Registran 201 vulneraciones a las libertades fundamentales en Bolivia

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Proyecto
Sumando Voces
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1 de
septiembre, 2021
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Durante el año 2020 se registraron un total de 201 vulneraciones a las libertades fundamentales en Bolivia, vale decir a las libertades de expresión, de asociación, de reunión pacífica y derecho a la protesta, además de la institucionalidad democrática y el derecho de los defensores de derechos, esto de acuerdo con el Informe de Situación desarrollado por el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS.

Ayer, en una Consulta Nacional con organizaciones de la sociedad civil, la Academia, organizaciones sociales y medios de comunicación, se presentó este Informe que datos y análisis de vulneraciones a las libertades fundamentales. “Se trata de una recopilación de información y un análisis sobre el estado de libertades y derechos fundamentales en Bolivia durante el 2020”, indicó Hernán Ávila, responsable del programa Sumando Voces de UNITAS.

(Puede ver y descargar el informe a través de este enlace)

El informe es resultado de un trabajo de monitoreo que se realiza periódicamente y que en 2020 tuvo la particularidad de la pandemia, una población impedida de desarrollar sus actividades y un gobierno de transición con el desafío de superar la crisis política de 2019. Entre los principales datos que desglosa el informe, éstos son los que más destaca:

Libertad de prensa

85 violaciones a la libertad de prensa se registraron a lo largo de 2020, siendo la “agresión” el tipo más común entre los trabajadores de los medios de comunicación, que fue uno de los pocos sectores que se mantuvo activo durante la cuarentena.

De estas 85 vulneraciones a la libertad de prensa, 59 fueron agresiones; 11, amenazas; 6, estigmatizaciones; 5, libertad del ejercicio de la prensa y 4, criminalización. Entre los casos más llamativos están las agresiones a 15 periodistas en Cochabamba en las protestas generadas por los resultados de las elecciones de octubre.

Institucionalidad democrática

Son 70 vulneraciones registradas contra la institucionalidad democrática, concebida como los arreglos eficaces que garantizan que la sociedad y el Estado convivan sin desconocer los conflictos, los desacuerdos y las tensiones que son propios  de la  pluralidad política y  cultural,  así como  la  independencia  de  poderes,  la transparencia  y  la confianza de la ciudadanía en  las instituciones públicas.

De las 70, 34 se refieren a la realización de procedimientos contrarios a la norma, 31 a la independencia personal (ejercer la función pública sin presiones ni influencias particulares), 4 a la independencia institucional (separación de funciones de órganos e instituciones) y un caso de designación de autoridades.

Se destaca en este acápite la crisis del sistema judicial y el Ministerio Público que, ante el cambio de gobierno, “ambas demostraron una actitud servil ante quien detenta el poder e incumplieron el deber de investigar, a profundidad, lo ocurrido durante la crisis política de 2019”.

Libertad de expresión

En 2020 se registraron 43 vulneraciones a la libertad de expresión, de éstas 18 tienen que ver con estigmatización, 14 con amenazas, seis con criminalización, dos con acceso a la información y uno con censura. Entre las amenazas se encuentra las vertidas por el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien advirtió con detener e iniciar procesos penales a quienes desinformen por redes sociales o a quien haga política con la pandemia.

“Que contribuya a una lectura amplia del contexto nacional”

“Esperamos que el informe país, basado en el monitoreo realizado por el Observatorio de Defensores,  contribuya a una lectura amplia del contexto nacional para seguir promoviendo, desde todos los ámbitos públicos y privados, un entorno propicio para el ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos de toda la población boliviana”, expresó la directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Susana Eróstegui.

El informe se presentó ante más de 80 representantes de diferentes instituciones y organizaciones que participaron de una Consulta Nacional sobre entorno propicio y habilitante para las Organizaciones de la Sociedad Civil.

El objetivo de la consulta fue integrar los problemas relacionados con el entorno para las OSC en un espacio abierto para el análisis y la reflexión de distintos actores. Analizar la situación política, social, jurídica e institucional son parte de este análisis, al igual que la implementación y monitoreo de planes de desarrollo nacionales e internacionales (Agenda 2030 y ODS).