“Ser ese fuego que nunca se apaga”, bajo esa consigna nace el Colectivo de Defensoras y Defensores de Derechos “Jenecherú” de Santa Cruz, conformado por activistas y organizaciones de la sociedad civil para velar por la vigencia y el respeto de los derechos humanos en ese departamento.
El colectivo está encabezado por Ider Fernando Balanta, líder y activista en pro de los derechos de la población afrodescendiente, quien es acompañado por personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos. “Se trata de un grupo robusto que debe empujar para adelante y sin perder su norte en la defensa de derechos”, expresó con motivo de la posesión de la directiva del colectivo.
El equipo se conformó en un encuentro desarrollado en un hotel de la zona del Urubó de la ciudad de Santa Cruz, a la que asistieron 16 defensoras y defensores que dan cuerpo a este colectivo, que comenzó a articularse en julio de 2021, en el Curso Nacional sobre Derechos Humanos para Defensoras y Defensores desarrollado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
“Este proyecto es una semilla que está siendo sembrada hoy. Cada persona está sumando su parte a esta lucha de activismo social. Aquí no se necesita tener un cargo o una profesión, sino la voluntad y el compromiso con la defensa de los derechos humanos”, compartió, por su lado, Kariduen Rossio Villafuerte, integrante de la mesa directiva del colectivo.
A Peralta y Villafuerte se suman como parte de la mesa directiva Angeles Sandoval, Nohelia Ramirez, Adriana Peralta, Ivonne Tarqui, Noe Alexis Rueda y Tabita Méndez.
UNITAS, que participó en este encuentro, en el marco del Proyecto “Sumando Voces, Multiplicando Acciones” viene impulsando la articulación y el fortalecimiento de colectivos de defensoras y defensores de derechos en los diferentes departamentos del país. Con Santa Cruz, son siete los departamentos donde se conformaron colectivos.
La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Beni también crearon colectivos para la defensa y promoción de los derechos humanos, pero también para generar mecanismos de autodefensa desde las organizaciones de la sociedad civil frente a políticas y medidas estatales que atentan contra los derechos y las libertades fundamentales.
