El Gobierno admitió que las instituciones públicas son las principales responsables de la vulneración de derechos fundamentales en el país, según datos presentados en el informe 2024 del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS. El documento registra 915 casos de vulneraciones, un incremento del 19% respecto al año anterior, y señala a la Policía Boliviana y a entidades del Ejecutivo como los principales actores involucrados. El ministro de Justicia, César Siles, reconoció que estas situaciones responden a fallas estructurales y a la falta de cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos.
El informe advierte que las mayores afectaciones se concentran en la institucionalidad democrática, la libertad de prensa y el derecho a la protesta. La Policía encabezó las vulneraciones con 212 casos, seguida por instancias del Gobierno central. Además, se registró un aumento preocupante en la criminalización de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, así como un uso excesivo de la fuerza en movilizaciones. Para UNITAS, este escenario refleja un debilitamiento del Estado de derecho y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Desde la sociedad civil se advirtió que, sin medidas estructurales, la situación podría agravarse. La directora de UNITAS, Mila Reynolds, señaló que la persistencia de estas vulneraciones evidencia una crisis institucional profunda que pone en riesgo la democracia. El informe concluye que es urgente fortalecer los mecanismos de control, garantizar la independencia institucional y asegurar la protección efectiva de quienes ejercen y defienden derechos en el país.
