A través de una Carta Pública dirigida al gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, y a los gobiernos miembros de la comunidad internacional y agencias donantes, más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado para que adopten enfoques similares y niveles de coordinación que ofrezcan una mayor prontitud, certidumbre y estabilidad posibles para explorar juntos la mejor manera de afrontar la crisis, incluyendo medidas que permitan a la sociedad civil movilizarse con y para los grupos más afectados por la pandemia del Coronavirus.
“Los gobiernos y los donantes deben actuar para asegurar la resiliencia de la sociedad civil frente a la pandemia del COVID-19 y generar una cultura de solidaridad y acción colectiva, sustentada en una intensa cooperación, confianza y reparto de la responsabilidad, y su papel, como tomadores de decisión y financiadores es fundamental para alcanzarlo”, subrayó Susana Eróstegui, Directora Ejecutiva de UNITAS, red nacional que promovió la elaboración y difusión de una carta pública firmada por 116 organizaciones de la sociedad civil boliviana.
A medida que evoluciona la respuesta nacional a la pandemia de COVID-19 en Bolivia, las organizaciones de la sociedad civil están realizando todo tipo de esfuerzos y adoptando medidas proactivas para proteger la salud, la economía familiar y la producción campesina. Las ONG nacionales e internacionales vienen desplegando acciones en favor del bienestar de poblaciones en situación de vulnerabilidad (mujeres, trabajadores por cuenta propia, población GLBT, niñez, pequeños productores, pueblos y naciones indígenas..) que están siendo impactados por el coronavirus y los efectos que las medidas de protección que éstas conllevan, como la cuarentena y otras.
Las energías institucionales se han desviado a la elaboración de planes alternativos para apoyar a la seguridad alimentaria y otras acciones de emergencia humanitaria y estos esfuerzos incluyen cambios en las estrategias de trabajo y el reordenamiento de prioridades, poniendo de relieve el valor de la vida. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales y los sectores más vulnerables sometidos a una visible precariedad económica y sanitaria, están buscando formas efectivas de respuesta para el COVID-19 en distintos municipios del país y estrategias de sobrevivencia para paliar la crisis económica.
En estos tiempos críticos, se debe facilitar recursos incrementando la relevancia y capacidad de recuperación de los actores institucionales, grupos y movimientos de la sociedad civil que ayuden a encaminar esfuerzos hacia un mundo más justo, inclusivo y sostenible. La Carta hace énfasis en la necesidad de contar con ciudadanos informados y comprometidos a enfrentar colectivamente los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, incluida la actual pandemia y propone conectar fondos de “respuesta y recuperación” directamente con grupos, instituciones y organizaciones locales y con empresas sociales; el cambio radical para la atención de salud universal, asistencia y protección social; la cancelación de las deudas nacionales para garantizar que los gobiernos dispongan de financiación suficiente para asegurar una recuperación justa; políticas fiscales más justas sobre quienes tienen más recursos en nuestra sociedad, junto con medidas que hagan frente a los flujos financieros ilícitos para pagar estas protecciones; garantizar que todas las medidas que se adopten para evitar la propagación del COVID-19 sean informadas y realizadas de manera transparente y bajo procedimientos de rendición pública de cuentas; niveles efectivos de coordinación entre el nivel de gobierno central, los gobiernos departamentales y gobiernos municipales, para garantizar el acceso de la población a servicios de salud y bioseguridad; atención particular a grupos vulnerables, sin distinción de su origen, orientación sexual o identidad de género, asegurando el acceso a apoyo, recursos y mecanismos de protección adecuados, así como a cualquier cuestión relacionada con la estigmatización, la exclusión, la violencia, el odio, y la persecución de víctimas del COVID-19; así como proteger el papel de los medios de comunicación y de la labor periodística, garantizando las condiciones propicias para su ejercicio y el acceso de la población a información de interés público, entre otras.
