2 de julio de 2025
El Estado boliviano decidió no aceptar las recomendaciones formuladas por varios países en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU que instaban a modificar la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, norma cuestionada por limitar la libertad de asociación. Pese a que países como Países Bajos, Irlanda, Polonia y Colombia solicitaron ajustar esta legislación por considerarla restrictiva, el Gobierno optó por “tomar nota” de dichas observaciones, lo que implica que no asumirá compromisos para su cumplimiento.
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que esta decisión perpetúa un marco normativo que condiciona el funcionamiento de las organizaciones sociales y limita su autonomía, al exigir que se alineen con políticas estatales para mantener su personería jurídica. Además, señalaron que la negativa del Estado contradice estándares internacionales en materia de derechos humanos y debilita el espacio cívico, especialmente en un contexto donde ya se registra una reducción significativa del número de organizaciones activas en el país.
Desde la sociedad civil se alertó que mantener estas restricciones afecta directamente la libertad de asociación y participación ciudadana, pilares esenciales de la democracia. Asimismo, se advirtió que el rechazo a reformar la normativa contradice compromisos internacionales asumidos por Bolivia y profundiza un escenario de control estatal sobre las organizaciones sociales, limitando su capacidad de actuar de manera independiente y crítica.
