Correo del Sur / UNITAS
La Fiscalía no investigará la denuncia por acoso sexual en contra del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, y decidió desestimarla porque no encontró elementos suficientes para abrir un proceso penal, tal como pretendían los denunciantes parlamentarios de la oposición.
Esta decisión fue asumida en la unidad de análisis de denuncias de la Fiscalía, que es el filtro donde se define si cada causa prosigue la investigación o se rechaza cuando las denuncias no cumplen con los requisitos de procedimientos.
«Corresponde desestimar la denuncia por la presunta comisión del delito de acoso sexual por atipicidad en cumplimiento del artículo 55 que señala que los y las fiscales desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa», señala parte del documento de desistimiento.
La denuncia fue planteada por los diputados Yesenia Yarhui y Óscar Urquizu. Presentaron como prueba un vídeo en el que se ve al gobernador manosear por detrás a una mujer, que a la fecha se desconoce su identidad y que tampoco presentó denuncia.
Análisis del Observatorio de Defensores de Derechos Humanos
El Ministerio Público, como institución de defensa de la sociedad, debe salvaguardar la legalidad y los intereses de la sociedad. En este sentido, debe regirse por las prerrogativas que lo regulan, ejerciendo la acción pública cuando corresponda. Para cumplir con esto, debe adherirse a las normas penales correspondientes, como el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y sus respectivas fuentes doctrinarias, que ayudan a complementar y explicar el contenido de dichas normas. Considerando la complementariedad de la norma y la doctrina, cabe aclarar los teóricos del Derecho Penal indican que el acoso sexual como delito implica desde miramientos hasta tocamientos contra la integridad de la víctima.
Con base en lo anteriormente mencionado, el desistimiento por atipicidad planteado por el Ministerio Público es una flagrante omisión a las normas que lo regulan, a su deber de salvaguardar los intereses de la sociedad, y a la institucionalidad democrática que debería cumplir.