El grupo de trabajo de defensores y defensoras de la Amazonía, que se instaló en el marco del XI Foro Social Panamazónico (FOSPA), exigió al Estado boliviano la protección de los defensores de derechos humanos mediante una ley específica y, en consecuencia, poner fin a la criminalización.
Las exigencias, de acuerdo con el grupo de trabajo, son la “aprobación de una norma con rango de ley que garantice y proteja los derechos de defensoras y defensores de los derechos humanos”, el “aseguramiento de recursos para la implementación efectiva de dicha ley”, “el cese de las autorizaciones para la explotación de petróleo y minería aurífera en los territorios de los pueblos indígenas”, “el fin de la criminalización de los defensores de derechos humanos”, y la “protección a las defensoras de Zongo y respeto a la sentencia de su jurisdicción indígena originario campesina”.
El funcionamiento de este grupo, coordinado por el Programa Defensores y Defensoras de UNITAS, obedece a la constante persecución y hostigamiento a los defensores, particularmente de los defensores ambientales, que en diversos países son acosados, enjuiciados y a veces asesinados.
A todos los estados exigieron el reconocimiento y protección de las y los defensores de derechos humanos, aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú, paralización de la criminalización, asesinatos, persecución, estigmatización, atropellos y amedrentamientos a nuestros defensores y defensoras”.
El diagnóstico dado a conocer por el grupo indica que existe un “debilitamiento institucional, corrupción, falta de acceso a la justicia, conflictos internos y división, invasión de grandes empresas, permisos ilegales dentro de territorios indígenas, falta de respeto a la autodeterminación, ausencia de apoyo legal, asesinatos, estigmatización, criminalización, amedrentamiento y estigmatización, acoso digital, cansancio emocional y físico, afectación a las familias”. Indican, además, que “las mujeres defensoras enfrentan una situación de particular vulnerabilidad”.