5 de agosto de 2025
A seis meses del asesinato del dirigente indígena Francisco Marupa, organizaciones de derechos humanos alertan que la investigación continúa plagada de irregularidades y vacíos que ponen en duda la búsqueda de justicia. El caso, ocurrido en febrero en el territorio del pueblo Leco, involucra a un joven tsimane que permanece detenido pese a inconsistencias en el proceso, entre ellas errores en su identificación, falta de intérprete y presuntas irregularidades en su aprehensión. Según denuncias, el imputado fue detenido de manera violenta, sin comprender las acusaciones en su contra y sin que se haya acreditado su responsabilidad en el hecho.
Diversas organizaciones, entre ellas la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos (CONTIOCAP), advierten que el proceso vulnera derechos fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia, y que podría tratarse de un caso de criminalización contra un defensor indígena. También alertan que el asesinato de Marupa se da en un contexto de creciente violencia contra líderes comunitarios que defienden sus territorios frente a intereses extractivos. Exigen una investigación independiente, con enfoque intercultural y garantías plenas, para esclarecer los hechos y evitar que la impunidad profundice la vulnerabilidad de los pueblos indígenas.
