La institucionalidad democrática fue la categoría con mayor cantidad de vulneraciones en Bolivia durante el 2024, según un informe del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS. De un total de 915 vulneraciones registradas en el año, 525 (57%) correspondieron a esta categoría, siendo la omisión a la garantía de presunción de inocencia, el acoso político y la corrupción, las principales formas de violación a la institucionalidad.
La violación de la presunción de inocencia fue una de las garantías más afectadas. En muchos casos, autoridades del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional difundieron públicamente imágenes y datos personales de sospechosos antes de ser procesados, vulnerando su derecho al debido proceso. El informe contabiliza 202 casos de vulneración a la presunción de inocencia, que equivalen a aproximadamente 17 personas vulneradas en este derecho al mes.
De acuerdo con el Observatorio, 39 (19%) de las personas presentadas son mujeres y 159 (79%) son hombres. El restante 2% involucra presentaciones masivas de sospechosos, de ahí que el número de personas vulneradas se “duplicaría” más allá de las 202 víctimas, según el informe.
“Se registraron tres casos de exhibiciones masivas, todas contra seguidores de Evo Morales durante el bloqueo de carreteras entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre (de 2024). Entre el 1 y el 6 de noviembre, fueron expuestas 85 personas, anunciando el inicio de procesos penales contra ellas. A diferencia de otros registros, no se nombró a las personas denunciadas, evitando que el Observatorio o cualquier defensor pueda registrar a las víctimas de manera individual”, se lee en el informe presentado recientemente.
De 2023 a 2024, el incremento de casos de vulneración a la presunción de inocencia subió en 8%, de 187 a 202. “La excesiva repetición de esta mala práctica atenta contra la obligación del Estado a ‘no condenar informalmente a una persona o emitir juicio ante la sociedad’, puesto que, al hacerlo, contribuye a la formación de una opinión pública sobre la persona sin tener certeza sobre su responsabilidad”, destaca el informe.
Sobre este asunto, UNITAS recomienda al Estado “prohibir la presentación pública de personas acusadas sin sentencia firme”, para asegurar el respeto a sus derechos y se evite la criminalización mediática.
Acoso político
Los casos de acoso político hacia mujeres concejalas se dispararon de 6 en 2023 a 70 en 2024. El acoso tiene que ver con presiones sistemáticas a éstas para obligarlas a renunciar en favor de concejales suplentes varones, bajo acuerdos informalmente conocidos como de «gestión compartida». Esta práctica, según el informe, no sólo violenta derechos políticos, sino que también refleja una persistente cultura patriarcal en la administración pública.
Entre los casos que cita el Observatorio están el de las concejalas de Sacaba, Cochabamba, que fueron presionadas por sus suplentes a renunciar a sus cargos o el episodio de violencia física en contra de Marta Villca, concejala de Ocurí, Potosí́, quien fuera golpeada como represalia por haber observado el presupuesto operativo anual de 2025.
El informe de UNITAS recuerda que en el examen periódico universal de 2019, Bolivia recibió dos recomendaciones sobre el tema de acoso y violencia política hacia las mujeres. Una de Maldivas, que pidió “familiarizar a los funcionarios del Estado con la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres para asegurar su efectiva aplicación” y otra proferida por España que pide a Bolivia “avanzar en la efectiva aplicación” de esta norma.
Corrupción
La corrupción de autoridades alcanzó 48 casos en 2024, el doble que en 2023, de acuerdo con los datos de UNITAS, que aclara que los casos que registra sólo atañen a máximas autoridades ejecutivas que fueron sentenciadas o al menos imputadas formalmente por delitos de corrupción.
De los 48 casos registrados, 23 involucran a autoridades del nivel central, 21 a autoridades del nivel subnacional, tanto departamental como municipal, dos casos de corrupción de máximas autoridades policiales y dos casos de autoridades del Órgano Judicial.
Entre las autoridades del nivel nacional, citadas en el informe, se pueden observar a tres exministros del gobierno de Jeanine Añez sentenciados por enriquecimiento ilícito, las sentencias en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros por el caso Petrocontratos. También figuran hechos de corrupción del gobierno de Luis Arce, como el caso de tráfico de armas que involucra al exdirector de Navegación Aérea de Aeropuertos Bolivianos o exaltos ejecutivos de Yacimientos del Litio Boliviano procesados por un daño económico de 425 millones de bolivianos, debido a irregularidades en la construcción y mantenimiento de las piscinas de evaporación en el Salar de Uyuni.
Sobre el tema, UNITAS recomienda cumplir con recomendaciones del Examen Periódico Universal y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para prevenir y sancionar actos de corrupción tanto en el nivel nacional como subnacional.
El informe sobre “Libertades Fundamentales e Institucionalidad en Bolivia 2024” del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS se puede descargar en la siguiente dirección: https://redunitas.org/download/informe-sobre-libertades-fundamentales-e-institucionalidad-en-bolivia-2024/