La Defensoría del Pueblo y la Coalición Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre los Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia compartieron este miércoles sus informes alternativos y recomendaciones sobre la situación de las libertades fundamentales y los derechos humanos, como antesala al próximo 21 de enero, cuando el Estado boliviano se presente a este examen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Con la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, resaltó el trabajo de todas las organizaciones que defienden derechos y convocó a hacer seguimiento a las recomendaciones que emitan los países.
“Después del examen nosotros estamos destinados a promover un espacio de coordinación interinstitucional para lograr esta implementación. Esto es vital. Para ello vamos a hacer un proceso de priorización que nos permitirá ver cuáles son las recomendaciones más importantes, la interdependencia, temporalidad, dimensión y alcance de las recomendaciones y la estrategia. Este es un trabajo que nosotros debemos hacer de manera conjunta. No se acaba el 21 de enero”, declaró.
Cada cuatro años y medio, los Estados deben rendir un examen sobre el cumplimiento y las medidas implementadas para respetar los derechos humanos ante este Consejo de la ONU, para ser evaluado por otros Estados. Bolivia se ha presentado en tres ocasiones (2009, 2014 y 2019). En ésta última, recibió 238 recomendaciones de 87 países que serán sometidos a revisión este 21 de enero.
En el acto en la Defensoría, UNITAS presentó su informe alternativo sobre la situación de las libertades fundamentales (libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión pacífica y libertad de asociación), acceso a la información y el derecho a defender derechos. Sobre éste último, la coordinadora del Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos, Claudia Terán, señaló que personas y organizaciones que defienden derechos están en un estado de indefensión.
“En Bolivia no se asesina a personas defensoras de derechos, pero se las procesa y criminaliza, y esa es la forma en la que se acalla su voz”, declaró Terán. Los casos de violación a los derechos de las personas y organizaciones defensoras se han incrementado de 18 registros en 2021 a 93 en 2024, según datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
Además de UNITAS, en el acto estuvieron como parte de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil para el EPU Bolivia: Fundación Internet Bolivia, Fundación Construir, Coalición Ciudadana Contra la Tortura, Red boliviana de Mujeres Transformando la Economía, Red de Juventudes Feministas, CEDIB, Colectivo TLGB/Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil, ONG Igual, ADESPROC Libertad, Movimiento Trans Feminista Bolivia, Hombres Trans, Comunidad de Derechos Humanos y Católicas por el Derecho a Decidir.
Luego de cumplido el EPU para Bolivia, las organizaciones de la sociedad civil estarán vigilantes al cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado.