21 de enero de 2025
Tras la presentación del Estado boliviano ante el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, representantes de la sociedad civil expresaron serias observaciones sobre el informe oficial, señalando que, aunque se mencionaron avances, persisten vacíos importantes en materia de justicia, derechos humanos y libertades fundamentales. Durante un panel de análisis, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, coincidieron en que el Gobierno omitió abordar problemas estructurales como la independencia judicial, el uso excesivo de la detención preventiva y la falta de garantías para defensores de derechos humanos, aspectos reiteradamente observados por organismos internacionales.
Las organizaciones civiles también cuestionaron la falta de resultados concretos frente a las recomendaciones recibidas por Bolivia, subrayando que no basta con presentar proyectos de ley o políticas sin implementación efectiva. Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos, señaló que aunque el Estado mencionó avances normativos, no se evidencian impactos reales en la vida de la población. En ese sentido, destacó la necesidad de pasar del discurso a la acción, fortalecer la institucionalidad y garantizar que las recomendaciones del EPU se traduzcan en políticas públicas efectivas que protejan derechos, fortalezcan la justicia y aseguren la participación de la sociedad civil.
