El Encuentro Nacional de Defensores de Derechos, desarrollado el 7 y 8 de noviembre en la ciudad de La Paz, culminó con la conformación de un Comité Nacional cuyo fin será impulsar una política pública de protección para las personas y organizaciones que se abocan a la defensa de derechos en Bolivia, ante la falta de una norma nacional que plantee lineamientos y mecanismos a través de los cuales el Estado cumpla con sus obligaciones de respeto, protección y garantía de labor que realizan activistas u organizaciones que defienden, por ejemplo, los derechos del medioambiente, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las libertades fundamentales, entre otros.
Más de 130 de personas defensoras, provenientes de los nueve departamentos del país, se congregaron en este espacio que alimentó la propuesta de política pública que la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) viene construyendo de forma participativa con diferentes colectivos e instituciones, a través de talleres y encuentros sectoriales y departamentales.
Al momento de iniciar con este encuentro, la directora de UNITAS, Susana Eróstegui, explicó los principales óbices del espacio en el que ejercen su trabajo las personas y organizaciones defensoras, que atraviesan dificultades no sólo en Bolivia, sino también en otros países del mundo. No obstante, mencionó que encuentros de esta naturaleza permiten revitalizar el compromiso y asumir nuevos desafíos en la defensa de derechos.
“La política pública busca generar condiciones económicas, sociales y políticas de poder manejarnos seguros, levantando estas minas bajo el mar, visibilizando y superando este iceberg al cual los defensores y sus organizaciones tienen que enfrentarse”, mencionó Ramiro Orías, quien sistematizó todos los aportes para la construcción de esta política pública.
El encuentro se organizó por mesas de debate y análisis de las libertades fundamentales (libertad de expresión y de prensa, de asociación y de reunión), del derecho al medioambiente; de los pueblos indígenas; y de las mujeres, género y generacional. Se logró identificar, en un primer momento, un estado de situación de las y los defensores de estos derechos, para posteriormente ingresar en un segundo espacio de generación de propuestas.
Por ejemplo, la mesa de libertad de prensa identificó cómo las agresiones, censura, criminalización, precarización del trabajo y vigilancia del gobierno hacia el trabajo de la prensa deteriora esta libertad, pero principalmente la democracia y el periodismo libre e independiente.
“Nosotros defendemos derechos desde siempre. Pero ¿quién nos defiende a nosotros?”, se preguntó el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, sobre la intrínseca relación del periodismo con la defensa de derechos, pero la nula protección de periodistas frente a casos de agresión, amedrentamiento u otros.
De la misma forma, quienes analizaron la situación de las mujeres activistas y defensoras de derechos exhibieron cómo en Bolivia no se respeta su trabajo, más al contrario se criminaliza a quienes defienden los derechos de las mujeres, por ejemplo, con el proceso judicial abierto contra dos activistas a las que se acusa de echar pintura a la catedral de la ciudad de Sucre, ellas alegan que ni siquiera estuvieron presentes en el lugar. Pero a esto se suma la estigmatización, la discriminación y la falta de protección a las defensoras.
Resalta en este punto de mujeres defensoras de derechos, el caso de Marcela Quisbert, la amauta de justicia del valle de Zongo, en La Paz, quien es perseguida por su rol de defensa de los derechos de su comunidad. Denunció que el empresario de iniciales J.O.B.C. le inició al menos siete procesos judiciales por defender su territorio de la depredación minera.
Similar situación se vive en Tariquía en Tarija. Nelly Coca, defensora de esta reserva natural, denunció las irregularidades cometidas en la intervención petrolera en este sector, por ejemplo, con la falta de una consulta previa, amedrentamiento a las familias que se oponen a la exploración y explotación e impedimento del trabajo a quienes defienden este territorio.
El trabajo del encuentro permitió, además, hacer una serie de propuestas para la defensa de derechos y que van encaminadas a alimentar la propuesta de política pública que fue trabajada y construida a lo largo de este año y que recibió los aportes de defensoras y defensores de diferentes departamentos, reunidos en tres encuentros regionales realizados en octubre.
Las propuestas apuntaron a fortalecer los ámbitos de acción en los que se desarrolla la labor de defensa y promoción de derechos: incidencia política, fortalecimiento organizativo y de alianzas, institucionalidad democrática, monitoreo e información, formación y concienciación en derechos humanos.
Con relación al Comité Nacional de Defensores de Derechos, éste fue conformado por al menos una veintena de representantes de organizaciones defensoras de derechos de los nueve departamentos que tendrán la misión de impulsar la política pública y operativizar los acuerdos alcanzados en el encuentro.
Los participantes establecieron que este comité deberá llevar adelante las propuestas y acuerdos emanados del encuentro, así como, el proceso de incidencia, difusión y socialización de las conclusiones e impulsar la propuesta de política pública con autoridades nacionales, departamentales y municipales, entre otras instancias.
El Encuentro Nacional de Defensores y el trabajo relacionado con la política pública se enmarcan en el proyecto “Sumando Voces, Multiplicando Acciones”, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea en Bolivia.