El 4 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 10:30 PM, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, llegó al Aeropuerto Internacional de El Alto con la finalidad de entregar una carta de renuncia al presidente del Estado boliviano. A partir de este acontecimiento, se registraron una serie de vulneraciones a derechos del señor Camacho y de la ciudadanía, además de omisiones a las obligaciones del Estado.
Varios grupos de personas se concentraron en todos los ingresos del aeropuerto, incluyendo aquellos que corresponden a la Fuerza Aérea Boliviana, buscando impedir que el presidente del comité pueda salir del lugar. Dicha movilización pudo haberse enmarcado en los estándares internacionales de derechos humanos, considerando que toda protesta, incluyendo el bloqueo de vías, debe ser respetada en su ejercicio. Ésta, sin embargo, se desvirtuó en el momento en el que los grupos movilizados registraron a las personas y automóviles que intentaban abandonar el aeropuerto. Solo autoridades competentes están autorizadas para revisar documentos personales de un ciudadano y para allanar automóviles (esta última acción con autorización judicial previa). Los actos de estos grupos deslegitimaron lo que pudo ser una protesta en el marco que el derecho les permite.
Impedir el paso a las personas implica una vulneración a la libertad de libre tránsito, así como el allanamiento de los vehículos significa la violación del derecho a la privacidad del poseedor. Esta situación se desvirtuó aún más al transcurrir las horas, porque los bloqueadores ya no solo buscaban a Camacho, sino que atentaron contra personas que provenían de Santa Cruz, conforme indicaban sus documentos de identidad. Una mujer fue golpeada mientras intentaba pasar por el bloqueo, puesto que ella los habría provocado, de acuerdo a los mismos bloqueadores. Se atentó contra la integridad física de dicha persona, aún no identificada. Se exigió a otra persona que se arrodille y pida perdón ante el grupo movilizado, atentando contra su integridad psicológica y su derecho a la dignidad.
El grupo que se encontraba en la entrada principal al aeropuerto advertía que terminaría con la vida de Camacho, enfocando el objetivo de la movilización hacia su persona y vulnerando sus derechos. Se pusieron en riesgo la vida e integridad física del dirigente cívico, como también se menoscabó su libertad de circulación. La agresividad del grupo fue tal que, durante la mañana del 5 de noviembre, ingresaron de manera violenta hasta la sala de pasajeros del aeropuerto, buscando al representante del comité cívico, y poniendo en riesgo a las personas que se encontraban en el lugar.
En lo referido al libre ejercicio la prensa, se registraron 16 ataques a periodistas, atentando contra su integridad física y contra los medios con los que procuran la realización de su trabajo (cámaras, grabadoras, etc.). Se recuerda que los estándares Internacionales de Derechos Humanos plantean que los periodistas deben tener una protección especial debido a su protagonismo en el ejercicio democrático de las sociedades. Es a partir del trabajo de prensa que la ciudadanía puede ejercer de manera plena el acceso a la información, esencial para la libertad de expresión. El Estado boliviano es responsable por omisión, puesto que no se precauteló el ejercicio de sus funciones.
El acontecimiento más preocupante durante el 5 de noviembre refiere a la presencia de efectivos policiales en el lugar. La institución verde olivo está en la obligación de para mantener la paz en todo momento de conflicto, ya sea entre el estado y un sector social, o entre sectores sociales enfrentados. Durante los acontecimientos en el aeropuerto de El Alto, se observó una vez más que la policía no cumple con el rol de protección integral que el pueblo boliviano le ha encomendado. No hubo reacción alguna ante los actos de los grupos que bloqueaban el aeropuerto: no se protegió a ninguno de los ciudadanos que buscaban salir del lugar, como tampoco la preservación de su intimidad. Es más, permitieron que el grupo agresor ingrese hasta la sala de pasajeros, quedando a una puerta de distancia del presidente de Comité Cívico Pro Santa Cruz, poniendo en serio riesgo su vida. El cuerpo policial, como parte del Estado, incumplió con sus deberes constitucionales.
Finalmente, se recuerda que las autoridades estatales tienen las obligaciones de conocer, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos. El hecho de que autoridades estatales hayan sido encontradas en las movilizaciones, denota que existe una tendencia a la vulneración sistemática de los derechos humanos, tolerada, presenciada, e incluso promovida por quienes deberían ser los protagonistas en su defensa.
UNITAS, 6 de noviembre de 2019
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