Desarrollo | 19 de marzo, 2024 | Sumando Voces
Un encuentro nacional de organizaciones, colectivos, asociaciones y plataformas de la sociedad civil, desarrollado en el municipio de Vitichi (Potosí), entre el 16 y 17 de marzo, decidió trabajar una Ley del Agua, que reconozca este recurso como un ser vivo sujeto de derechos. Además, se emitieron otras 25 conclusiones destinadas a defender y preservar el agua, ante las sequías prolongadas que se han registrado en el país. Al mismo asistieron representantes del Colectivo Urbano de Potosí y Tarija.
El punto 11 de la resolución indica que se va a “trabajar la Ley del Agua sobre la base de la propuesta de Ley Marco Agua para la Vida, donde se considere al agua como sujeto de derechos, con la adecuación de las otras normas existentes, construyendo alianzas, acuerdos y fortaleciendo a las organizaciones sociales para su acción unitaria y posibilitar su tratamiento y aprobación”. Para lograr este objetivo, decidieron conformar un comité impulsor que ajuste y revise la normativa y a la vez elabore un plan de incidencia.
En ese marco, decidieron “reconocer al agua como un ser vivo y sujeto de derechos en sus diferentes condiciones en la naturaleza al ser parte de la madre tierra”.
Más de medio centenar de organizaciones defensoras de agua participaron del encuentro y suscribieron el documento, entre las que se encuentran la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Fundación Paz y Desarrollo, CIPCA, Comunidad del agua, Colectivo Urbano de Potosí, Colectivo Urbano de Tarija, Pastoral Ecológica de Potosí, Colectivo Plurales, Conamaq Orgánico y otras.
Los firmantes se declaran preocupados porque la actividad minera está afectando las fuentes de agua, por la creciente violencia en torno a los extractivismos, por la deforestación que deviene en la problemática del agua, por el crecimiento de las zonas urbanas, por la contaminación del agua y otros problemas relacionados con este recurso vital.
Frente a eso, deciden promover la coordinación entre diferentes entidades para la defensa de los derechos individuales y colectivos, y garantizar el uso, cuidado y calidad del agua.
También demandan incluir el control social en las normativas del país como herramienta de gestión del agua, además de defender la gestión social y comunitaria de las organizaciones sociales de agua.
Asimismo, los firmantes decidieron solicitar “un informe de empresas legales a la AJAM e impulsar la creación de una ley minera con análisis jurídico y que incluya la distribución de las regalías”.
El documento suscrito en Vitichi indica que, según datos científicos e investigaciones, es probable que la sequía se prolongue 10 años, por lo que “se propone declarar al decenio de las zonas de recarga hídrica para la protección de las fuentes y zonas de recarga hídrica”.
Por otro lado, las organizaciones firmantes exigen dotar de un presupuesto de más del 1% para el sector medio ambiente, abrogar las denominadas “leyes incendiarias” y priorizar el agua para el consumo humano y para la vida antes que para usos industriales.
Encuentro nacional decide trabajar una Ley del Agua y emite otras 25 conclusiones
Un encuentro nacional de organizaciones, colectivos, asociaciones y plataformas de la sociedad civil, desarrollado en el municipio de Vitichi (Potosí), entre el 16 y 17 de marzo, decidió trabajar una Ley del Agua, que reconozca este recurso como un ser vivo sujeto de derechos. Además, se emitieron otras 25 conclusiones destinadas a defender y preservar el agua, ante las sequías prolongadas que se han registrado en el país.
El punto 11 de la resolución indica que se va a “trabajar la Ley del Agua sobre la base de la propuesta de Ley Marco Agua para la Vida, donde se considere al agua como sujeto de derechos, con la adecuación de las otras normas existentes, construyendo alianzas, acuerdos y fortaleciendo a las organizaciones sociales para su acción unitaria y posibilitar su tratamiento y aprobación”. Para lograr este objetivo, decidieron conformar un comité impulsor que ajuste y revise la normativa y a la vez elabore un plan de incidencia.
En ese marco, decidieron “reconocer al agua como un ser vivo y sujeto de derechos en sus diferentes condiciones en la naturaleza al ser parte de la madre tierra”.
Más de medio centenar de organizaciones defensoras de agua participaron del encuentro y suscribieron el documento, entre las que se encuentran la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Fundación Paz y Desarrollo, CIPCA, Comunidad del agua, Colectivo Urbano de Potosí, Pastoral Ecológica Potosí, Colectivo Plurales, Colectivo Urbano de Tarija, Conamaq Orgánico y otras.
Los firmantes se declaran preocupados porque la actividad minera está afectando las fuentes de agua, por la creciente violencia en torno a los extractivismos, por la deforestación que deviene en la problemática del agua, por el crecimiento de las zonas urbanas, por la contaminación del agua y otros problemas relacionados con este recurso vital.
Frente a eso, deciden promover la coordinación entre diferentes entidades para la defensa de los derechos individuales y colectivos, y garantizar el uso, cuidado y calidad del agua.
También demandan incluir el control social en las normativas del país como herramienta de gestión del agua, además de defender la gestión social y comunitaria de las organizaciones sociales de agua.
Asimismo, los firmantes decidieron solicitar “un informe de empresas legales a la AJAM e impulsar la creación de una ley minera con análisis jurídico y que incluya la distribución de las regalías”.
El documento suscrito en Vitichi indica que, según datos científicos e investigaciones, es probable que la sequía se prolongue 10 años, por lo que “se propone declarar al decenio de las zonas de recarga hídrica para la protección de las fuentes y zonas de recarga hídrica”.
Por otro lado, las organizaciones firmantes exigen dotar de un presupuesto de más del 1% para el sector medio ambiente, abrogar las denominadas “leyes incendiarias” y priorizar el agua para el consumo humano y para la vida antes que para usos industriales.
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