Indígenas de Oruro y Potosí, reunidos en un encuentro por el derecho al agua y a la salud frente los impactos mineros, elaboró una carta que fue leída ante una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusan al Estado boliviano de no estar asumiendo medidas ante la evidencia de que los pobladores tienen metales pesados en sus cuerpos.
“El Estado boliviano, teniendo el conocimiento de que existe evidencia de presencia de metales pesados en el cuerpo humano de niños, niñas, mujeres, hombres, no está asumiendo medidas en políticas de salud, vulnerando nuestro derecho a la salud”, indican los indígenas en la carta simbólica que está dirigida a Mishkila Rojas, integrante de la Comisión de pueblos indígenas de la CIDH, quien compartió de forma virtual con los participantes de este encuentro.
En ese marco, señalan que en el país se registra “ausencia de normativas y políticas públicas sobre planes especializados multisectoriales para la atención de personas afectadas por metales pesados y otras sustancias tóxicas”.
Previamente, el ayllu de Cantamarca de Potosí encargó un estudio a un laboratorio independiente, en el que el que se estableció la presencia de metales pesados en la sangre de 120 pobladores, de los cuales, el 85% presenta plomo en la sangre. Además, el 90% de los niños sometidos a esta prueba reportaron la presencia de este metal tóxico en su cuerpo.
Lo propio ocurre con los habitantes del Ayllu San Agustín de Puñaca, de Oruro, quienes establecieron mediante un laboratorio, la existencia de metales tóxicos como arsénico, plomo y cadmio, que superan los estándares internacionales.
Durante el encuentro, Margarita Quino, presidenta de la RENAMAT, dijo que las mujeres son las más afectadas por la contaminación minera, la violencia contra el derecho a un ambiente sano. “La minería ha contaminado nuestra tierra, nuestra agua, y ahora han afectado nuestra salud. Mujeres todas digamos cómo nos sentimos, cómo nos está afectando en nuestras comunidades”, dijo.
Frente a esta situación, los participantes decidieron promover la articulación de los pueblos afectados, a fin de generar un movimiento único con la finalidad de exigir la restitución de nuestros derechos constitucionales.
Por otro lado, establecieron la necesidad de activar mecanismos de denuncia a nivel internacional, como la CIDH, ante la ausencia de un Estado garante de derechos.
El Encuentro por el Derecho al Agua y Salud Frente a Impactos Mineros se desarrolló el 26 de marzo en Oruro, con el propósito de promover acciones conjuntas entre organizaciones afectadas, como el Ayllu San Agustín de Puñaca, Ayllu Quellia, representantes la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero y Lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUB), las lideresas de la Red de Mujeres Organizaciones Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), el Centro de Apoyo a la Educación Popular (CAEP) de Oruro, la Escuela de Líderes Ambientales (ELA), comunidades Urus, Huayña Pasto Grande, centrales regionales de Sora Sora y bases de las comunidades de Cantumarca (PASOCAP), miembro del Consejo municipal de Potosí, entre otras organizaciones afectadas por la contaminación minera.
“Es importante este tipo de encuentros, porque nuestro territorio está contaminado. La contaminación era en nuestras tierras, en nuestras aguas, y ahora está en nuestra salud. Debemos todos buscar ideas para solucionar”, dijo la autoridad máxima del Ayllu Puñaca, Tata Mallku Abel Machaca Yugar.
El encuentro contó con la presencia del pueblo indígena Weenhayek de Tarija, quienes compartieron su experiencia de recolección de evidencia de contaminación en el río Pilcomayo, además de la denuncia de contaminación por la rotura de un dique de colas de residuos mineros. Indicaron que la respuesta del Estado una vez más es rechazar la realidad pidiendo “comprobar dicha contaminación”, que es un patrón de vulneración de derechos del Estado ante las acciones de defensa territorial y ambiental.
Asimismo, participaron técnicos y pobladores de comunidades afectadas en el país vecino de Perú, quienes compartieron sus experiencias de articulación de población intoxicada por la minería, así como sus logros en cuanto al desarrollo y normativa peruana lograda gracias a acciones de denuncia.
