7 y 8 de noviembre de 2019
El Estatuto de Roma de 1998 tipifica las distintas modalidades de los crímenes de lesa humanidad. En su artículo 8, inciso h), indica que cualquier persecución contra un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, en conexión con cualquier acto como ser actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física será considerada como un crimen de lesa humanidad.
El discurso del presidente Morales, que incita a sus seguidores a salir a las calles a hacer respetar el voto, armados de palos, piedras, e incluso dinamita y armas de fuego, ha sido un llamado a la persecución de los activistas contrarios al presidente. En un principio, estos exigían la transparencia de los comicios nacionales del pasado 20 de octubre, puesto que, debido a las irregularidades del proceso de conteo de votos, se desconfiaba del resultado en el que se declaraba a Morales como ganador en primera vuelta. Era totalmente lógico que, con el pasar de los días, la falta de credibilidad de la OEA y las declaraciones de las distintas autoridades públicas oficialistas, la demanda de los activistas movilizados se oriente hacia la anulación de las elecciones.
El llamado de Morales, que fue seguido por una convocatoria a cercar las ciudades y otras declaraciones de autoridades públicas, que advertían con la muerte de los jóvenes activistas, que incitaron a las movilizaciones agresivas de mineros, que indicaron que Bolivia se podía convertir en un Vietnam moderno, que pronosticaban el conteo de heridos y muertos por docenas, promovieron aún más la situación de enfrentamiento, que impulsaba la persecución de grupos por su pertenencia política, ya sean oficialistas o de oposición.
Hoy se lamenta la muerte de 3 personas, y más de dos centenares de heridos. Hoy se lamenta la desunión de nuestro país, hoy se lamenta que las heridas de división, racismo, discriminación y odio se hayan vuelto a abrir. Hoy se lamenta que el pueblo boliviano haya tenido que elegir entre dos bandos a causa de un gobierno que ha emitido discurso agresivo que incita a la violencia, y que olvida sus obligaciones como actor legítimo para administrar el poder político, para conciliar, y para mantener la paz. Los mensajes del presidente llamando a la paz en los últimos días son insuficientes, carecen de efectividad. Es imperante que el mandatario boliviano realice las acciones inmediatas para pacificar al país, iniciando por escuchar el clamor de su pueblo, y no solo de una porción de éste.
El alto mando del órgano ejecutivo boliviano es responsable por la situación que estamos viviendo, y, como se menciona arriba, ha promovido, al menos, la tentativa de un crimen de lesa humanidad.
Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos
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