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El proyecto “Dignidad Humana”, impulsado por UNITAS en alianza con el Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad (CCPcD) y con el apoyo del Canadá Fund for Local Initiatives (CFLI), busca fortalecer las capacidades de las organizaciones de personas con discapacidad para promover la inclusión y el derecho a la educación en Bolivia. Aunque la legislación reconoce sus derechos, persisten barreras que generan desigualdad y exclusión, por lo que el proyecto trabaja en identificar obstáculos y proponer acciones que garanticen entornos más accesibles e inclusivos.
Se elabora un estudio del estado de la situación de las personas con discapacidad relacionada a su acceso a la educación y la violencia de género en la ciudad de La Paz
En base a los resultados del diagnóstico se inician capacitaciones para el empoderamiento del sector y la concientización sobe derechos humanos, así como la ley 223.
Se capacitan en vocería a los miembros de las organizaciones de personas con discapacidad para dar voces al sector, de igual forma se elaboran productos comunicacionales para alcanzar al resto de la población.
La gestión se enfoca en las áreas prioritarias donde el sector es más vulnerado, Justicia, Salud, Educación y Trabajo. Buscando espacios de sensibilización con autoridades.
Se registran y sistematizan las experiencias en una Propuesta de Política Pública de educación inclusiva, socializado en los colegios
Elaborar de un estudio del estado de la situación (a manera de diagnóstico) de las personas con discapacidad relacionada a su acceso a la educación y la violencia de género en la ciudad de La Paz que se convierta en el insumo principal para la construcción de una propuesta de política pública inclusiva que proporcione oportunidades de acceso al derecho a la educación de las PcD en todo el ciclo de aprendizaje.
Plan de trabajo detallado que contemple las tareas de cada fase (preparación, y diseño, recopilación y análisis de datos de la información; métodos, técnicas, instrumentos y públicos)
Resultados del diagnóstico
Conclusiones y Recomendaciones:
En general, debido a la incipiente capacidad institucional, las líneas de acción de las organizaciones son atomizadas y con poco grado de articulación y/o coordinación entre ellas. Las intervenciones prácticamente se concentran en advocacy y en sensibilizaciones sobre los derechos de las PcD. Estas sensibilizaciones son restrictas a sus entornos. Los resultados descritos, muestran la necesidad urgente de fortalecer institucionalmente al Consejo y a las organizaciones que son miembros de este. Este trabajo de fortalecimiento es de largo plazo e incluye diseñar un plan ambicioso de:
Una herramienta clave para una Política Pública inclusiva para las personas con discapacidad (PcD) es el enfoque en el territorio, ya que es en el entorno local donde las personas viven y ejercen sus derechos. Una Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo busca garantizar igualdad de oportunidades, vida independiente, no discriminación y accesibilidad universal en las comunidades.
Para lograrlo, La Paz debe implementar programas y oficinas para gestionar la discapacidad a nivel local. El objetivo principal es promover un desarrollo inclusivo a nivel comunal mediante la cooperación técnica y la coordinación intersectorial para reforzar las políticas inclusivas municipales. En La Paz, la estrategia local de inclusión enfrenta grandes desafíos debido a la falta de coordinación entre actores públicos y la sociedad civil, así como a la ausencia del sector privado. Las entrevistas revelaron brechas significativas en el diálogo entre organizaciones y en la articulación con instancias gubernamentales, agravadas por la pandemia. A esto se suman problemas de presupuesto y personal en las instituciones públicas, lo que ha afectado gravemente su capacidad para cumplir con sus funciones.
Para implementar una política de inclusión efectiva, es imprescindible conocer a fondo las instituciones involucradas, sus objetivos, recursos y debilidades. Además, se debe fortalecer el tejido institucional, mejorar la coordinación y dotar de recursos a las instancias públicas, que hoy enfrentan serias limitaciones operativas y de personal.