Por Rodolfo Huallpa
Al menos cuatro vulneraciones a la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron identificadas en 2018 en Bolivia por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos, que trabaja dentro del marco de la red Unitas.
La Declaración contempla 13 principios, de los cuales, al menos cuatro fueron vulnerados por agentes gubernamentales y políticas estatales, según el Informe Parcial Sobre la Libertad de Expresión en Bolivia, emitido por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos. Estos son los principios 4, 5, 7 y 8 que se desglosan a continuación:
El Principio 4: “derecho fundamental de los individuos a acceder a la información en poder del Estado, siendo posible limitarla únicamente en casos previstos por ley”. De acuerdo con el Informe, el derecho al acceso a la información pública se ha visto vulnerado desde requerimientos judiciales hasta contratos públicos, denunciados, por ejemplo, por la Asociación Nacional de la Prensa.
“Dos casos importantes y recientes ejemplifican de mejor manera esta omisión: los contratos para la organización de la ceremonia de inauguración de los Juegos Sudamericanos ODESUR, y los archivos militares correspondientes a la época de las dictaduras relacionados a graves vulneraciones de Derechos Humanos”, señala el informe.
El principio 5: “la prohibición de censura previa, presión o interferencia contra cualquier expresión”. Este derecho también habría sido vulnerado por el Estado boliviano, por ejemplo con las declaraciones del viceministro de Interculturalidad, Feliciano Vegamonte, al aseverar que los colectivos del denominado “21F” no tienen derecho a protestar ni mostrar sus carteles durante los actos de conmemoración de la independencia de Bolivia. También se observó una vulneración con la clausura de la radio El Gran Chaco, en Tarija, de parte del Gobierno Municipal de esa jurisdicción.
“Otra vulneración fue perpetrada por el presidente del Estado durante un discurso en La Asunta, en el que sugirió a los pobladores expulsar a los grupos opositores que ingresen a la zona de Los Yungas, puesto que podrían generar confusión en la población”, se lee en el documento.
El principio 7: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”. Este principio se vio afectado con la propuesta de promulgar una “Ley de la Mentira”, expresada por el presidente Evo Morales, el 22 de agosto del 2018, la cual no se materializó, pero ésta comprendía sanciones penales para quienes incumplan con parámetros relacionados con la verdad.
El principio 8: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. En el caso del bebé Alexander se habría vulnerado este principio cuando la Fiscalía General exigió a la red ATB que revele la fuente de quien brindó un audio de la jueza Patricia Pacajes, en el que confesaba haber condenado a un inocente, y permitió, posteriormente, que el médico Jhiery Fernández sea liberado de la cárcel.
Además de estas vulneraciones, en informe del Observatorio detalla otras estigmatizaciones que se registraron el año 2018, contra quienes emitieron opiniones contrarias al Gobierno, lo que puede ser considerado como censura o discriminación.
Lea o descargue el informe completo del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos.