UNITAS
El pasado 7 de octubre, en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desarrollado en Ginebra, Suiza, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y el Programa de Equidad de Género y el Programa NINA la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) presentaron el informe de las organizaciones de los pueblos indígena originario campesinos de tierras altas y de tierras bajas sobre el estado de situación del cumplimiento de los derechos del Estado boliviano para el Examen Periódico Universal (EPU).
Los Programas de UNITAS y el CEJIS desarrollaron este año con organizaciones indígena originario campesinos de las tierras altas y bajas del país dos encuentros regionales y uno nacional para conocer el estado de situación de los derechos individuales y colectivos de este sector, con el fin de elaborar un informe sombra desde la sociedad civil que detalle las vulneraciones a éstos, además de las necesidades y exigencias para su cumplimiento.
El informe detalla 44 puntos relacionados a la realidad y problemas que atraviesan los pueblos indígena originario campesinos por las actuales políticas públicas del Gobierno nacional en diferentes ámbitos, englobados en los siguientes temas: la pobreza; el medioambiente; la consulta y el consentimiento libre, previo e informado; la educación; la salud; el racismo y la discriminación; la jurisdicción indígena originaria campesina; el acceso a la justicia; derechos de las mujeres indígenas; participación política en los Órganos públicos; libre determinación y autonomía indígena originario campesina; derecho a la alimentación; aislamiento voluntario; e indígenas en las ciudades.
En lo que refiere la consulta previa, libre e informada, el texto observa la derogación del DS 29033 y la aprobación del DS 2298, en 2015, por el cual se reduce el proceso de consulta a un mero trámite administrativo en el sector de hidrocarburos.
“Esta norma es la responsable de los conflictos socioambientales en la zona guaraní y en la Amazonía, como en los casos de Takovo Mora, Tacana II y Tariquía (…). En los varios conflictos socioambientales registrados hasta ahora, los estándares internacionales de la consulta previa no están siendo cumplidos, todo lo contrario, en estos procesos se viola el principio de la buena fe, desacreditando o persiguiendo judicialmente a las dirigencias de la comunidad que se oponen a dichos proyectos”, se lee en el informe.
Sobre medioambiente, por ejemplo, el informe hace notar que el programa “Mi Agua”, que es implementado por el Gobierno central, es para beneficio de “quienes muestran adhesión al partido de gobierno”, además que no provee agua en calidad ni cantidad suficientes.
En materia de salud se informa que las comunidades alejadas no cuentan con postas ni hospitales, aspecto que eleva el costo de transporte a centros urbanos para la atención médica de los indígenas. El tema se agrava si en el territorio hay actividad minera.
Con referencia al sistema judicial, el texto describe que el Estado continúa “desconociendo la jurisdicción indígena procesando a personas indígenas que hacen uso de su derecho propio o que debieran ser procesadas a través de sus propias autoridades”. Se cuestiona la falta de protocolos y coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena.
Con relación a la libre determinación y autonomía, los indígenas de tierras bajas y altas objetan que persistan “trabas en la gestión pública”, dado que estas autonomías indígenas no cuentan con recursos suficientes para el ejercicio de sus competencias.
El Coordinador Nacional del Programa NINA de UNITAS, Walter Limache, enfatizó que este informe “plantea la vulneración de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia”, y será parte, junto a otros informes de otras instituciones de la sociedad civil, en el EPU que el Estado boliviano rendirá ante la Comisión de DDHH de las Naciones Unidas este año.
Los programas NINA y Equidad para el Desarrollo de UNITAS, más el CEJIS, fueron los encargados de desarrollar este informe. El investigador Leonardo Tamburini del CEJIS fue quien presentó el informe el pasado 7 de octubre ante la Comisión de DDHH de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Cada cuatro años, el Estado boliviano debe rendir el EPU ante esta comisión, a través de tres informes: un informe nacional donde el propio Estado explica la situación de los derechos humanos en su territorio, un segundo informe de las instancias de derechos humanos de la ONU, como especialistas independientes, y un tercer informe alternativo (o varios) presentados por organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales de derechos humanos. El último informe del Estado boliviano se desarrolló en 2014.
La Comisión de Derechos Humanos de las ONU entregará al Estado boliviano un informe oficial sobre el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Estado puede aceptar todas o algunas de las recomendaciones, o rechazarlas o bien hacer comentarios. También puede adquirir compromisos voluntarios.
Concluido el diálogo, en el EPU se elabora un resumen de las conclusiones y recomendaciones derivadas de las intervenciones de los Estados, que da origen a un informe que deberá ser adoptado en la siguiente sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.