El Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS informó que, entre mayo y agosto de 2025, se registraron 34 vulneraciones relacionadas con la situación en cárceles, confirmando un deterioro persistente del sistema penitenciario boliviano. Estos hechos, documentados en su informe cuatrimestral II-2025, reflejan fallas estructurales, irregularidades procesales y riesgos tanto para las personas privadas de libertad como para la sociedad, contraviniendo estándares internacionales de derechos humanos como los establecidos en las Reglas Mandela sobre el Tratamiento de los Reclusos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia.
Uno de los problemas más latentes que resalta el informe es la reiterada fuga de personas privadas de libertad. Por ejemplo, el 6 de agosto tres reos escaparon, en un mismo día, de tres recintos distintos (La Paz, Santa Cruz y Tarija), según reportó la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario.
En agosto pasado, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informaba que, hasta ese mes, 20 eran los casos de fugas que se habían presentado en diferentes recintos carcelarios, de los que 12 fueron recapturados y otros 5 estaban prófugos.
Además de las fugas, las muertes violentas al interior de las cárceles es otro problema que revela fallas graves en las medidas de seguridad y vigilancia al interior de estos establecimientos. El informe anual 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención para la Tortura, presentado en mayo por la Defensoría del Pueblo, da cuenta sobre 12 muertes violentas suscitadas en las cárceles hasta ese entonces en 2025, sobrepasando las nueve registradas en 2024.
No sólo se trata de la muerte de reclusos, sino también de visitantes a la cárcel. Por ejemplo, el 27 de julio se presentó el deceso de una mujer de 30 años que estaba en visita en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz.
A estos problemas se suman otros relacionados a procesos judiciales, deficiencias estructurales en la garantía a la vida y los derechos de las personas privadas de libertad o el incumplimiento de obligaciones del Estado, por ejemplo, en la suspensión del pago de prediarios que derivaron en protestas y amotinamientos, uno de ellos en Mocoví (Trinidad). Otros recintos ubicados en Chuquisaca, Tarija y Cochabamba también reportaron esta última deficiencia, según consta en el informe defensorial.
UNITAS advierte que estas fallas no solo ponen en riesgo a la población carcelaria, sino que también comprometen la institucionalidad democrática, encargada de garantizar el correcto funcionamiento de los recintos.
Sobre la institucionalidad democrática, el informe cuatrimestral identifica 153 vulneraciones entre mayo y agosto, de las que el 12% está relacionado con la problemática de las cárceles.
Irregularidades procesales y debilitamiento del acceso a la justicia
Los casos recopilados, de acuerdo con el informe, muestran que la problemática carcelaria no se reduce a fallas materiales, sino ligadas a temas estructurales que debilitan el acceso a justicia. Uno de esos casos es la muerte del exdirigente indígena leco Francisco Marupa, ocurrida en febrero de 2025.
El caso Marupa se constituye en un ejemplo de las falencias institucionales en el Ministerio Público y el Órgano Judicial para impartir justicia con celeridad y respetando el debido proceso. El caso se agrava por las condiciones en que se encuentra el único imputado: Julio Lero Sánchez, un joven tsimane detenido preventivamente en San Pedro pese a que —según fuentes recogidas en el informe— existieron irregularidades en el proceso investigativo, entre ellos: confusiones de identidad o la no otorgación de un intérprete en su lengua nativa.
“Estas condiciones no solo afectan su derecho individual, sino que revelan una respuesta institucional que ignora su pertenencia cultural y su situación de vulnerabilidad, reproduciendo prácticas discriminatorias dentro del sistema penal”, refiere el informe sobre la situación de Julio Lero.
El informe también registra un caso en el que el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo un proceso penal por no haberse respetado el fuero especial de una exautoridad departamental. Esta decisión evidencia, según UNITAS, la existencia de irregularidades en la administración de justicia vinculadas a personas privadas de libertad o en situación de proceso penal.
El informe cuatrimestral II – 2025 puede ser descargado en la siguiente dirección: https://redunitas.org/download/informe-cuatrimestral-mayo-agosto-de-2025/
