A lo largo del 2018 se ha instaurado una tendencia de vulneración a las libertades de Expresión y de Asociación, así también a la Institucionalidad Democrática, de acuerdo con el “Reporte Síntesis del Monitoreo de Derechos y Libertades Fundamentales 2018”, elaborado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
Libertad de Expresión
Los casos más predominantes son los relacionados a las transgresiones a la Libertad de Expresión contra quienes investigan, critican o se oponen a la gestión gubernamental, ya sea medios de prensa, instituciones, organizaciones políticas o plataformas ciudadanas.
El reporte da cuenta de actos de censura como la clausura temporal de la radio Gran Chaco en Yacuiba, la sugerencia del presidente Evo Morales a los pobladores de los Yungas de prohibir el ingreso de opositores o el proyecto de ley propuesto por el Mandatario para sancionar la mentira.
El acceso a la información es otro punto que se ha visto afectado. La Asociación Nacional de la Prensa denunció que en los últimos 12 años, el Gobierno presentó escasa difusión de datos, lo que no “responde a las inquietudes de la sociedad civil”. Se citan los casos de los contratos para la inauguración de los Juegos Sudamericanos o el desarchivo de los documentos militares relacionados con la época de la dictadura.
También se menciona la protección de fuentes, la cual fue afectada con el requerimiento de la Fiscalía a la red ATB para que revele la fuente que entregó el audio de la jueza Patricia Pacajes, en la que reveló la inocencia del médico Jhiery Fernández en el denominado “caso Alexander”.
Libertad de Asociación
El reporte hace mención también a las “muchas limitaciones” a la Libertad de Asociación, que pasan principalmente por la burocracia. Entre los afectados se encuentran las Organizaciones de la Sociedad Civil que se rigen por la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, que atraviesan procedimientos “largos y engorrosos” para obtener los registros necesarios para operar a nivel nacional.
Además, se reporta también las transgresiones a la protección a grupos vulnerables, tal es el caso de la gasificación policial a los cocaleros de los Yungas que exigían la recuperación de su sede de manos del Comité Ad Hoc, que tomó las oficinas de la Asociación de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) en marzo de 2018. También está el conflicto estudiantil por un mayor presupuesto protagonizado por la Universidad Pública de El Alto, que terminó con la muerte del estudiante Jonathan Quispe Vila por el disparo de un oficial policial.
En materia de grupos vulnerables, el drama de los enfermos con cáncer y la falta de protección a los pueblos indígenas son una muestra de que “no se cumplen los estándares de protección y las garantías de derecho”. También se identifica las limitaciones para concretar espacios de diálogo inclusivos con el Gobierno Nacional y la falta de una ley específica de acceso a la información.
Institucionalidad democrática
Cuando se habla de institucionalidad democrática, se hace referencia al respeto, promoción y protección de derechos humanos desde el Estado, a partir de una estructura bien definida que impida la injerencia de terceros, las prácticas de corrupción, la interferencia de intereses ajenos y la evasión de la estructura normativa.
Dos casos específicos se mencionan en el reporte. El primero tiene que ver con el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Se observa que permita la titulación en reservas naturales. Y el segundo hace mención al Tribunal Supremo Electoral y su decisión de realizar elecciones primarias de manera repentina y, al mismo tiempo, habilitar para los comicios generales al binomio del MAS: Evo Morales – Álvaro García Linera.
A continuación puede leer y descargar el “Reporte Síntesis del Monitoreo de Derechos y Libertades Fundamentales 2018”
Informe-sintesis-final-2018
Por Rodolfo Huallpa / Fotografía: conjur.com