En este marco, fortalece capacidades de exigibilidad, articulación e incidencia de Organizaciones de Sectores Sociales para el ejercicio de sus DESC y la implementación adecuada de objetivos de desarrollo con un enfoque de derechos humanos y sostenibilidad por parte de autoridades locales y nacionales.
El impacto esperado es que la gestión pública del desarrollo en ámbitos urbanos sea reorientada hacia el respeto, protección y cumplimiento de los DESC y la implementación integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Las organizaciones urbano-populares son actores que pueden influir y decidir sobre la política y la economía, ampliando las formas democráticas vigentes; esta ampliación debe interpretarse como conquistas sociales resultantes de las luchas por los derechos de las personas y colectivos. En esta perspectiva, lo urbano-popular es un conglomerado social y un espacio político para la reivindicación social de habitantes de barrios periféricos y habitantes de municipios rurales fuertemente influenciados por la dinámica urbana, los cuáles enfrentan los efectos de la segregación espacial y el crecimiento desigual entre la ciudad y el campo.
Por ello, el Programa responde a las demandas identificadas en los espacios urbanos desde una mirada integral que refleja la opción de las instituciones asociadas a UNITAS de trabajar comprometidamente por y con los sectores pobres y excluidos que habitan las ciudades de Bolivia y sus respectivas áreas de influencia.
Desde el enfoque de derechos humanos y educación popular, se logra fortalecer las capacidades de trabajadoras(es), dirigentes/as vecinales, estudiantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas de la tercera edad y otros, para identificar, analizar y enfrentar casos y causas de la vulnerabilidad y la violación de los DESCA en ámbitos urbanos.
Organizaciones de diversa índole, fortalecen sus capacidades en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y la utilización de herramientas, recursos y alternativas para identificar, plantear y demandar el cumplimiento de sus derechos a través de estrategias de exigibilidad, logrando respuestas estatales favorables y sostenibles a sus propuestas expresadas en el cumplimiento de normas constitucionales, políticas públicas y asignación de recursos desde diferentes niveles de gobierno nacional y sub nacional.