Asoquimbo
Internacional
04 Noviembre 2019
“Siempre dicen que existen muchas tierras para pocos indios. Nosotros los pueblos indígenas decimos lo contrario, existen pocos indios para defender la humanidad y la tierra de todos”
Eva Canoe.
El II Encuentro Regional de afectados y afectadas por represas en la Amazonía, realizado del 11 al 13 de octubre de 2019 en la ciudad de Rurrenabaque, Beni (Bolivia); permitió que organizaciones sociales, pueblos indígenas y comunidades campesinas de Bolivia, Brasil y Colombia, discutieran el modelo extractivista, expusieran las razones por la cuales no se debe permitir la construcción de represas, compartieran experiencias de resistencias contra estos proyectos hidroeléctricos y analizaran acciones de articulación de cara al Foro Social Panamazónico –FOSPA- 2020 que se realizará en Mocoa (Colombia) y a la Conferencia sobre Cambio Climático COP25 que se llevará a cabo en Chile.
En el caso particular de Bolivia, dos temas son importantes a resaltar alrededor del modelo extractivista. El primero de ellos está relacionado con la avanzada de proyectos minero-energéticos en la Amazonía (Bosque tropical más grande del mundo) y las consecuencias que ello implica en la profundización de la crisis climática. El segundo, se encuentra anclado a las dificultades por las que atraviesa el proyecto de Estado Plurinacional y de derechos de la Madre Tierra reconocidos bajo el gobierno de Juan Evo Morales Ayma, actual presidente y candidato en la actual contienda electoral en búsqueda de la reelección.
Para nadie es desconocido que con la llegada de Evo se avivó la idea de la existencia de un gobierno regido bajo el principio de la defensa de los intereses del pueblo y de la naturaleza, lo que representaba un ataque directo al sistema capitalista. Ante los ojos del mundo, el presidente de Bolivia se convirtió en un referente para la defensa y protección de la naturaleza bajo la consigna: “¡Pacha mama o muerte, madre tierra o muerte![1]”.
Sin embargo, en el marco de este Encuentro, los delegados de los pueblos indígenas y campesinos bolivianos advierten que lejos de ser un ejemplo de protección de la madre tierra, el Gobierno de Evo se ha encargado de profundizar el modelo de extractivista primario-exportador como respuesta a la caída que desde el 2014 ha sufrido el país sobre los ingresos que provenían principalmente de la exportación del gas. En ese sentido, su política económica de los últimos años ha estado dirigida a sustituir los ingresos derivados del gas, ampliando sus inversiones en nuevos proyectos como la generación de energía hidroeléctrica, con la expectativa de vender la energía a Brasil y Argentina. Todo ello, articulado a las iniciativas del Plan de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) impulsado por el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN).
El Gobierno de Evo Morales quiere convertir a Bolivia en el corazón hidroeléctrico de Latinoamérica. Con este propósito viene promoviendo la ejecución de 4 antiguos proyectos de represas: El primero de ellos es Rositas con un área de inundación de 449km2; el segundo es Chepete que inundaría un área de 677 km2; el tercero denominado El Bala con un aéra de inundación de 94km2 y finalmente Cachuela Esperanza que alcanzaría un aéra de inundación de 690km2, para un total de 1.902 km2 inundados por las cuatro hidroeléctricas, lo que equivaldría a inundar 12 veces la ciudad de La Paz.
En términos de los costos ambientales, la construcción de las represas en el bosque amazónico afecta 6 áreas de protección ambiental, particularmente el Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas que se destacan por poseer una biodiversidad inimaginable. Su construcción no sólo genera deforestación y profundiza la crisis climática, sino que también desplaza a cientos de comunidades indígenas y campesinas, viola el legítimo de derecho a la autodeterminación de los pueblos y destruye relaciones milenarias y ancestrales de quienes habitan y siempre han habitado el territorio.
El pueblo boliviano tiene en su memoria los múltiples daños generados desde el 2014 por las inundaciones de las represas Jirau y San Antonio, proyectos hidroeléctricos brasileños que han arrasado aguas abajo con las comunidades, comprobando directamente que los impactos generados por las represas no se restringen al área de inundación, sino que se extienden en el tiempo, en el espacio y son irreversibles.
“Ya no es lo que Evo dice, es lo que nos dice la experiencia de sus últimos 10 años de Gobierno”
Lo que es claro y evidente es que el gobierno boliviano comparte el modelo económico del gran capital, extractivista, despojador y ecocida; se articula sin discusión alguna a la división internacional en donde nos someten a ser exportadores de materias primas a costa de la destrucción de nuestros pueblos y la Pacha Mama y tiene como política dinamizar la economía a través de la inversión, el endeudamiento y la funcionalidad a los mercados globales.
El incendio de los 6 millones de hectáreas en La Chiquitania es una expresión de la entrega que se está haciendo de la Amazonia y devela que el gobierno está interesado y viene participando de acciones para hacer de Bolivia un mercado emergente de los biocombustibles.
“Las represas deben parar y liberarnos al país de los conflictos socioambientales y las deudas”
Desde el sur de Colombia, nuestro abrazo fraterno y solidario con los defensores del agua, la vida y los territorios en Bolivia y nuestro grito de lucha para la movilización y resistencia contra la avanzada del capital y el modelo extractivista en la Amazonía.
*Un agradecimiento especial a Unitas y el FOSPA por promover tan importantes espacios de discusión y acción en función de la protección de la amazonia.
[1] 22 de abril de 2016.
Fuente: https://www.asoquimbo.org/internacional/no-a-las-represas-en-la-amazonia-boliviana