CEJIS
Si bien la comunidad internacional está enfocando su atención en el avance del fuego en Brasil, la realidad es que el problema trasciende al gigante sudamericano y se replica en los nueve países amazónicos. Detrás de las cenizas, el fuego ha evidenciado (una vez más), un conflicto que los especialistas vienen señalando hace tiempo: el agotamiento de un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales a expensas de la naturaleza.
Hablar de “modelo desarrollo” es hablar del programa económico que sigue un país. En los últimos años, en Latinoamérica se ha asentado el modelo extractivista en el marco del “Consenso de los Commodities”. De este modo, hemos llegado a un paradigma de crecimiento económico basado en la producción de hidrocarburos, agricultura y ganadería intensiva, megaminería y biocombustibles para su exportación a gran escala. Por este camino, los países latinoamericanos han reprimarizado su economía a los fines de vender alimentos y materias primas al creciente mercado chino. Para satisfacer esta enorme demanda, el capital privado, con el apoyo de los gobiernos nacionales y locales, ha avanzado en un proceso de acumulación por despojo que tiene como primeras víctimas a la naturaleza y a los pueblos indígenas cuya supervivencia está íntimamente ligada a ella.
La Doctora en Antropología por la Universidad de São Paulo Maria de Lourdes Beldi de Alcântara agrega que el fuego en la Amazonía brasileña no es una novedad: “Los incendios comienzan en la década del ’70 para la producción de caña de azúcar en el estado de Mato Grosso, luego se extienden a Rondônia y finalmente llegan a Acre. Empiezan con la dictudura militar y se profundizan durante el Gobierno de Lula Da Silva. No es un problema de izquierda o derecha, sino un modelo de desarrollo basado en la agroindustria”.
La especialista agrega que a diferencia de otros incendios, en la actualidad la noticia ha tomado repercusión internacional por la denuncia de los movimientos sociales y los pueblos indígenas (que han vivido un proceso de acumulación de luchas durante la democracia), al mismo tiempo que se llegó a la devastación total y el punto de no retorno de una “monocultura de desarrollo” que gira en torno al agrobusiness de la soja y la ganadería.
Si las selvas, los bosques, el monte, los ríos, los lagos, el subsuelo y las montañas son los perdedores del modelo extractivista, también existen ganadores que se benefician de la destrucción del medio ambiente. Esto es lo que hace de los incendios, el desmonte y la contaminación un problema político.
El agronegocio y la ganadería en Bolivia
El Estado Plurinacional de Bolivia no es solo un país andino: más de la mitad del país está conformado por la Amazonía, la región del Chaco (compartida con Paraguay y Argentina) y la Chiquitania (una extensa llanura que oficia como transición entre los ecosistemas amazónico y chaqueño). Esta es justamente la región que más está sufriendo las consecuencias del modelo extractivista y que es eclipsada frente a la catástrofe del fuego en Brasil.
En este momento, en la Chiquitania se incendia el Bosque Seco (un ecosistema único en el mundo), mientras que en el departamento del Beni, ubicado al noreste del país, avanza el desmonte en la selva que comprende la Amazonía Sur. Este corredor alberga una biodiversidad única en el mundo, lo cual hace que la pérdida sea aún más significativa. Como si esto fuera poco, en la Chiquitania se encuentran seis misiones jesuíticas fundadas entre los siglos XVII y XVIII, consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS) Leonardo Tamburini señala la ampliación de la frontera agrícola, acordada por el Gobierno de Evo Morales y los empresarios del sector agrícola-ganadero, como la responsable de la catástrofe ambiental: “Los decretos y paquetes sancionados desde 2013 abren la válvula para el desmonte y los incendios. Al mismo tiempo, le otorgan responsabilidades a órganos de control que están desfinanciados y, por lo tanto, no van a poder cumplir con la fiscalización. Es necesario cambiar el modelo productivo agroextractivista que supone la liquidación de los bosques nacionales”.
El abogado especializado en medio ambiente sostiene que la transformación en el modelo económico tuvo un hito en 2015 con la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” que estableció el Plan de Desarrollo Económico y Social (2016-2020), que puso como meta ampliar la frontera agrícola de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas, lo cual significaba sumar un promedio de 250.000 hectáreas por año. Entre las medidas que perdonan los desmontes y las quemas no autorizadas, Tamburini destaca la ley 741 sancionada en 2015 y el reciente Decreto Supremo 3973.
En primer lugar, la ley 741 autorizó el desmonte de hasta 20 hectáreas en tierras forestales para propiedades pequeñas, comunitarias o colectivas, y el establecimiento de nuevos asentamientos, sin la obligación de hacer estudios de impacto ambiental ni pagar impuestos por la madera existente. Más allá de habilitar el “chaqueo” (la quema de tierras para limpiar el terreno y mejorar la siembra) en áreas donde esta práctica era ilegal, esta medida también permitió el tráfico de madera, la creación de “comunidades fantasma” y un nuevo impulso al desmonte en regiones que hasta el momento estaban protegidas. Hecha la ley hecha la trampa, de más está decir que rápidamente los pequeños productores revendieron o alquilaron la tierra a los grandes ganaderos y empresarios agrícolas.
El caso del Decreto Supremo 3973 es más controvertido porque fue promulgado en el mes de julio y ya recibió el rechazo de 21 organizaciones de la sociedad civil, mientras que el Arzobispado de Santa Cruz de la Sierra calificó a la medida como “irresponsable”. La opinión pública boliviana ve al Decreto Supremo como el responsable directo de los incendios y desmontes. La regulación amplió la frontera agropecuaria en el departamento del Beni a tierras que hasta el momento eran clasificadas como de “vocación forestal”. No es casualidad que la firma del decreto haya sido celebrada en la sede de la poderosa Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI). La industria ganadera boliviana promete exportar 20.000 toneladas de carne a China solo en el segundo semestre de 2019. Se espera que para 2025 la cifra ascienda 117.000 toneladas. Esto significa más desmonte.
Por su parte, el investigador de la Fundación Tierra Alcides Vadillo explica que si bien el Decreto Supremo 3973 cambia el “uso de los suelos” en el Beni, también fue un disparador de la agroindustria en Santa Cruz de la Sierra. Antes de la medida, las tierras fiscales estaban clasificadas como “tierras de producción forestal permanente” lo cual implica que el Estado sigue siendo el propietario del territorio y lo explota a través de concesiones que deben presentar planes de explotación para que los órganos de control los aprueben. “Hoy las madereras son las amigables del monte. Para aprovechar los bosques naturales deben hacer un inventario por tipo de madera y grosor, además de marcar los árboles semilleros. A diferencia de la agricultura, las madereras son sustentables, no destruyen el bosque”, comenta el especialista en temas agrarios.
Finalmente, Vadillo agrega que otro conflicto que potenció el decreto es la localización de nuevos asentamientos en la Chiquitania. Mientras los municipios informan 1200 nuevas comunidades, la Fundación Tierra contabiliza 1400 resoluciones de autorización (muchas de ellas aún esperan su tierra para establecerse). Si se calcula un promedio de 35 personas por asentamiento, a las cuales se las dota con 50 hectáreas, estaríamos hablando de alrededor de 2.500.000 hectáreas que dejarían de ser áreas de producción forestal para convertirse a la producción agroindustrial y estar habilitadas para el chaqueo. Esto significa que, si no hay un cambio de matriz productiva, todavía resta seguir viviendo las consecuencias del modelo extractivista.
Los pueblos indígenas como guardianes de la naturaleza
En su presentación en el Lollapalooza de Brasil, la banda estoadunidense “Portugal, The Man” le dio la palabra al líder de la etnia mbya guaraní, David Guarani, para denunciar el genocidio y el intento del Gobierno de Jair Bolsonaro para acabar con la demarcación de sus tierras: “Los indígenas representan el 5% de la población mundial y protegen el 82% de la biodiversidad del mundo. Dicen que es mucha tierra para pocos indígenas, pero en verdad es poco indígena protegiendo la vida para la supervivencia del mundo entero. Nosotros, los pueblos indígenas, estamos siendo perseguidos, asesinados y muertos. Nosotros estamos luchando por la vida”.
Además de ser el referente de los pueblos movimas, Javier Zelada es el presidente del comité de gestión de la Reserva de la Biósfera y Estación Biológica del Beni, una de las 22 áreas protegidas de Bolivia que actualmente está siendo amenazada por los incendios: “Nuestra principal preocupación es que el fuego no ingrese al bosque. La reserva se fundó cuando yo tenía 7 años. Mi padre, Don Alberto Zelada, fue el primer guía de turismo. Así que desde chicos recibimos la educación de proteger a la flora y a la fauna”. El líder indígena sostiene que los karayanas (como denominan a los blancos y mestizos en la Amazonía boliviana) comprenden perfectamente el daño que le realizan al medio ambiente, pero deciden privilegiar sus propios intereses: “Quieren tener más de lo que tienen. Por eso avanzan contra la naturaleza y los pueblos originarios. Por eso, desde tiempos ancestrales nosotros somos protectores de la Madre Tierra. De ella vivimos, de ella recolectamos y por eso la cuidamos”.
En su interdependencia con el territorio, los pueblos indígenas establecen relaciones de armonía con la naturaleza. Cuando el karayana cree que los pueblos originarios forman parte del pasado, se equivoca. Los indígenas realizan un aporte fundamental para el equilibrio de los ecosistemas amazónicos. Por eso son el presente, pero también son el futuro: porque nos muestran que existen otros modos de desarrollo posibles en armonía con el medio ambiente.