Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o  grupo de personas, directamente o a través de terceros,  en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.
(Definición de Acoso Político, Ley 243 de Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres Artículo 7)
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (DUDH)
Es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Cuenta con  30 artículos de los Derechos Humanos.
Arts.: 1, 2,
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (PIDCP)
Es un tratado multilateral general que reconoce los derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), del 16 de diciembre de 1966.  Entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
Arts.: 2, 3,
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (PIDESC)
Es un tratado multilateral general que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), del 16 de diciembre de 1966.  Entró en vigor el 3 de enero de 1976. Se compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado.
Art.: 2(2), 3
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER  (CETFDCM) (o también conocida por CEDAW por sus siglas en inglés)
Realizado por la Comisión de la condición jurídica y social de la mujer que fue creada en 1946 por el Consejo económico y social de las Naciones Unidas. Dicha Comisión, basándose en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas de 1967, comienza a preparar la CETFDCM en 1974. La Asamblea General de las Naciones Unidas finalmente la aprobó el 18 de diciembre de 1979.
 
DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MUJER Y EL NIÑO EN ESTADOS DE EMERGENCIA O DE CONFLICTO ARMADO  
DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
(20 de diciembre de 1993)
 
DECLARACIÓN Y PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING
(1995)
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER
(1954)
 
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓNDE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
(12 de mayo de 1981)
 
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MARCO NORMATIVO NACIONAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Arts. 4, 8,11, 14, 15, 26
Ley 996 (04 de abril de 1988)
Código de Familia
Ley 1674 (13 de diciembre de 1995)
Ley de Violencia contra la familia o doméstica
D.S.  25087 (6 de julio de 1998)
Reglamento de la Ley de Violencia contra la familia o doméstica
Ley 2033 (20 de octubre de 1999)
Ley de protección a las víctimas de Delitos contra la libertad sexual
Ley 975 (2 de mayo de 1988)
Inmovilidad funcionaria de mujeres embarazadas
Ley 2426 (21 de noviembre de 2002)
Seguro Universal Materno Infantil
Ley 3250 (5 de diciembre de 2006)
Amplia las prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil
Ley 1983 (25 de junio de 1999)
Ley de Partidos Políticos
Ley 1984 (25 de junio de 1999)
Código Electoral
Ley 2450 (3 de abril de 2003)
Ley de la trabajadora del Hogar
Ley 243 de Acoso y Violencia Política
Ley 348 Integral contra la violencia hacia las mujeres
DESCRIPCIÓN DEL CASO
Los años 2011 y 2012 han estado marcados por un alarmante incremento de situaciones de violencia contra las mujeres, entre las que destacan casos de acoso, maltrato físico y altas tasas de feminicidio especialmente en las ciudades.

El caso postulado al Programa Urbano por las Juntas Vecinales del Distrito 5 y algunas dirigentes de la FEJUVE El Alto es representativo de la manera en la que los ataques, injurias y presiones políticas contra dirigencias que piensan distinto son más viables y cobran mayor impunidad cuando las víctimas son mujeres.
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DOCUMENTOS
TESTIMONIOS
Rosa Rojas Rojas
Federación Bartolina Sisa Calamarca,
La Paz

Bueno nosotras como organizaciones lo que queremos hacer ver es que dentro de esta Ley (243) también se debe aplicar a las organizaciones, ¿Por qué? Porque las organizaciones también ya son manipuladas
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Juana Chávez
Asociación Productiva de Personas con Diferentes Discapacidades
Cobija - Pando

Fue a partir de la experiencia de Fanny Nina que de pronto las diferentes mujeres de organizaciones sociales nos dimos cuenta que cada una a su manera y a todo calibre hemos pasado por el acoso político…
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Caso acoso y violencia política hacia las mujeres

Los años 2011 y 2012 han estado marcados por un alarmante incremento de situaciones de violencia contra las mujeres, entre las que destacan casos de acoso, maltrato físico y altas tasas de feminicidio especialmente en las ciudades.

El caso postulado al Programa Urbano por las Juntas Vecinales del Distrito 5 y algunas dirigentes de la FEJUVE El Alto es representativo de la manera en la que los ataques, injurias y presiones políticas contra dirigencias que piensan distinto son más viables y cobran mayor impunidad cuando las víctimas son mujeres.

En las organizaciones sociales, las mujeres encuentran barreras de acceso y ascenso. Los prejuicios machistas, el acoso político y la estigmatización las repliegan a funciones accesorias, desplazándolas de las decisiones e incluso truncando su carrera dirigencial y su participación pública. La nueva CPE, la Ley 045 contra toda forma de discriminación y la Ley 243 contra el acoso político aún no logran aplicarse o no protegen a las mujeres en éstos ámbitos de la vida cotidiana.

El objetivo de la estrategia del caso ha sido el de restaurar la imagen de la dirigenta afectada – Fany Nina - por injurias tanto como de poner en cuestión y sensibilizar a la población sobre el problema y las limitaciones de la Ley 243 de Acoso Político, misma que pese a sus avances; sólo protege a mujeres en función político - público y no así de manera explícita a mujeres de organizaciones sociales, además obliga a las mujeres afectadas a renunciar antes de presentar una denuncia e imponen sanciones muy ligeras para los acosadores.

Para ello: se ha colaborado con la dirigente en la elaboración de su informe y posterior presentación al Congreso de su Organización y posteriormente, con la participación de mujeres de organizaciones sociales del país se ha construido y analizado una propuesta crítica de modificación o reglamentación de la ley de Acoso Político que incluye a las mujeres de organizaciones sociales e impone sanciones más efectivas para los acosadores.

PÁGINA SIETE
Violencia política hacia las dirigentes

Editorial

martes, 12 de noviembre de 2013

Más de dos años transcurrieron antes de que la concejala Magda Haase obtenga la tutela del Tribunal Constitucional para que se le restituya el derecho de retornar a funciones como concejala en el municipio de Tarvita,  Chuquisaca.

Más de dos años y el alcalde de este municipio todavía sostiene que el Concejo Municipal debe ratificar la suspensión de la concejala. Es decir: a pesar de la "protección” de la determinación de órgano jurídico, la concejala Haase aún debe esperar que el ente deliberante de su municipio acate la decisión.

Haase fue amenazada en mayo de 2011; presionada y secuestrada por más de 13 horas para que renuncie a su cargo, supuestamente a raíz de la fiscalización que realizara la concejala a la gestión del alcalde.

A partir de esa fecha acudió a varias instancias para denunciar el acoso y la violencia política de la que fue objeto.

La decisión del Tribunal Constitucional fue celebrada no solamente por la concejala (que cree que es un precedente para muchas mujeres electas que atraviesan su misma situación), sino por la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), que lleva varios años impulsando la aplicación y reglamentación de la Ley 243  Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que fue promulgada en 2009.

En el país, casi la mitad de las mujeres electas para un cargo (como concejalías) denuncian haber sido víctimas de la violencia y el acoso político y esta agresividad y abuso se extiende a espacios de dirigencia y mando que son también numerosos. Por ello, organizaciones sociales de los nueve departamentos elaboraron propuestas para avanzar en la aplicación de la Ley 243 y aportar en su reglamentación.

Entre las propuestas más importantes se encuentran la especificación del alcance de la ley dentro de su marco de protección a mujeres dirigentes de organizaciones sociales, la creación de juzgados especializados para acoso y violencia política, la creación de una fiscalía especializada sobre este tema y la determinación de procedimientos abreviados, gratuitos y en lo posible orales para la implementación de la ley.

La red Unitas -que trabaja activamente en este propósito- destaca que "pese a la existente estructura normativa nacional e internacional que protege los derechos de las mujeres, aún persisten prácticas de dominación y barreras machistas que impiden a las lideresas ejercer de manera libre y segura sus funciones como dirigentes de organizaciones sociales o representantes políticas”. La decisión del TCP debe ser aplaudida, pues constituye un referente que, esperamos, sea más frecuente.

Muchas mujeres electas para un cargo son víctimas de violencia y acoso político; un abuso que se extiende a dirigencias que son también numerosas.

FUENTE: http://www.paginasiete.bo/opinion/2013/11/12/violencia-politica-hacia-dirigentes-5775.html

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LEY 243 CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES
ORGANIZACIONES SOCIALES CONSTRUYEN PROPUESTAS A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN

Programa Urbano, 22 /09/2013

Más de treinta organizaciones sociales de todo el país intercambiaron experiencias en el marco de la tercera versión del  “Taller Nacional sobre Género, Derechos de las Mujeres y las Diversidades”. Se contó con la participación de organizaciones de mujeres indígena originario campesinas, personas con discapacidades, colectivos LGBT, mujeres con cargos electivos y otras organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres.  El evento se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba del 19 al 22 de septiembre bajo la organización del Programa Urbano,  el Programa de Género de la red UNITAS y la Fundación Machaqa Amawta.

El debate y la reflexión giró en torno a cuatro módulos: construcciones sociales de género y diversidades; derechos humanos y exigibilidad; participación política y el análisis de la Ley 243. Es en este sentido que las y los participantes analizaron la situación de las organizaciones sociales en cuanto al acoso y violencia política hacia las mujeres.

Uno de los puntos importantes que manifestaron las organizaciones, es que pese a la existente estructura normativa nacional e internacional que protege los derechos de las mujeres, aún persisten prácticas de discriminación y barreras machistas que impiden a las liderezas ejercer de manera libre y segura sus funciones como dirigentas de organizaciones sociales o representantes políticas.

“Me han obligado a que renuncie […] así he aguantando […] voy a la reunión me botan de la reunión…  tú tienes la culpa me dicen […] hasta terreno te vamos  quitar, te vamos a quemar[…] hasta mi familia lo han discriminado, mis ganados querían llevárselo… aquí vas a renunciar [por] prensa y televisión, recién te vamos a creer, luego he cumplido con eso […] (Participante mujer, Autoridad electa)

“Para mí este evento es muy importante, estoy participando de derechos humanos, más para relacionado a violencia, acoso, discriminación contra las mujeres más que todo violencia política. Tal vez no notamos, no vemos todavía en las organizaciones, parece normal; solamente vemos lo que está grabado lo que está mucho más fuerte publicado por medios, eso no más se nota pero este tipo de violación a  derechos humanos se ven con regularidad en las comunidades inclusive en las organizaciones y lo dejamos pasar porque no estamos informados de los cambios que está pasando  [y] porque también la justicia no la agiliza entonces es preferible callar. (Participante (varón) representante de una organización campesina)

¿CUÁL ES EL ALCANCE DE PROTECCIÓN DE LA LEY 243?
Las organizaciones cuestionaron la falta de claridad sobre el alcance de protección de esta normativa con referencia a las mujeres dirigentas de organizaciones sociales, ya que según el artículo 5 de esta ley su protección está dirigida a “todas las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función política pública”, sin más precisiones, lo cual no parece referir claramente a la inclusión de las  mujeres en organizaciones sociales y  podría tender  a excluirlas.

LAS BARRERAS EN EL SISTEMA JUDICIAL
Por otro lado, las organizaciones presentes en el evento manifestaron su preocupación respecto a los mecanismos y procedimientos jurídicos en los casos de acoso y violencia política en nuestro país, los mismos que están relacionados con: el difícil acceso a la justicia, la falta de protección en caso de denuncias y la retardación de justicia.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE PROPUESTAS Y COMPROMISOS
El evento cerró por un lado, con propuestas desde las organizaciones sociales para avanzar en la aplicación de la Ley y aportar en el  debate y análisis para la reglamentación y también con el diseño de una estrategia de incidencia para trabajar de manera conjunta en la defensa de los derechos de las mujeres y luchar contra la violencia y el acoso político. Para esto se conformó una comisión con 8 representantes de las diferentes regiones del país, quienes serán los responsables de llevar adelante la estrategia nacional acordado por las y los participantes.

Entre las propuestas más importantes se encuentran: La especificación de la inclusión de las mujeres dirigentas de organizaciones sociales  dentro del marco de protección de la Ley; la creación de un a fiscalía y juzgados especializados para acoso y violencia política; y la determinación de procedimientos abreviados, en lo posible orales y  gratuitos para la implementación efectiva de la Ley.

Los compromisos asumidos en la estrategia nacional están vinculados a la participación e incidencia en elaboración de la reglamentación de la Ley 243, la adecuación de los estatutos y reglamentos de las organizaciones a la ley, la socialización de esta normativa y la visibilización de los problemas y casos de violencia y acoso político entre otras.

LAS PERCEPCIONES DEL CURSO, VOCES DE LAS Y LOS PARTICIPANTES
“[…] como estamos avanzando con estos talleres creo que va ser muy importante reflexionar porque no podemos ser también cómplices porque ya sabemos ahora […] ya tenemos que informar o cambiar […]”

“Me ha parecido muy bonito y muy interesante el hecho de que nos hayamos unidos tantas organizaciones distintas como las Bartolinas Sisa y como ellas ven el ámbito de las diversidades sexuales […] Para mí es importante y como organización también es importante la incidencia no sólo política sino influir en otras personas y organizaciones sociales”. (Participante (mujer) del colectivo GLBT - Cochabamba)

“[…] me llevo a [la organización] el trabajo que se tiene que hacer con los instrumentos internacionales de derechos que nosotros como asociación no lo estamos ejerciendo todavía, pero ya con este conocimiento, con la documentación y experiencia que nos llevamos a La Paz creo que vamos a empezar a activar algunos instrumentos de derechos internacionales para ya ejercer y defender nuestros derechos políticos con mujeres concejalas de la asociación.” Participante (Varón), representante de organización de autoridades en ejercicio público)

“Hoy precisamente en este taller me hicieron dar cuenta que las mujeres con discapacidad no estamos inmersas en el tema político […]. De repente y nos cuesta mucho socializar diferentes leyes, desde […] la reglamentación a la última ley de las personas con discapacidad, no hemos sido capaces de hacer un replanteamiento bien hecho y ni siquiera hemos tocado el tema de género en esta nueva ley.[…]”(Participante  (Mujer), Representante de una organización  de personas con discapacidad)