Entre enero y agosto de este año se registraron 112 vulneraciones al derecho a la protesta, según datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS. Agosto fue el mes con más casos, un total de 56.
Según los datos del Observatorio, las 112 vulneraciones se desagregan en: 65 detenciones, 22 casos de heridos, nueve impedimentos a la protesta, seis casos de represión de una protesta, seis criminalizaciones o judicializaciones, dos actividades de inteligencia encubierta y dos incumplimientos al deber de protección.
De los 56 casos registrados en agosto, 41 se refieren a detenidos en los conflictos suscitados por el paro cívico de Santa Cruz, en demanda del Censo, y el protagonizado por afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, que a lo largo de ese mes salieron a las calles de la sede de gobierno para protestar en contra de la dirigencia paralela de Arnold Alanes, que derivó en diferentes enfrentamientos con la Policía.
En esos conflictos, 24 cocaleros fueron detenidos por supuesta portación de armas artesanales durante los enfrentamientos en Villa El Carmen (09/08/22). Hubo otros 10 detenidos en la ciudad de Santa Cruz, con motivo del primer día del paro de 48 horas por el Censo de Población y Vivienda. La presión de parlamentarios de oposición permitió que éstos sean liberados posteriormente (08/08/22).
Sobre los 22 heridos, un porcentaje de éstos se registró en los conflictos de Adepcoca. Los enfrentamientos entre cocaleros y policías dejaron tres heridos el 8 de agosto, uno de ellos fue Plácido Cota Huaylluco, afiliado a Adepcoca, que sufrió el estallido de una dinamita. Otra refriega policial en contra de los cocaleros se dio el 22 de agosto cerca del mercado de la coca en Villa Fátima, en esa ocasión otras tres personas resultaron heridas. Se registraron otros heridos en las protestas de la población cruceña en demanda del Censo (25/07/22) o los 10 heridos en la protesta de maestros urbanos en La Paz, que salieron a las calles para exigir más ítems (16/03/22).
Con relación a los impedimentos a la protesta, llama la atención el caso de tres jóvenes miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia detenidos y enviados a la cárcel por participar en la marcha multisectorial del 21 de julio. La asamblea denunció que su detención se dio por intermedio de militares infiltrados en la movilización. Otro caso se trata de una página en Facebook bajo el nombre de “Coordinadora de organizaciones, colectivos y bloques de La Paz y El Alto”, que organiza a grupos del Movimiento Al Socialismo para que salgan a las calles a enfrentar las marchas de protesta en contra del Gobierno (21/07/22).
Sobre la categoría de represión de una protesta destaca la perpetrada en contra de vecinos que protestaban en el plan 3.000 de la ciudad de Santa Cruz, en el marco del paro cívico de 48 horas en demanda del Censo (09/08/22). Otro caso, fue la intervención policial al bloqueo de campesinos de Cochabamba que arribaron a La Paz para exigir a las autoridades cumplir acuerdos en contra de los avasallamientos de sus tierras. La protesta se realizó en frente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (18/05/22).
En lo referido a la criminalización o judicialización de una protesta, en Potosí se registraron varios casos, por ejemplo la detención del primer vicepresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Nelson Gutiérrez, sin previa notificación por el caso de la quema del Tribunal Electoral Departamental en 2019 (02/08/22); la orden de detención en contra del presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, por el mismo caso (11/07/22) o el requerimiento de la Fiscalía a la Universidad Autónoma Tomás Frías para que entregue una lista y los kardex de todos los directores de carrera y estudiantes que participaron en las movilizaciones del 2019 (28/03/22).
Hubo dos casos de actividad de inteligencia encubierta. El primero hace referencia al director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Marco Antonio Cuentas, quien se hizo pasar por periodista para hacer labores de inteligencia, durante los enfrentamientos entre Adepcoca y la Policía (01/08/22). El otro hecho es de dos policías que, vestidos de civil, se mezclaron en una concentración de ciudadanos que exigían la ejecución del Censo de Población y Vivienda en la ciudad de Santa Cruz. El comandante de Radio Patrullas 110, Marco Cortez, confirmó que los dos pertenecían a la unidad de Inteligencia de la Policía, según un reporte de El Deber (16/08/22).
Sobre los incumplimientos al deber de protección, se presentaron dos casos. El primero se dio en el enfrentamiento entre campesinos y la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos. Los primeros bloquearon la ruta que une Santa Cruz con Trinidad por la titulación de tierras y los segundos se vieron afectados por la medida. Hubo un enfrentamiento en el que la Policía no interfirió y terminó con al menos 10 personas heridas (04/08/22). El segundo hecho se dio en los enfrentamientos en el paro cívico de Santa Cruz por el Censo. En la zona La Campana del Plan 3.000 vecinos se enfrentaron entre sí lanzándose piedras y palos. Un hombre quedó inconsciente por una piedra. En el lugar no había presencia policial (25/07/22).
El Observatorio de Defensores de UNITAS visibiliza la dinámica de las Organizaciones de la Sociedad Civil y los/las defensores/as de derechos, para denunciar y prevenir restricciones a los derechos civiles y políticos. Realiza diariamente un trabajo de monitoreo y recepción de casos que vulneran las libertades fundamentales y los derechos de grupos específicos que puede ver en la siguiente dirección: https://redunitas.org/observatorio/
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