Por Rodolfo Huallpa
Hoy decenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) a nivel nacional llevaron adelante su Rendición Público de Cuentas con la finalidad de promover una cultura de transparencia como práctica esencial para lograr la legitimidad, sostenibilidad, efectividad y protección del trabajo que realizan.
La iniciativa se enmarca en la “Semana Global de la Rendición de Cuentas”, que cumplen cientos de organizaciones, instituciones y redes a nivel mundial para transparentar sus actividades. Bolivia no es ajena a este movimiento mundial y desde la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y sus 22 instituciones asociadas se emprendieron hoy eventos donde, por ejemplo, se detallaron los presupuestos ejecutados, la cantidad de proyectos realizados, el total de personas beneficiadas, entre otras cifras de sus actividades.
En el caso particular de UNITAS y sus asociadas, hoy la directora de esta institución, Susana Eróstegui, informó que en 2018 se ejecutaron 153.216.235 bolivianos en 151 planes, programas y proyectos realizados en todo el país y que tuvieron a un total de 426.092 personas beneficiadas de manera directa y 3.673.305 personas beneficiadas indirectamente.
Informe sobre la Chiquitanía presentado ante la CIDH
Pero además del acto de rendición de cuentas, se llevó adelante un conversatorio con periodistas, denominado “Políticas de Tierra y Medioambiente”, en la que el responsable de Defensa de Derechos Humanos de UNITAS, Daniel Espinoza, y el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, informaron sobre la situación de la política agraria en Bolivia y los incendios en la Chiquitanía, además de la acción realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Espinoza brindó un detalle del informe presentado en pasados días ante la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, por UNITAS y el CEJIS, en el que se solicitó al organismo pedir información al Estado boliviano sobre los incendios en la Chiquitanía, que han dejado aproximadamente 4 millones de hectáreas calcinadas por el fuego.
Explicó que la solicitud ante la CIDH responde a los pueblos indígenas afectados por los incendios: Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona. Resaltó que algunos pueblos se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad frente a los incendios debido a sus reducidas poblaciones o situación de aislamiento voluntario, como el caso de los Ayoreos del Ñembi Guasu, una de las áreas más afectadas por el fuego.
“Se ha informado a la CIDH respecto a la normativa, las políticas públicas y el accionar del Estado boliviano con relación a esta crisis ambiental, ésta última se evidenció cómo las autoridades del Estado reaccionaron de manera inadecuada, primeramente al responder de manera tardía y por otro lado al no declarar zona de desastre nacional, impidiendo así la asistencia internacional en toda su capacidad”, explicó Espinoza.
Con relación a lo informado a la Relatoría de la CIDH, precisó que también se abordó lo referido a las obligaciones del Estado y derechos vulnerados. “Estos son fácilmente identificables: vivienda, trabajo, educación, salud y medioambiente, en los que el Estado tiene la obligación de respetar y de garantizar, o sea procurar la realización de estos derechos. La tardía respuesta del Estado ante los incendios y no declarar zona de desastre, es un acto de negligencia con relación a las obligaciones contraídas ante el sistema interamericano de defensa de derechos humanos”, aseveró.
Por su lado, Ormachea hizo un análisis de la situación de la política agraria en Bolivia y mencionó que el gobierno está “desesperado” en el desarrollo agropecuario basado en la ampliación de la frontera agrícola, debido a problemas como el fin de los precios altos de las materias primas, el bajo nivel de exportación del gas, del zinc, de la plata y de productos agropecuarios, y la presión tributaria que “está llegando al límite”.
“Esto hace un escenario de bajos ingresos y es esto lo que impulsa al Gobierno a plantearse como estrategia para la generación de ingresos el tema del desarrollo agropecuario, pero basado en la ampliación de la frontera agrícola”, lamentó.
Mencionó que este es el Gobierno que más leyes y decretos ha aprobado a favor de campesinos, pero “ninguno de ellos se ha convertido en programas de desarrollo para estos sectores”.