8 de enero de 2025
El despido de Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, encendió alertas entre organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales. Uzquiano fue apartado de su cargo el 31 de diciembre de 2024 por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), sin que se le informaran las razones, y días después se inició un proceso administrativo en su contra. El guardaparque, con más de 20 años de trayectoria, es también presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), lo que ha llevado a cuestionar si la medida responde a su labor de defensa ambiental.
Según el propio Uzquiano, el proceso se sustenta en publicaciones realizadas en redes sociales donde denunció incendios, caza ilegal y vulneraciones ambientales, así como en su participación activa en la defensa de los derechos de los guardaparques. Entre los hechos más graves se encuentra la denuncia sobre la caza de jaguares vinculada a redes ilegales, así como su rol en la gestión de seguros y protección para el personal de áreas protegidas. A pesar de contar con evaluaciones laborales sobresalientes, fue separado del cargo, lo que para diversas organizaciones constituye una represalia por su labor como defensor del medio ambiente.
Desde el Programa de Defensores y Defensoras de UNITAS se advierte que este caso podría constituir una vulneración al Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar condiciones seguras para quienes defienden el medio ambiente. El organismo recordó que los despidos, amenazas o procesos administrativos arbitrarios pueden ser considerados formas de hostigamiento y silenciamiento. Por ello, se instó a las autoridades a garantizar la protección de los defensores ambientales y a asegurar que puedan ejercer su labor sin represalias, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano.
