Conversatorio: Urge hacer realidad el derecho al acceso a la información a través de una ley

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Proyecto
Sumando Voces
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1 de
diciembre, 2021
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En Bolivia hay un marco normativo que garantiza el acceso a la información, no obstante no hay una ley que defina los mecanismos de cómo ejercer este derecho, lo cual afecta a toda la población al no permitirle, por ejemplo, conocer el manejo y administración de los recursos públicos. Esa fue una de las conclusiones del Conversatorio “Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas” que se desarrolló este miércoles en la Asociación de Periodistas de La Paz.

El evento fue convocado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y en éste participaron periodistas miembros de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), que se dieron cita para conversar y debatir los alcances de contar con una ley de acceso a la información pública.

El presidente de la ANPB, Pedro Glasinovic, precisó que Bolivia y Venezuela son los únicos países en Sudamérica que no cuentan con una ley de acceso a la información, pese a que, en el caso boliviano, el gremio periodístico presentó el año 2012 un proyecto de ley de acceso a la información pública, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero fue congelado en el Senado hasta la fecha.

Lamentó que cuando se demanda la generación de una ley de estas características, no haya la voluntad necesaria para trabajarla. “Se utiliza el proyecto de acceso a la información no para abrir la información, sino para restringirla”, indicó Glasinovic, con relación a la actitud del Gobierno al momento de debatir este asunto. 

Por su lado, el periodista Marco Zelaya contabilizó un total de siete iniciativas legislativas para hacer realidad una ley de acceso a la información, pero hasta la fecha ninguna prosperó en este cometido, pese a que la Constitución, los convenios internacionales e incluso fallos constitucionales garantizan este derecho.

“Se requiere una ley que desarrolle este derecho que está en nuestra Constitución”, demandó, luego de mencionar que la información no es de propiedad del Estado ni del Gobierno, sino de la gente.

Al conversatorio también asistió el abogado y periodista Julio Veizaga, quien propuso que, junto al proyecto de acceso a la información, también se trabaje otras normativas complementarias, una de ellas la ley del derecho a la petición, la cual, explicó, definirá el derecho de cualquier persona de pedir información al Estado.

De parte del Estado, el jefe de Gestión y Transformación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, Rodrigo Martínez, explicó que se está trabajando con las instituciones públicas en la migración del papel a lo digital y en ese proceso se está tomando en cuenta el acceso a la información, que, dijo, debe ser de calidad, fidedigna y oportuna.

No obstante, mencionó que este trabajo requiere de voluntad y condiciones técnicas que permitan transformar décadas de la burocracia del papel. “Hay un tema de voluntad que debe existir, pero también condiciones técnicas para que el acceso a la información sea como tiene que ser. Es importante entender que la transformación digital es una forma de poner al día al Estado con nuevas tecnologías de información y comunicación, porque los Estados han heredado un aparato burocrático de años. El cambio de ese paradigma del papel a lo digital, puede restringir los procesos de acceso a la información. Para acceder a la información debe existir un medio o medios tecnológicos que garanticen que ese acceso a la información sea oportuno, adecuado y de calidad”, explicó. 

Por su lado, el director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Bladimir Magne, que también se dio cita al Conversatorio, dio a conocer cómo el Internet ha transformado la forma de comunicación de la gente e informó los esfuerzos que desde su dependencia se están realizando para digitalizar procesos, entre ellos a través de la firma digital.

A la conclusión del evento, la directora de UNITAS, Susana Eróstegui, abogó por recuperar el proyecto de ley presentado por la ANPB y reconstruirla para contar con un documento que permita acceder a este derecho. No obstante, indicó que el verdadero desafío será hacer posible el funcionamiento de la ley.

El Conversatorio se realizó en el marco de la Semana Global de la Rendición de Cuentas y tuvo el apoyo de la Cooperación Suiza.