PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO. En solidaridad con Manuel Menacho, defensor de derechos de los pueblos indígenas

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4 de
septiembre, 2021
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El 2 de septiembre, el concejal del municipio de San Ignacio de Moxos de Beni, Ruddy Arias Salas (agrupación ciudadana Todos) y su asesor agredieron verbal y físicamente al defensor de derechos humanos y abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Manuel Menacho, durante la sesión del Concejo, en la que se demandó la necesidad de crear un Distrito Municipal Indígena a favor de seis comunidades de San Lorenzo y un centro urbano con presencia indígena. Además, en la sesión, no le permitieron hablar cuando solicitó la palabra, y cuando se la dieron, le otorgaron 10 minutos para argumentar un tema que, según él, requería «un análisis mucho más profundo» por su importancia para los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes, miembros de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, repudiamos las acciones del concejal municipal de San Ignacio de Moxos, las cuales redundaron en la limitación del derecho a defender derechos de Manuel Menacho, quien actuó en representación de las comunidades indígenas del distrito municipal San Lorenzo. Asimismo, algunos de los concejales y servidores públicos presentes en la sesión coartaron la acción de defensa emprendida por Manuel Menacho, al haber impedido que tome la palabra y reducir el tiempo asignado a sus intervenciones, atentando, a su vez, contra los intereses legítimos de los pueblos indígenas que el abogado defiende y el ejercicio democrático y participativo que debería primar en todo órgano legislativo.

Exigimos que el Concejo Municipal de San Ignacio de Moxos, las autoridades de justicia y todo ente disciplinario con tuición sobre el Concejal Ruddy Salas y su asesor, inicien las investigaciones y procesos respectivos para sancionar a los responsables y reparar los daños sufridos por Menacho. Las acciones violentas del concejal y de su agresor revisten particular gravedad puesto que, al ser servidores públicos, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de derechos humanos. Asimismo, deben prestar especial consideración a las personas defensoras de derechos, considerando que promueven su cumplimiento.

Una agresión contra un defensor afecta de manera directa a la democracia y el estado de derecho y no puede ni debe quedar impune. Nuestra total solidaridad con Manuel.

Asociación de Promotores de Salud del Area Rural, APROSAR

Casa de la Mujer

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA

Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, CENDA

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS

Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija CER-DET

Centro de Investigación y Apoyo Campesino, CIAC

Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA

CUIDADANIA, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública

Defensa de Niñas y Niños Internacional, DNI-Bolivia

Fundación Acción Cultural Loyola, ACLO

Fundación Social Uramanta

Fundación Sartawi Sayariy

Instituto de Investigación y Capacitación Campesina, IICCA

Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular, INDICEP

Instituto Politécnico Tomás Katari, IPTK

Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí, ISALP

Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino, KURMI

Mujeres en Acción

Centro de Comunicación y Educación Popular PIO XII

Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas, SEMTA

Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS

 

Septiembre de 2021


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