12 de agosto, 2025
A seis meses de la muerte del dirigente indígena Francisco Marupa, organizaciones de derechos humanos y familiares del joven tsimane Julio Lero denunciaron graves irregularidades en la investigación del caso. Lero, único imputado, permanece con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, pese a que —según testimonios y la defensa— fue detenido bajo amenazas, sin intérprete y sin pruebas que lo vinculen directamente con el crimen. Sus familiares aseguran que fue capturado por civiles armados, acusado sin fundamentos y posteriormente entregado a la Policía, en un contexto de violencia y presión que habría vulnerado su derecho a un debido proceso.
De acuerdo con la defensa y organizaciones acompañantes, el joven no comprende plenamente el español y enfrenta un proceso judicial plagado de irregularidades, como errores en su identificación, cambios reiterados de fiscales y falta de avances sustantivos en la investigación. Asimismo, se denuncia que la detención se produjo sin considerar su condición indígena ni aplicar estándares de protección diferenciada. Para las organizaciones de derechos humanos, el caso refleja graves fallas del sistema de justicia y un riesgo de criminalización contra defensores y comunidades indígenas, por lo que exigen una investigación imparcial, garantías procesales y el respeto pleno a los derechos fundamentales del acusado.
