UNITAS propicia encuentro con periodistas para la socialización del Examen Periódico Universal

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14 de
noviembre, 2024
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Más de una veintena de periodistas de medios de comunicación de La Paz fueron parte de un encuentro de socialización con miembros de la Coalición de organizaciones de sociedad civil que presentaron informes alternativos para el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en enero próximo evaluará los avances en derechos humanos del Estado boliviano.

El evento fue organizado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), como miembro de la coalición, y representantes de otras organizaciones como la Comunidad de Derechos Humanos, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) o la Alianza Libres sin Violencia.

“Consideramos que es crucial el trabajo de los periodistas no solo para informar, también para sensibilizar. Los vemos como constructores de diálogo. Cada cuatro años el Estado acepta una cantidad x de observaciones y es un compromiso de cumplimiento, aunque no hay una sanción si hay una responsabilidad. El éxito del EPU viene del trabajo de la sociedad y de los medios de comunicación trabajando juntos”, analizó la directora de UNITAS, Mila Reynolds.

Entre los temas que llevan al EPU las organizaciones de la sociedad civil, en el caso de UNITAS, se encuentran las libertades fundamentales, el acceso a la justicia y el derecho a defender derechos. Sobre estos habló la coordinadora del Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de Derechos, Claudia Terán.

“Entre 2021 y 2023 se registraron 412 vulneraciones a la libertad de prensa. Las principales violaciones incluyen agresiones físicas, psicológicas, amenazas, impedimento de acceso a la información y falta de protección desde el Estado. Durante los registros de los últimos cuatro años, la libertad de prensa se mantuvo como la segunda categoría más vulnerada después de la institucionalidad democrática”, indicó.

El panelista Franco Albarracin del CEDIB puso énfasis en los casos de vulneración en temas medioambientales durante su presentación. “Estos procesos mineros no sólo contaminan las fuentes de agua, sino que también limitan la autosuficiencia alimentaria y los medios de subsistencia tradicionales, creando un riesgo significativo para la salud y la sostenibilidad de estos territorios indígenas”, deploró.

Finalmente, en la ronda de exposiciones, Gretzel Brosovich de Alianza Libres Sin Violencia señaló la vulneración que existe contra los derechos a poblaciones vulnerables como mujeres, personas con discapacidad o portadoras de VIH-SIDA. “Es importante destacar que las recomendaciones en estos aspectos implican compromisos, responsabilidades y tareas urgentes como el caso de las personas con VIH o Sida”, señaló.

Uno de los puntos fuertes de la conversación se dio en torno a por qué los Estados, incluido Bolivia, rechazan ciertas recomendaciones. Los panelistas explicaron que algunas recomendaciones, relacionadas con derechos sexuales y reproductivos, son consideradas sensibles debido a la influencia de la religión y el conservadurismo social en Bolivia. Además, se subrayó la dimensión política de este rechazo: en el contexto de relaciones internacionales, Bolivia tiende a rechazar recomendaciones de países con los que tienen diferencias ideológicas significativas, como Estados Unidos e Israel.

Otro aspecto debatido fue el interés de las organizaciones internacionales y los posibles sectores políticos en la evaluación. Los panelistas enfatizaron que el EPU es un proceso intrínsecamente político, donde la sociedad civil debe identificar y colaborar estratégicamente con aquellos Estados que puedan emitir recomendaciones útiles y no politizadas.

Este encuentro subraya la importancia de los medios de comunicación como facilitadores de diálogo en temas de derechos humanos, así como el papel de la sociedad civil en la vigilancia de los compromisos de Bolivia en el EPU. A través de estos espacios, se busca fortalecer la transparencia y el compromiso del Estado para responder efectivamente a las recomendaciones en áreas críticas para la sociedad boliviana.