Los derechos a la Libertad de Expresión y de Asociación fueron vulnerados en la retención que sufrió la Comisión Internacional de Observadores e Investigadores del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que visitó el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en agosto de 2018, de acuerdo con un informe emitido por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos, que trabaja dentro del marco de la red UNITAS.
En agosto de 2018, una comisión de observadores arribó al país con la finalidad de atender la denuncia interpuesta por los dirigentes del TIPNIS, Fabián Gil y Marqueza Teco, quienes se presentaron ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza para informar sobre la derogación de la intangibilidad de su territorio por parte del Gobierno.
Con la finalidad de responder a su deber de reparar, mitigar, restaurar y prevenir daños contra la Madre Tierra, una comisión de observadores del Tribunal, integrada por el ecuatoriano Alberto Acosta, la estadounidense Shannon Biggs y el argentino Enrique Viale, arribó a Bolivia y se dirigió al TIPNIS en agosto de 2018. En su intento de ingresar al Polígono 7, el día 19 de ese mes, la comisión, que estaba acompañada por periodistas de algunos medios de comunicación, fue rodeada y cercada por al menos 50 personas. Según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, los responsables fueron campesinos productores de coca y miembros de un sindicato de transporte. Debido a esta retención, la comisión desistió de ingresar al Polígono 7 y terminó con su inspección al TIPNIS.
De acuerdo con testimonios, el motivo de la retención se debió a la ausencia de autoridades y dirigentes que puedan tomar decisiones respecto a la presencia de la Comisión. Recién cuando éstos arribaron se pudo establecer un diálogo que concluyó con el levantamiento del cerco.
Tal retención, según el informe del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos, constituyó, primero, en una vulneración del derecho a la Libertad de Expresión, porque no se permitió divulgar información de interés público, lo que “representa una violación al derecho a expresarse libremente”.
Segundo, también, se vulneró el alcance del derecho a la Libertad de Asociación, al existir presión o intromisión que impidió la realización de éste. “Cabe aclarar que, si bien quienes vulneraron la libertad de expresión y asociación no son agentes del Estado, éste sí habría faltado a sus obligaciones, puesto que tenía conocimiento de un riesgo real e inmediato contra estos y tenía la posibilidad de prevenir o evitar ese riesgo”, se lee en el informe.
Lea o descargue el informe completo del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos.
Por Rodolfo Huallpa / Foto: Tomada de Correo del Sur