6 de noviembre
Durante la jornada del 6 de noviembre, se registraron 2 conflictos con altos niveles de violencia, uno en Cochabamba y otro en la ciudad de El Alto. Una vez más, la sociedad se vio dividida en dos bandos, aumentando la desunión entre bolivianos y la tensión generalizada en el país.
En Cochabamba, desde tempranas horas de la mañana, se registraron enfrentamientos entre activistas y grupos afines al M.A.S. . Uno de los puntos más conflictivos fue en las cercanías de la sede de las Seis Federaciones del Trópico, en la plazuela Busch, donde se asentaron miembros de esta organización, generando un entorno hostil en el que se registraron fuertes agresiones . En la avenida Ayacucho, mujeres afines al partido oficialista marcharon en defensa del Proceso de Cambio, siendo agredidas por el grupo Resistencia Juvenil Cochala, y dando lugar a un duro enfrentamiento entre ambos grupos. En el puente Huayculi se instaló un punto de bloqueo que fue intervenido por grupos afines al gobierno. Entre todos los conflictos, se registraron 90 heridos y un fallecido (Limbert Guzmán) a causa de un trauma encéfalo craneal . Se registró la participación de un grupo denominado Los Motoqueros, que habrían incitado a la violencia, siendo detenidos por la policía y retenidos por cocaleros . La intervención policial fue tardía e insuficiente, la defensoría del Pueblo de Cochabamba exigió a la policía el despliegue de más efectivos para poder contener la situación .
Desde la mañana, activistas se movilizaron hacia la ciudad de El Alto con la premisa de evitar agresiones contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, quien debía arribar a las 14:30 al Aeropuerto Internacional de El Alto, pero que finalmente arribó pasadas las 19:00 horas . Durante el transcurso de la tarde, afines al M.A.S. se dirigieron a las calles aledañas a la terminal aérea, obligando a los activistas a resguardarse al interior del Aeropuerto y en el estacionamiento, resultando en la agresión de dos activistas . La policía intervino para dispersar a ambos bandos mientras se encontraban en las calles . Recién pasadas las 23:00 horas se pudo iniciar la evacuación a los activistas, tras la intervención policial con uso de agentes químicos , aunque los grupos oficialistas mantuvieron el asedio hasta la 1:00 A.M. del día siguiente .
La escalada de violencia entre grupos de la sociedad civil a lo largo de los días es plena responsabilidad del Estado boliviano, puesto que es el llamado a dirimir conflictos a través de sus autoridades y las fuerzas del orden. No se deben obviar las declaraciones del presidente del Estado y de las autoridades públicas, que llaman a la población a la defensa de su voto, incluyendo cercos a las ciudades (Evo Morales), acusaciones de fascismo (Carlos Romero), proyecciones de campos de batalla en Bolivia (Ramón Quintana) y advertencias de muerte para los activistas (Gustavo Torrico), además de las incitaciones dentro de las movilizaciones de mineros en La Paz (Gabriela Montaño y Valeria Silva). Estos actos han promovido la violencia en Bolivia, y han dejado en claro las faltas cometidas por el Estado en su obligación de mantener la paz y garantizar los Derechos Humanos, más allá de cualquier declaración emitida por algún ciudadano boliviano.
En este sentido, cabe mencionar las declaraciones del ministro de Defensa, Javier Zavaleta, que en horas de la noche indicó que, a partir del 7 de noviembre, se contarían heridos y muertos por docenas a causa de las declaraciones del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho , que llamó a la radicalización de las movilizaciones pacíficas. La tendencia violadora de Derechos Humanos seguida por las autoridades estatales no solo se mantiene, sino que se está incrementando. A esto se suma la pasividad de la Policía Boliviana, que una vez más mostró su lentitud de reacción. Mientras los días pasan, la responsabilidad del Estado respecto a la crisis vivida aumenta.