Ante la grave alteración del orden público en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la violencia generalizada y llama al respeto de la institucionalidad democrática en el país, con apego a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de la población.
Desde el inicio de las protestas en el contexto poselectoral, la Comisión ha advertido graves actos de violencia, que habrían resultado en al menos 4 personas fallecidas, 426 heridas y 227 detenidas. La crisis política se vio agravada a partir del motín policial ocurrido el 8 de noviembre pasado en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz; a lo que se sumaron saqueos e incendios contra mobiliario público, propiedad privada, incluidas representaciones diplomáticas así como sedes de partidos políticos y de medios de comunicación; así como ataques y hostigamientos indiscriminados en todo el país. La Comisión también recibió información sobre enfrentamientos violentos entre personas tanto partidarias como opositoras al gobierno, así como campañas de persecución generalizadas. Asimismo, la CIDH ha sido informada de actos de violencia contra medios de comunicación estatales e independientes, incluyendo la interrupción forzada de circulación de periódicos, entre los cuales el Página Siete, debido a amenazas y agresiones. Asimismo, la CIDH ha tomado nota y manifiesta su preocupación ante discursos de odio y otras formas de violencia, en particular, en contra de pueblos indígenas y de sus símbolos.
La Comisión reitera su llamado a todos los actores políticos y sociales de Bolivia a abstenerse de utilizar la violencia como medio de coerción política y subraya que los discursos que incitan a la violencia son contrarios a los derechos humanos. Asimismo, la Comisión hace un llamado a que se respeten las inmunidades de las representaciones diplomáticas acreditadas ante el Estado boliviano, así como la seguridad de todas las personas que allí se encuentren.
La CIDH advirtió que, una vez hecho público el informe del Grupo de Auditores de la Organización de los Estados Americanos sobre el Proceso Electoral en Bolivia, el día 10 de noviembre el Presidente Evo Morales anunció la convocatoria a nuevas elecciones y a la renovación de la totalidad de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional. De acuerdo con información de público conocimiento, la Central Obrera Boliviana, el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana solicitaron la renuncia del Presidente Evo Morales quien, horas después dimitió, aduciendo su voluntad de evitar que continuase la violencia en el país, tras semanas de enfrentamientos. La Comisión también tomó nota que, a la renuncia del Presidente Morales, se unieron las renuncias del Vicepresidente y de los miembros de su gabinete, así como de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
Frente a las declaraciones públicas de autoridades militares y policiales, la Comisión observa que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado. En este sentido, la CIDH recuerda que, en un Estado democrático de Derecho, todas las fuerzas de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas, deben someterse al control civil y abstenerse de incidir en procesos políticos. Al respecto, la Comisión expresa su preocupación por la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en Bolivia.
Finalmente, la Comisión exhorta a dar plena vigencia al orden Constitucional, a la instalación inmediata de autoridades civiles y a la celebración de elecciones en el país, con el fin de que se garantice la Democracia y el Estado de Derecho en Bolivia. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.