27 de junio de 2025
El Estado boliviano aceptó parcialmente las recomendaciones formuladas por distintos países en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de la libertad de prensa. De acuerdo con el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bolivia se comprometió a investigar los casos de intimidación, violencia y acoso contra periodistas, así como a adoptar medidas para garantizar su seguridad. Sin embargo, rechazó crear un mecanismo específico de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, a pesar de que esta fue una de las principales recomendaciones realizadas por varios Estados, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido y Canadá.
El Gobierno argumentó que ya existen instancias como la Defensoría del Pueblo y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, por lo que consideró innecesario un nuevo mecanismo especializado. No obstante, organizaciones de la sociedad civil advierten que estas instancias no garantizan una protección efectiva ni preventiva. Según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, solo en 2024 se registraron 150 vulneraciones a la libertad de prensa y más de 90 ataques a personas defensoras de derechos humanos, lo que evidencia un patrón de riesgo estructural y la urgencia de contar con un sistema específico de protección conforme a los estándares internacionales.
