30 de abril de 2025
El informe anual del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS reveló que durante 2024 se registraron 915 vulneraciones a las libertades fundamentales en Bolivia, un incremento del 19% respecto al año anterior. La categoría más afectada fue la institucionalidad democrática, con 525 casos, destacando la vulneración a la presunción de inocencia, el acoso político y hechos de corrupción. Según el reporte, estas prácticas evidencian un patrón sistemático de debilitamiento del Estado de derecho y del respeto a las garantías básicas.
El documento alerta que autoridades públicas incurrieron reiteradamente en la exposición mediática de personas sin sentencia, la persecución política de autoridades electas —especialmente mujeres— y actos de corrupción en distintos niveles del Estado. Frente a este escenario, el informe recomienda reforzar la independencia judicial, frenar el uso político del sistema penal y establecer mecanismos efectivos para proteger los derechos fundamentales, advirtiendo que la continuidad de estas prácticas profundiza la crisis institucional y erosiona la democracia en el país.