Sin saberlo, la amauta de justicia del valle de Zongo de La Paz, Marcela Quisbert, estuvo arraigada por nueve años en el país, producto de un proceso, que su defensa califica como una “persecución”, que un empresario minero abrió en contra de ella y otros dirigentes indígenas, tras ser expulsado por apropiación indebida de tierras y contaminación del río Zongo, un problema que data del año 2000.
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