56 defensores de derechos participaron en Cochabamba del Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que terminó con una propuesta de ley de Fortalecimiento y Protección destinada a resguardar su labor ante situaciones que vulneran o ponen en riesgo su integridad. Los defensores de ocho departamentos del país, antes de este encuentro, participaron en reuniones en sus regiones para recolectar las necesidades y compartirlas en esta reunión nacional.
El encuentro permitió, además, elaborar una declaración conjunta que expresa la “profunda preocupación por el deterioro de las condiciones” en las que personas y organizaciones defensoras ejercen su labor, razón por la que se hace relevante contar con este proyecto de ley.
De acuerdo con los datos del Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS, existe un incremento sostenido en las vulneraciones a defensores y defensoras, categoría que en 2022 registró 59 casos, mientras que en 2024 aumentó a 93. En este año, de enero a agosto, el registro llega a 32 vulneraciones. Los casos más relevantes tienen que ver con criminalización, agresiones físicas o psicológicas, y estigmatización.
“Alertamos sobre los riesgos que viven las mujeres defensoras, desde agresiones basadas en género e intentos de deslegitimar su liderazgo, hasta estigmatización pública y presiones familiares, comunitarias e institucionales, exigimos medidas específicas que reconozcan estas realidades desde un enfoque interseccional”, señala la declaración conjunta.
De la misma forma, piden que ante la reestructuración gubernamental no haya retrocesos en la protección de derechos humanos, especialmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y que se cumplan con los compromisos ya establecidos.
También demandan un sistema de justicia “independiente, accesible y transparente” que investigue y sancione los casos “sin discriminación ni intereses políticos”, además observan con “preocupación” que el Estado no cuente con un marco normativo especializado “que permita prevenir riesgos, responder de manera oportuna a amenazas, investigar agresiones y sancionar a los responsables” lo cual impacta directamente en la seguridad de los defensores.
“Recordamos que Bolivia ha asumido compromisos internacionales vinculantes para garantizar nuestra protección. En el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal, varios Estados recomendaron la creación de un mecanismo especializado de protección, recomendaciones aceptadas por el Estado”, indica la declaración.
Es así que respaldan esta propuesta de ley e instan a que sea analizada con carácter prioritario en las instancias legislativas y reiteran que el Decreto Supremo 5478 que fue aprobado por el gobierno de Luis Arce el pasado 23 de octubre fue realizado “sin consulta, sin independencia y sin los recursos necesarios”, por lo que “no constituye un mecanismo efectivo de protección” e instan a su abrogación y a la construcción “de un instrumento verdaderamente sólido y participativo”.
El proyecto de ley
Los defensores y defensoras en dos jornadas arduas de trabajo validaron la propuesta de Ley de Fortalecimiento de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, los participantes escucharon, analizaron, realizaron cambios y aprobaron este proyecto.
Esta propuesta normativa establece los derechos y garantías de los defensores, la protección del ejercicio pleno de las libertades fundamentales, el acceso a la información, medidas de protección, la no criminalización, las obligaciones del Estado, la protección reforzada para mujeres defensoras, la activación de un mecanismo nacional de protección, entre otros.
Además, a tiempo de construir una ruta conjunta de incidencia, se comprometieron a socializar esta propuesta con la sociedad y otros activistas para que conozcan su contenido y esperan que los legisladores reciban su proyecto y que haya un trabajo conjunto.
“Este Encuentro Nacional concluye con la convicción de que la aprobación de una ley no solo responde a obligaciones internacionales y recomendaciones reiteradas, sino también a la urgente necesidad de salvaguardar la vida, la integridad y la labor de todas las personas que defienden los derechos humanos en Bolivia”, finaliza la declaración.
