El patrón sistemático de violencia contra las mujeres y la falta de institucionalidad democrática en el Estado son los dos factores que el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS identificó como los que ahondan la problemática del acoso político a las mujeres.
El análisis se da luego de conocerse en días pasados que en siete años de vigencia de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, no se registró ninguna sentencia, según la diputada Valeria Silva, presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, en un reporte de Página Siete.
De acuerdo con el Observatorio –que es un espacio que informa y analiza a la sociedad civil y a las y a los defensores de derechos en el país– el patrón sistemático de violencia contra las mujeres se refiere a la repetición de prácticas o procedimientos institucionales que producen «efectos negativos en las mujeres», al imponerles cargas que perjudican su integridad física, psicológica o mental y que van en detrimento del desarrollo normal de sus actividades.
“Es la tendencia de todo ente público y de sus funcionarios a actuar de manera tal que genera afectaciones en las mujeres, tanto al interior de la institución, como en el relacionamiento con la ciudadanía en general. Claro ejemplo de esta situación es la diferencia salarial entre un hombre y una mujer en el mismo cargo: un hombre percibe un mayor salario que la mujer por cumplir con las mismas funciones”, explica el Observatorio.
Con relación al segundo factor (la falta de institucionalidad democrática), el Observatorio indica que recae en la la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades y funcionarios públicos para cumplir con las normas o para operativizarlas.
“Las críticas a la implementación de la ley 243 son clara prueba de esto, puesto que la norma no está acompañada de acciones que la hagan funcional. La irresponsabilidad de autoridades y funcionarios se hace visible en todos los niveles del Estado, desde los mismos concejales que son testigos o autores del acoso o violencia política, hasta los operadores de justicia y jueces”, se lee en su análisis de situación del acoso y la violencia política en Bolivia.
Para el Observatorio, la situación que rodea a la temática de acoso y violencia política en Bolivia “es preocupante”. “En general, tanto hombres como mujeres buscan normalizar la situación, generando un entorno de impunidad constante, a lo que se suma la pasividad de un Estado que no trata la situación con la urgencia que corresponde, demostrando incapacidad e insensibilidad ante este tema”, finaliza su análisis.
El Observatorio precisó que la “permanente presión sufrida por las lideresas impide la denuncia o testimonio de casos de acoso y violencia», razón por la cual visibilizó los siguientes casos suscitados desde 2012, año en que se promulgó la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres:
1. Margarita Siles, concejala del Municipio de Tiquipaya, Cochabamba: Su concejal suplente y otros suplentes tapiaron a Margarita durante todo un día, después de una marcha con organizaciones sociales, sin bebida ni alimentos. A pesar de la situación, la policía no tomó medida alguna. También la agredieron y ahora le amenazan. Estos actos fueron efectuados por dirigentes del partido M.A.S., y también afectaron a concejalas del MNR.
2. Testimonio Anónimo M.S.: Fue encerrada en instalaciones del concejo durante tres días por dirigentes sociales y concejales, amenazándola y exigiendo su renuncia. Al momento de la declaración, su compañera sufría el mismo castigo. La entrevistada solicitó al medio que no se publique su identidad por miedo a represalias.
3. Concejala del Municipio de Tinguipaya, Potosí: De acuerdo a la declaración de la concejala Azucena Fuertes, de Potosí, esta concejala habría renunciado por presión de su concejal suplente.
4. Sonia Alanoca, Lidia Quispe y otra, concejalas de Batallas, La Paz: A inicios del 2018, fueron agredidas por seguidores de quien fuera presidente del Concejo, destituido por mala gestión. Llegaron a infringir lesiones que resultaron en tres días de impedimento.
5. Rosmery Andia, concejala de Pocona, Cochabamba: fue obligada a renunciar por los dirigentes del lugar, ya que estaba embarazada y daba un mal ejemplo.
6. Bertha Quispe y otra, concejala de Collana, La Paz: Durante el 2016, tapiaron las instalaciones de la alcaldía para evitar que Bertha ingrese, y otra concejala fue secuestrada ahí después de haber denunciado la situación. Fueron tres meses de conflicto que finalizó con el desistimiento de una demanda penal iniciada por la alcaldesa del lugar.
7. Daguimar Rivera, concejala de Guayaramerín, Beni: El 2012 fue asesinada después de haber denunciado al alcalde del lugar por nepotismo.
8. Testimonio anónimo: La lideresa fue encerrada en una habitación, golpeada y amenazada con un revolver para lograr su renuncia.
9. Martina Barra, concejala de Irupana, La Paz: sufrió discriminación por parte del presidente del concejo a causa de su condición de género y raza.
10. Juana Quispe, alcaldesa de Chimoré, Cochabamba: Elegida alcaldesa el 2004, sufrió presiones psicológicas, amenazas es incluso la quema de su casa. A pesar de que la entonces Corte Departamental Electoral rechazó su renuncia provocada, el hostigamiento le obligó a solicitar licencia indefinida.
11. Erinia Villca Nina y Elizabeth Ureña, concejalas de Tapacarí, Cochabamba: El 2017 fueron golpeadas por el presidente del Concejo, Ignacio Mendoza, y en presencia del Alcalde del lugar, Severino Vargas, que amenazaba con violarlas. Durante este hecho también estaba presente Eugenia Romero, funcionaria de la alcaldía, que agredió a Erinia a solicitud de Mendoza. La causa del hecho se debe a que las concejalas de Tapacarí se habrían negado a beber con las autoridades ediles. Después de la agresión, la Caja Nacional de Salud se negó a atenderle. El caso fue denunciado ante la FELCV el 8 de mayo, pero hasta el 15 del mismo mes no había sido remitido al Ministerio Público.
12. Eva Martínez, concejala de San Lucas, Chuquisaca: Tras recibir presiones de sus colegas varones, la autoridad comunicó su renuncia al Tribunal Electoral Departamental. Dicha institución evaluó y rechazó la situación, restituyéndola en el cargo.
13. Vicencia Apaza, concejala de San Pedro de Curahuara, La Paz: El 2016, Apaza y su compañera Zaida Choque denunciaron penalmente a otros concejales por uso indebido de bienes del Estado, logrando que se dictamine detención domiciliaria para los implicados. Tras su liberación, los concejales sesionaron en varios sectores del municipio, sin notificar a Apaza. El 22 de abril, el concejo determinó la suspensión de la concejala por ausencias.
14. Cecilia Chacón, concejala de La Paz, La Paz: Recibió amenazas tras haber denunciado las irregularidades que se habrían develado en el convenio entre la Alcaldía paceña y el presidente del directorio de Toyosa, Edwin Saavedra Toledo, por el proyecto ciudad empresarial World Trade Center (WTC) en la Curva de Holguín.