Pueblos indígenas demandan 36 escaños, respeto a la consulta previa y un alto a los avasallamientos

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Proyecto
Sumando Voces
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12 de
septiembre, 2021
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Luego de tres días de debate, el Re-encuentro Nacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reunió a 50 organizaciones, naciones y pueblos indígenas de los nueve departamentos del país, culminó con una Agenda Nacional que recoge sus principales demandas y necesidades, además plantea alternativas de solución y desafíos que deben atender los diferentes niveles de gobierno.

Reunidos en la ciudad de Santa Cruz entre el 9 y 11 de septiembre, a convocatoria de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), los pueblos indígenas de tierras altas y bajas conformaron ocho comisiones para analizar los efectos del extractivismo, los avasallamientos, la educación y salud en las comunidades, las trabas que dificultan la autonomía indígena, los conflictos de la justicia indígena, la representación política, el paralelismo y división de sus organizaciones y su visión de desarrollo. Estas son sus principales conclusiones:

No se respeta la consulta previa

La Comisión de Gestión Territorial Indígena y Extractivismo abordó diferentes aspectos sobre la gestión del territorio que, desde la visión de los pueblos indígenas, se ha visto atropellada por proyectos extractivos que dividen a las organizaciones, arrasan bosques y contaminan la tierra y los ríos. Por ejemplo, se citó cómo los proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos han afectado las actividades productivas de los pueblos indígenas, tales como la caza, la pesca, la recolección y la agricultura.

“Las mujeres somos las que estamos defendiendo los territorios, las mujeres sufrimos los efectos de la contaminación. ¿Acaso el dinero nos dará aire y agua? En cambio algunos hombres (dirigentes y exdirigentes) están negociando, están en la prebenda”, reclamó Miriam Pariamo, de la Nación Uchupiamona.

Este tema se relaciona, además, con la consulta previa. Sobre ésta, los indígenas señalaron que no se efectúa de manera previa, no se respeta la decisión de las comunidades cuando se oponen a actividades extractivas y se amenaza a dirigentes que defienden su territorio. “Los documentos informativos de los proyectos extractivos no brindan datos reales de cómo se realizarán las actividades y las afectaciones que generarán”, observaron. 

Avasallamientos y el narcotráfico afectan tierras indígenas

La Comisión de Tierra y Territorio identificó problemas en cinco áreas: saneamiento y titulación, avasallamientos, distribución de tierras fiscales, tráfico de tierras y aprovechamiento ilegal de recursos naturales. El más álgido es relativo a los avasallamientos que sufren de parte de los colonizadores (hoy llamados interculturales), además de campesinos, ganaderos o terceros que ocupan tierras tituladas a favor de los pueblos indígenas.

El narcotráfico fue identificado como una de las actividades ilegales que está afectando a las formas de vida de los pueblos indígenas, al perpetrarse en su territorio para desmontar áreas que sirven de pistas de aterrizaje. Esto se suma a la contaminación de fuentes de agua por el uso de químicos para la producción de droga.

La educación no es gratis en las comunidades

La Comisión de Salud y Educación concluyó que la educación escolar en las comunidades indígenas no es gratuita como lo es en áreas urbanas. Allí, los problemas de acceso al agua, materiales e incluso de higiene son pagados por los propios comunarios. En lo que se refiere a educación universitaria, el factor económico es la principal causa para que muchos jóvenes no accedan a ella. Estimaron que 7 de cada 10 jóvenes van a la Universidad y de éstos, sólo uno logra llegar hasta la tesis.

El acceso a la salud es limitado, dado que la falta de caminos, ítems e infraestructura complica la atención médica y la reduce a medicamentos básicos para combatir enfermedades. “Las recetas que nos dan sólo es paracetamol, ya que es lo único que cubre el SUS (Sistema Único de Salud)”, se analizó al interior de la comisión.

Burocracia, acceso a recursos y gestión del territorio impiden consolidar las autonomías indígenas

La Comisión de Autonomías Indígena Originaria Campesinas enumeró un total de 12 trabas que impiden la consolidación de las autonomías indígenas en el país, siendo la burocracia, el desconocimiento de la normativa, la gestión de los recursos naturales, la falta de asignación presupuestaria y la ausencia de una norma específica para el funcionamiento de los gobiernos autónomos indígenas, los principales óbices en este camino.

“Los recursos naturales (renovables y no renovables) se constituyen en un tema central de conflicto y observación en los estatutos autonómicos por parte del Tribunal Constitucional, ya que los estatutos autonómicos plantean acceder y beneficiarse de manera directa, sin embargo, el Estado bajo la figura de Utilidad Pública, avasalla los territorios y niega las posibilidades de acceso a la riqueza natural y por lo tanto de recursos económicos”, se analizó al interior de esta comisión.

La justicia indígena impugnada por la justicia ordinaria

La Comisión de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina reflexionó sobre los problemas y desafíos de la justicia indígena. Hallaron que las resoluciones de la justicia indígena no son cumplidas por accionantes y accionados; además, hay temor de autoridades que administran la justicia indígena a ser demandados por sus acciones. A esto se suma los roces con la justicia ordinaria, mencionaron que jueces ordinarios no están de acuerdo con la aplicación de la justicia indígena, al grado que varios casos atendidos por ésta última, llegan a la justicia ordinaria y son impugnadas.

Un escaño por cada pueblo y nación indígena

La Comisión de Participación y Representación Política concluyó en la “demanda histórica” del movimiento indígenas de Bolivia: la asignación de 36 escaños en la Asamblea Legislativa, una por cada nación y pueblo indígena reconocidos en la Constitución. Este pedido, además, debe ser acompañado con la equidad de género y el respeto de los pueblos indígenas de elegir a sus representantes a través de sus organizaciones y no así por la vía de los particos políticos. Para cumplir con esta demanda, se propone cambiar la Ley de Régimen Electoral para ampliar las circunscripciones especiales y anular la postulación vía partidos políticos.

Esta comisión, además, identificó la prebenda de los partidos o el Gobierno hacia las dirigencias como uno de los problemas que corrompen al movimiento indígena, además de la discriminación hacia la mujer para que acceda a espacios de decisión. “Hay discriminación machista de los hombres hacia las mujeres. Las mujeres son solo suplentes en las planchas o listas de los partidos políticos, no hay paridad ni alternancia establecidos por la Construcción”, reflexionó Josefina Gigasi, de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén.

Paralelismo de organizaciones impide una representación legítima

La Comisión de Normativa Internacional y Acuerdo de Escazú planteó que el paralelismo de las organizaciones indígenas está impidiendo que se tenga una representación legítima en instancias nacionales e internacionales, lo que impide un seguimiento y cumplimiento a acuerdos que benefician a los pueblos indígenas, en este caso, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. Se determinó constituir un Comité Impulsor para que este Acuerdo sea aplicado en Bolivia, dado que ya fue aprobado y ratificado por el Estado.

Recuperar la visión indígena de representación y desarrollo

La Comisión sobre la Situación Orgánica del Movimiento Indígena Originario sintetizó los principales problemas que atraviesa el movimiento indígena. Vieron que las organizaciones indígenas son vistas como un botín del poder, hay un debilitamiento de las dirigencias, las nuevas generaciones no están involucradas en las luchas sociales, se fragmentó a las organizaciones desde el Gobierno, hay una manipulación del movimiento por parte de partidos políticos, además de una perdida de liderazgo, entre otros.

“Debemos buscar la participación genuina de los pueblos indígenas. Nuestros representantes a los diferentes niveles de gobierno deben ser elegidos por normas y procedimientos propios, sin intermediación de los partidos políticos, porque los indígenas elegidos por partidos políticos responden o se someten a los lineamientos del partido”, mencionó Celso Padilla, exdirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní.

Como desafíos, propusieron articular esta agenda para recuperar el autogobierno, la libre determinación, la visión indígena de desarrollo y la reconstitución territorial. Para ello se propone rearticular el movimiento indígena para vincularlo con la defensa de la vida, además de impulsar una norma para elegir a sus representantes políticos desde su visión, la formación de nuevos líderes y reestructurar las organizaciones indígenas para reflejar un carácter comunitario y colectivo al interior de ellas.

De este encuentro participaron las naciones, organizaciones y pueblos indígena: Yuracaré, Salinas, Nación Qhara Qhara, zona Huacaya, Andamarka, Uchupiamonas, GAIOC Kereimba Iyaambae, Raqaypampa, Challa, Nación Yampara, TIM, TIM I, TIM II, CONAIOC, OICH, Gran Kaipependi Karovaicho, Zona Kaaguasu, Chacobo-Pacahuara, Yaminahua, Macharetí, Lomerio, CPEM-B, CEMIG, COPNAG, Machineri, APG, Nación Chichas, pueblo Movima, ASICIV, Jacha Suyu Paka Jaque, CIPLA, Pilón Lajas, Zona Ñumbute, OMIRV, OMCICHR, CNAMIB, OMICH, SMIM, CICOL, CIPTA, CIMTA, Ayopaya, Tacana II, CIRABO, Takovo Mora, Capitanía Bajo Isoso, Pueblo Mosetén, Karakara-Potosi, CRTM-PL, TIPNIS, OMIM y Zona Cruz.

En este encuentro también participaron CENDA de Cochabamba, la Fundación Solón, CIPCA, la Confederación Nacional de Mujeres indígenas de Bolivia, PASCAR y la red UNITAS. Todo se enmarcó en el proyecto “Sumando Voces, Multiplicando Acciones: Las OSC defensoras de derechos y redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia”, ejecutado por UNITAS, con el apoyo financiero de la Unión Europea en Bolivia.