de las actividades familiares y artesanales, como en el caso de los tejeros del Beni.
  9. Persistir en la lucha por un salario que permita cubrir todas las necesidades básicas de los trabajadores y beneficie a todos los trabajadores sin discriminación.
  10. Exigir la incorporación de los trabajadores (y sus familias) de las estancias ganaderas, trabajadores asalariados del campo, zafreros de la castaña, zafreros de la caña de azúcar y funcionarios públicos a la legislación laboral vigente, constituyendo sindicatos.
  11. Exigir el pleno ejercicio del derecho a la sindicalización de los trabajadores en todos los sectores y actividades económicas.
  12. Por mandato del foro, exigir dejar sin efecto las disposiciones departamentales que emanen de las gobernaciones (Beni) que vulneren derechos laborales de los trabajadores de caminos reconocidos en la Ley 3613 y que contravengan la CPE.